De la redacción/Orizaba, Ver.. El pasado 09 de septiembre venció el plazo para que la Fiscalía General del Estado a través de la subunidad integral de justicia en Nogales entregara la bodega que fue cateada el 19 de junio de 2021; sin embargo no ocurrió no obstante que, se cuenta con la orden de un juez para hacerlo.

El Juzgado Décimo Quinto del Distrito Judicial otorgó como fecha el pasado viernes 09 de septiembre para que la fiscalía entregue dicha bodega a su propietarios o representantes legales, ya que no se demostró ningún acto o delito por parte de los propietarios o trabajadores de la misma, mediante la sentencia emitida.

La primera vez que recibió dicho oficio fue el pasado 23 de junio dando treinta días para realizar la entrega de las instalaciones de dichas instalaciones y ahora en esta segunda ocasión al no realizar la entrega del inmueble por medio del oficio fechado para viernes 09 de septiembre del 2022, estaría incurriendo en un delito y en una sanción de 200 UMAS.

El argumento que ha dado la FGE en repetidas ocasiones, es que no han terminado el inventario, pese a que ese allanamiento fue ilegal y además alegaron que ya tenía un inventario previo, desde el día en que llegaron a violentar a los trabajadores de la bodega.

Como es de recordarse, la comercializadora ubicada entre Avenida Camino Nacional y avenida Ferrocarril entronque De la Autopista Vicente Guerrero fue intervenida por oficiales de la Policía Estatal de Veracruz, la Policía Ministerial y la Unidad Especializada contra el Secuestro presuntamente porque había personas secuestradas en el recinto e incluso se llevó a cabo la detención de dos empleados por este motivo no obstante que no encontraron plagio alguno.

En su momento el administrador José Antonio May González denunció que fueron golpeados 40 trabajadores y dos de ellos fueron torturados durante la revisión del recinto; de la misma forma se informó que durante el operativo se extraviaron dos maletas con fuertes cantidades de dinero que servirían para la nómina de los trabajadores.

Esto derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República que después de cuatro meses se declaró incompetente y el caso fue remitido a la Fiscalía Regional de Córdoba.

En el caso de los empleados detenidos fueron imputados por el delito de ultrajes a la autoridad, narcomenudeo y portación de armas de fuego aunque en meses posteriores fueron liberados mismo que piden la intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que tome cartas en el asunto y sea entregado el inmueble.

Además piden el apoyo del presidente de la República por el atropello sufrido además porque temen que pueda haber represalias por parte de los servidores públicos denunciados.