Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Como una vacilada calificó el ex gobernador de Veracruz, Javier "N" la decisión del juez de control de Pacho Viejo que lo dejó un año más en prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada del policía David Lara.
En su cuenta de Threads, el inquilino del Reclusorio Norte en la Ciudad de México criticó la labor del Poder Judicial en Veracruz y acusó a los jueces de actuar de acuerdo a instrucciones emitidas desde, dijo, Palacio de Gobierno.
"La justicia que imparte últimamente el Poder Judicial del estado de Veracruz es una vacilada, los jueces locales se limitan ha realizar la instrucción
que reciben desde Palacio de Gobierno sin importar lo que refiera la Constitución o la Ley, ellos tienen que cumplir ya que de lo contrario los meten a la cárcel por insubordinados", escribió en un primer mensaje.
En el segundo mensaje de este día escribió "Es por ello que todo siempre se resuelve a través del Poder Judicial de la Federación el cual por lo general es imparcial, objetivo y profesional".
Asimismo, recordó que en su administración, el magistrado Alberto Sosa Hernández surgió del consenso de sus pares y, aseguró, que él no tuvo injerencia en su designación Presidente del TSJE.
"Respeté en todo momento la autonomía de este Poder, tan es así que lo conocí el día de su nombramiento; y en el caso de Reynaldo Escobar, Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo, quienes fueron mis 3 Procuradores y Fiscal Gral del Edo, estaban dedicados en detener a delincuentes no en andar deteniendo a mis adversarios políticos".
En esta red social, Duarte de Ochoa acusó que la presidenta del Tribunal y la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y Verónica Hernández Giadáns, tienen el "mismo modus operandi que sus antecesores Edel Alvarez Peña y Jorge Winckler Ortíz, acusando que ambas obedecen a los intereses del "Bola 8".
Así reaccionó el ex gobernador de Veracruz luego de la determinación de un juez de control de ampliar el plazo de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año más en torno al delito de desaparición forzada.