Rocío Rivera Méndez/Veracruz, Ver.- Cuatro años y dos meses han transcurrido y apenas hace un mes obtuvieron un logro importante: la Secretaría de Seguridad Pública dio entrada a la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera por la desaparición forzada de 8 policías municipales de Ursulo Galván.

Para Rosario, esposa de Juan Carlos Montero Parra, privado de su libertad junto con 7 compañeros más en enero de 2013, el que la dependencia haya aceptado esa recomendación representa el reconocimiento de la participación de policías estatales en este hecho múltiple que mantiene a 8 hogares en la incertidumbre y la tristeza.

Fue el 11 de enero de 2013, cuando a decir de testigos, elementos de la Policía Estatal en unidades oficiales, interceptaron la patrulla de los policías municipales a quienes les quitaron sus armas y  se los llevaron sin rumbo fijo. 

Con diferente tiempo de permanecer a la Policía Municipal, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Agustín Rivera Bonastre, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Arauz Colina, Aureliano Sánchez Tonil y Luis Javier Valenzuela González,  tenían en común el garantizar la seguridad de los pobladores de Ursulo Galván. A ellos, nadie les dijo que sus colegas atentarían contra ellos.

A cuatro años y dos meses, ahora con un nuevo gobierno, se logró un avance hace un mes aproximadamente, cuando la  Secretaría de Seguridad Pública dio entrada a la recomendación de Derechos Humanos.

“Con ello se reconoce la participación de policías de la SSP en la desaparición de mi esposo y sus compañeros”, afirma Rosario.

El proceso sigue y la Fiscalía es la encargada de buscar a los familiares y a quien o quienes cometieron ese infame delito.

Y aunque en la actualidad el ex secretario de Seguridad Pública está detenido por otros delitos, los familiares confían que en el proceso la fiscalía encuentre pruebas contundentes para que también se le juzgue por la desaparición de los 8 policías municipales de Ursulo Galván.