CIUDAD DE MEXICO.- La Senadora de la República, Indira Rosales San Román, señala que en el país existe un fenómeno social mediante el cual bandas criminales que se dedican al tráfico de droga, secuestro, huachicol, trata y tráfico de personas obligan a niños a participar en actividades delictivas.

Expuso que se estima que aproximadamente 48 mil menores de edad han sido reclutados por grupos de la delincuencia o grupos armados.

Asimismo, afirma que el reclutamiento forzado es una de las peores formas de violencia y explotación que pueden hacerse en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes, pues vulnera sus derechos a la protección, salud, educación y recreación.

Pero lo más grave, es que los orienta desde pequeños hacia un camino lleno de peligros y al margen de la ley, dañando su vida para siempre. Y, al día de hoy, en México, por increíble que parezca, esta conducta no se castiga.

Por ello, Indira Rosales propuso ante el Senado de la República que, en primer lugar, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes sea un delito que se castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión.

En segundo lugar, que se trate como víctimas a las niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados por estos grupos de la delincuencia organizada, para que su protección y cuidado estén garantizados por la Ley y por el Estado.

Y, por último, propone un plan de rescate que incluya la posibilidad de reubicar a estos niños fuera del entorno en el cual fueron reclutados, para asegurar que no vuelva a suceder y que no vuelvan a caer en las manos del crimen organizado.

“Ya presenté esta iniciativa. Ahora estamos trabajando para que las y los legisladores de todos los partidos la conozcan y decidan impulsarla, por el bien de nuestros niños, de nuestro futuro y de nuestro país”, dijo la Senadora.

CLAROSCUROS

Reforma eléctrica, corredor interoceánico, ciudadano común, pobreza endémica y chimuelos que mascan tuercas

José Luis Ortega Vidal

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El 28 de febrero se realizará el último Foro del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en México.

La Junta de Coordinación Política -JuCoPo- de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión espera la presencia de directivos de Grupo LALA, Grupo Bimbo, Bachoco, Walmart; ALSEA; FEMSA; Kimberly Clark; Farmacias del Ahorro; Citi Bank; Santander; HSBC, y BBVA, entre otras.

También se prevé la participación de empresas generadoras de electricidad como Enel Green Power, Acciona, Intergen, AES Corporación, Minera Autlán, Frontera México Generación, Generadora FÉNIX, EVM Energía del Valle de México, GPG Energía México, Electricidad Águila de Altamira, Fortius Electromecánica, Ammper Generación, entre otras más.

La empresa española Iberdrola ha hecho pública su decisión de no participar.

El pasado jueves diez de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a "una pausa" en las relaciones con España.

Polémica y ambigua la declaración de AMLO generó incertidumbre en la relación diplomática entre México y el país ibérico.

A la semana siguiente matizó: se trata de una pausa con empresas españolas, no con su gobierno ni el pueblo español.

López Obrador acusó abuso e influyentismo en que habrían incurrido negocios privados de origen español en México y atajó que no se permitirían más.

En el sector periodístico hubo quienes apreciaron en la afirmación del presidente mexicano una medida distractora tras el escándalo por la llamada "casita gris" de su hijo José Ramón López Beltrán en Texas, Estados Unidos.

Un reportaje sobre el uso de esa vivienda por el hijo del presidente y su familia -fue rentada- ha generado un enfrentamiento inusitado e inútil entre AMLO y el periodista Carlos Loret de Mola durante casi tres semanas.

El caso es que Iberdrola hizo acuse de recibo del mensaje presidencial y no irá al Foro del Parlamento Abierto por la reforma eléctrica.

Tal reforma ha sido propuesta por el ejecutivo y requiere de una negociación entre grupos de legisladores para modificar la Constitución.

El tema, además, es motivo de un debate internacional entre empresarios de Estados Unidos, su gobierno y el gobierno mexicano.

Para contextualizar debemos añadir la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -ex TLCAN hoy TMEC- cuya suscripción obliga a Canadá, Estados Unidos y México a respetar acuerdos -entre otras materias- en lo referente al libre mercado en todas las áreas susceptibles de inversión privada como la energética: incluyendo la eléctrica.

El gobierno de Estados Unidos ha enviado funcionarios del gabinete a dialogar con sus pares y con el presidente López Obrador, sobre el respeto a los acuerdos del TMEC y con el objetivo específico de proteger a sus empresarios.

No aceptan la posibilidad de un retroceso a los acuerdos signados en julio del 2020.

Del lado mexicano, para el ciudadano común toda acción oficial generadora de una disminución "en el pago de la luz" resulta plausible.

Una afirmación de tal naturaleza es sinónimo de aplauso masivo e inmediato.

Frente a ello, ajustar estructuras legales en tratos con empresas privadas nacionales y extranjeras por parte del Estado mexicano no es nada sencillo.

Se han invertido miles de millones de dólares y hay nerviosismo entre empresas norteamericanas, españolas y sus gobiernos.

El sector privado mexicano vela también por sus intereses.

De un lado y otro, además, se apela a preocupaciones sobre las energías limpias, la lucha por el calentamiento global y otros elementos de la agenda ecológica mundial.

Tales temas son importantes y se plantean a nivel internacional pero la firma Iberdrola piensa en pesetas antes que en la ecología mundial, mientras Joe Biden está planeando su reelección antes de perder una hora de sueño por el deshielo en la Antártida.

¿Usted se imagen a los dueños de la cadena de OXXO llorar por la desaparición de las vaquitas marinas, antes de pelear con garras los millones de pesos de sus tiendas? Yo tampoco.

En el tema de la reforma eléctrica en México todo es política, dinero y lucha de intereses privados asociados a grupos de poder.

A los Foros del Parlamento Abierto por la reforma eléctrica llegan chimuelos expertos en mascar tuercas...

El propio gobierno mexicano defiende su proyecto de Estado al mismo tiempo de pensar en la sucesión presidencial del 2024.

Todo se mezcla.

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Se aprecia difícil el escenario del Congreso Mexicano donde se requiere mayoría calificada en ambas cámaras -la de diputados y la de senadores- para lograr una modificación constitucional.

Además de la eléctrica hay otras dos propuestas de reforma, la electoral (INE) y la de la guardia civil.

Una posible solución será cambiar las propuestas enviadas por el Ejecutivo y poner y quitar condiciones a petición de la oposición.

MORENA atendería así observaciones de panistas, priistas y perredistas.

El tema de las reformas constitucionales también se vincula obligadamente con el calendario electoral 2022, 2023 y 2024 y todo acuerdo con diputados y senadores opositores estará marcado por los comicios que vienen.

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Las reformas constitucionales propuesta por AMLO atienden dos temas estructurales del Estado mexicano: el jurídico y el económico a partir de la visión estatista de López Obrador, con antecedentes en la expropiación eléctrica de Adolfo López Mateos en 1960 y el desarrollo estabilizador de Antonio Ortiz Mena entre 1954-1958 y 1970.

Para el sureste de la República la 4T impulsa el corredor interoceánico de gran contraste con la política estatista pues el gobierno se limita a mejorar la estructura vigente de los puertos en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, así como la conexión férrea a lo largo de 307 kilómetros en el istmo de Tehuantepec.

Ahí se apuesta a las inversiones privadas, nacionales pero sobre todo internacionales, asiáticas, europeas y norteamericanas.

Sin el éxito del corredor interoceánico y las inversiones privadas de alto calado el sureste mexicano seguirá sumido en el retraso endémico macro y microeconómico.

Hablamos de nueve entidades federativas: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se ubica poco menos de la cuarta parte de la población nacional y el mayor número de pobres -el Estado de México, también destaca al respecto-.

Frente al boom generador de empleos surgido por la extracción de petróleo y la inversión oficial en el ramo petroquímico, el sureste mexicano apenas ha sido abastecedor de materia prima para las zonas industriales del centro y norte de México.

El corredor interoceánico representa una inversión de 8 mil millones de pesos que contrastan con los más de 8 mil 400 millones de dólares de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

A largo plazo será más productivo el corredor interoceánico que la refinería, pero su éxito depende del interés y aportación privada, la cual encontrará atractivo invertir en un país con estabilidad política y económica, con una estructura de seguridad sólida, con respeto a los tratados internacionales y con una política lo más abierta posible al mercado libre.

Sin tales condiciones la inversión se aleja y la esperanza de combate a la pobreza muere.

Todo ello está en juego en la pugna por la reforma eléctrica.

Del éxito de acuerdos hacia el exterior y hacia el interior del país, en los planos políticos y con el sector privado, depende el futuro al que podremos acceder.

VERACRUZ/VER.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que la herramienta digital Permiso COVID-19 3.0 llega a su conclusión el próximo martes 22 de febrero, ante la disminución de contagios de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 y en las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo.

A partir de esta fecha, aquellos trabajadores que presenten síntomas de COVID-19 deberán acudir directamente a las Unidades de Medicina Familiar para su valoración presencial y, en su caso, la expedición de su incapacidad temporal para el trabajo.

El IMSS implementó la versión 3.0 del Permiso COVID-19 a principios de 2022, ante la situación de emergencia ocasionada por el crecimiento en la tasa de contagios asociados a la variante Ómicron, en la demanda de atención médica, así como de incapacidades temporales para el trabajo por COVID-19.

Con ello se facilitó el trámite digital de las incapacidades por esta enfermedad de manera más flexible a través de un cuestionario de síntomas, lo cual permitió que los asegurados contaran con protección legal ante sus patrones y poder resguardarse debidamente en casa. También esta acción permitió el desahogó la demanda de servicios en las unidades médicas del Instituto.

Desde el lanzamiento de la versión 3.0, del 10 de enero hasta hoy, 21 de febrero con corte a las 5:58 horas, se otorgaron 373 mil 296 Permisos COVID, lo cual evitó el traslado del mismo número de trabajadoras para su trámite y consecuente cobro en ventanillas, deteniendo cadenas de contagio.

Desde marzo de 2020, el Permiso COVID-19 se constituyó como un importante mecanismo para detener cadenas de contagio y proteger a las y los asegurados y sus familias, mediante la automatización del trámite de incapacidad temporal para el trabajo, y evitar traslados tanto a las unidades médicas del IMSS como a instituciones bancarias.