XALAPA, Ver.; abril 19 de 2017.- Por la probable comisión de cinco delitos del fuero común, cometidos en agravio del servicio público, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, solicitó de manera formal a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) la adhesión a la solicitud del ex Gobernador del estado Javier “N”, para efecto de ser sometido a proceso dentro de las leyes y autoridades competentes del lugar donde fueron cometidos; asimismo, requirió la continuación de su detención y la acreditación como directo interesado, ante autoridades de la República de Guatemala.

Lo anterior, explica Winckler Ortiz, para estar en condiciones de defender la extradición, toda vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) es una de las instancias de procuración de justicia que a la par de la PGR  mantiene vigentes órdenes de captura, por delitos distintos a los fincados por la autoridad federal.

La Fiscalía estatal finca a Javier “N”, detenido en el vecino país, la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, según consta en los Procesos Penales 56/2017 y 38/2017, respectivamente.

La solicitud enviada por el fiscal general contiene adjunta la documentación y archivo visual probatorio de las audiencias celebradas ante el juez, según dicta el Debido Proceso, donde consta la actuación realizada por la FGE contra el ex gobernador estatal.

El Fiscal General del Estado, en su carácter de responsable de la procuración de justicia en el estado de Veracruz acreditó con este hecho a los fiscales Especializados en Delitos de Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos que se impusieron de dichos asuntos jurídicos; así como la habilitación del Abogado General del organismo autónomo.

En la misiva oficial se explica que la adhesión de extradición solicitada por la fiscalía estatal es independiente del resultado de la petición solicitada por la PGR, toda vez que se trata del cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por autoridades judiciales distintas, emitidas por delitos diferentes y que corresponden a distintos ámbitos de competencia.