Yhadira Paredes/Cerro Gordo, Mpio. Emiliano Zapata, Ver.-Habrá un albergue en la ciudad de Xalapa para la atención de familias migrantes con niños acompañados, como parte de las acciones de rescate humanitario que lleva a cabo el Gobierno del Estado, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Entrevistado a su llegada al acto conmemorativo del 176 aniversario de la Batalla de Cerro Gordo, el mandatario aseguró que diariamente, en la mesa de coordinación para la Construcción de la Paz se atiende el tema del rescate humanitario apoyados por el Instituto Nacional de Migración.

Ahí, destacó que a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se construye la estancia para familias migrantes con niños acompañados.

"Con el DIF hemos estado trabajando este tema, porque cuando vienen familias se hace el rescate humanitario, les vamos a dar a conocer la construcción de la estancia para migrantes con niños acompañados, tendrán un lugar con mucho mejores condiciones para su estancia".

Explicó que esta casa estará ubicada en la capital del estado, en la colonia Progreso Macuiltépetl, "donde estaban unas instalaciones del DIF, se acaba de hacer una rehabilitación para atender a este sector".

Asimismo, García Jiménez confirmó que los 200 migrantes que fueron rescatados de un tráiler que los transportaba hacinados ya fueron deportados a sus países de origen.

"Recordemos que en la última se rescataron de un tráiler a más de 200 migrantes algunos ya tenían deshidratación. Lo que se hizo fue atenderles, darles la ayuda humanitaria, la gran mayoría ya se retorno a sus países", finalizó.

XALAPA, VER.- Con el objeto de lograr una procuración de justicia expedita, investigación con diligencia de los delitos de violencia de género, en especial los de connotación sexual, garantizando a las mujeres víctimas su acceso rápido, transparente y eficaz a la justicia, la diputada Verónica Pulido Herrera, propuso que el Congreso del Estado emita un exhorto a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin que gire instrucciones a los servidores públicos a su cargo para que cumplan con su trabajo, compromiso y responsabilidad.

Durante su intervención en la quinta sesión, la legisladora dijo que actualmente los índices de violencia contra las mujeres han incrementado considerablemente, en especial aquellos en lo que se ve involucrado los estereotipos de género, vulnerando derechos humanos consagrados en la Carta Magna estatal.

Servidores públicos y autoridades en la materia son los encargados de hacer respetar, proteger, promover y garantizar derechos de las mujeres, indicó la diputada, quien añadió que no debe permitirse a dichas autoridades ser ineficientes en su labor.

"Esa justicia plena es una deuda pendiente del Estado con las mujeres; no queremos por nada, presenciar esos amargos escenarios, en que las mujeres, tras padecer y haber sido víctimas, no tienen respuesta a sus denuncias o que las carpetas de investigación fueron integradas indebidamente", enfatizó.

En este sentido, explicó que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en su artículo 30, faculta a su titular para girar instrucciones generales o especiales a los servidores públicos de dicho ente, para el mejor cumplimiento de sus funciones y prestación del servicio; además de promover las acciones pertinentes para la expedita procuración de justicia.

Finalmente, puntualizó que la lucha de las mujeres por visibilizar las violencias de género lleva muchos años y se ha logrado la creación de leyes e instituciones para prevenirla y erradicarla. La autoridad tiene el deber de actuar conforme a sus facultades; "no debe permitirse que ocurra dilación de las investigaciones e inacción de la autoridad, lo que podría causar incertidumbre, o bien, inhibir la cultura de la denuncia", concluyó la diputada Pulido Herrera.

XALAPA, VER.- El diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo relativo a la participación de distintas instancias estatales, secretarías y organismos autónomos, en la determinación de la calidad de los servicios hídricos en el municipio de Medellín de Bravo.

Dicho anteproyecto plantea un exhorto de este Congreso al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, a las secretarías de Salud y de Medio Ambiente, a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a dependencias del Gobierno del Estado, a la Comisión Nacional del Agua y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, presenten a esta Soberanía, por separado y a la brevedad, un informe en el que se determine la viabilidad y eficiencia del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición final de aguas residuales que presta Urbanizadora Medellín, S. A. de C. V., en los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, ubicados en dicha municipalidad.

El legislador representante del Distrito XVII de Medellín explicó que, al involucrar a las instancias mencionadas, busca que con la información que éstas proporcionen, previo análisis que ejecuten, señalen si este servicio se brinda en condiciones óptimas y con base en estándares de calidad, es decir, "que nos indiquen si técnica y financieramente es factible, y también para tener la seguridad de que realmente se están protegiendo otros derechos humanos tan elementales como son la salud y el gozar de un medio ambiente sano. De igual forma, se pretende tener datos que ayuden a identificar si la concesión emitida por Conagua, hace casi 19 años, reúne los requisitos legales y también para conocer detalladamente si la empresa está acatando o no las obligaciones previstas en el título que la avala".

Añadió que el Orfis llevaría a cabo una auditoría integral a la concesionaria en razón de que ésta recibe recursos al cobrar, de hecho, tarifas excesivas, por el pésimo servicio que presta. "En un extracto de las declaraciones del proyecto de Convenio de Colaboración que el Ayuntamiento de Medellín de Bravo intenta suscribir con Urbanizadora Medellín, S. A. de C. V., se especifica el acuerdo de ambas partes para que los ingresos que se obtengan en la prestación de los servicios tengan la naturaleza de fondos públicos y, agregan: 'es necesario que se depositen a la cuenta de un Fideicomiso Público'".

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite respectivo.