XALAPA, VER.- El diputado Bonifacio Castillo Cruz propuso una iniciativa de decreto que reforma el párrafo séptimo del Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz que daría reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la entidad.

Asimismo, a tener los derechos que establezca la ley, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, toda vez que corresponde al Estado promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades de afrodescendientes radicados en la entidad, a través de la implementación de las políticas públicas pertinentes.

En el uso de la voz, el legislador recordó lo aprobado por la LXV legislatura del Congreso local en 2020, así como la Acción de Inconstitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el argumento de la vulneración del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades afromexicanas, previsto en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, señaló, el Pleno de la SCJN resolvió que determinar la invalidez de la norma no es relevante si la medida es benéfica para el sector; sin embargo, en lo que respecta a los derechos señalados en la propuesta inicial que garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, el Tribunal Constitucional determinó su afectación, toda vez que existe una relación directa con sus derechos, por lo que la consulta debería realizarse mediante los procedimientos culturalmente adecuados, libres, informados y de buena fe, subrayó.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia recaída en la Acción de Inconstitucionalidad, el legislador propuso incorporar al artículo 5 de la Constitución Local la disposición declarada inválida por la SCJN por falta de consulta a los pueblos y comunidades afromexicanas y, por otra parte, la que fue eliminada en el Decreto impugnado, de tal forma que la medida legislativa propuesta sea sometida al procedimiento de consulta correspondiente.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes.

XALAPA, VER.- La Diputación Permanente de la LXVI Legislatura de Veracruz dio entrada a la iniciativa enviada por el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, que adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para establecer que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

La iniciativa, turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, expone que el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se declaran reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Movilidad y Seguridad Vial, relativas a que toda persona tiene derecho a la movilidad en las condiciones antes citadas y que el Congreso tiene la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios.

Asimismo, refiere que el Congreso de la Unión expidió la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el DOF el 17 de mayo de 2022. Por lo que, en consecuencia, es necesario el reconocimiento y protección del derecho humano en la materia en el ámbito estatal, incluyéndose en la Carta Magna estatal, ya que al estar en el orden jurídico mexicano es de naturaleza inherente a la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral, así como la protección de la vida y la integridad física del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.

El texto de la propuesta, detalla que se pone especial atención a las dificultades a los que se enfrentan día a día las personas que se movilizan dentro de la entidad veracruzana.

Añade que los retos principales que enfrenta la Ley General es priorizar el desplazamiento de las personas, de los grupos en situación de vulnerabilidad, bienes y mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías a personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada, ciclistas y usuarias de vehículos no motorizados; usuarias y prestadoras de servicios de transporte público de pasajeros, con enfoque equitativo, pero diferenciado.

XALAPA, VER.- El otorgamiento o la renovación de la licencia y los permisos para conducir vehículos de motor tendría un nuevo requisito: que el solicitante no esté inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada Maribel Ramírez Topete en la Quinta Sesión Ordinaria del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

La legisladora, que el pasado 15 de marzo puso a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa con proyecto de decreto para la creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios, señaló la falta de homogeneidad en las legislaciones locales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos y consideró necesario avanzar para establecer el requisito de la presentación de certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y tramitaciones en lo local y/o municipal.

En la exposición de su propuesta, la Diputada citó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual, en 2021 la pensión alimenticia fue asignada a las y los hijos en 47.9 por ciento de los casos.

Señaló que "el incumplimiento por los progenitores es una constante, en una proporción de tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben su pensión y, si bien en Veracruz se contempla el tipo penal que sanciona a quienes sin motivo justificado dejaren de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos, tanto a los hijos como demás supuestos previstos del artículo 236 del código punitivo, es oportuno buscar otros mecanismos que agilicen o restituyan el pago de alimentos".

En lo que respecta a trámites notariales, relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, Maribel Ramírez Topete propone modificar el artículo 103 de la Ley del Notariado para el Estado, a fin de considerar como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Al destacar la vinculación de esta iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, puso de relieve los objetivos 5 y 10, en relación con sus metas 5.2 y 10.3, para eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, así como garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 55, 58 y 66 de la Ley de Tránsito y Transporte así como la fracción VIII del artículo 103 y un párrafo segundo al artículo 105 de la Ley del Notariado, ambos ordenamientos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la que se adhirieron las diputadas Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Verónica Pulido Herrera y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Transporte, Tránsito y Vialidad.