Veracruz, Ver. 1 de febrero de 2024.- Un nuevo revés legal registró el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MÁS), luego de que el Primer Tribunal Colegiado en materia de Administración del Séptimo Circuito, resolvió que la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) está sustentada legalmente en la Constitución.

Y es que la empresa española promovió un amparo en contra del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en donde argumentaba la ilegalidad de dicha auditoría -ordenada por el Congreso del Estado-, pues aseguraba no ejercer recursos públicos.

Sin embargo, la sentencia del juicio de amparo 692/2022 argumenta que el concesionario del servicio de agua potable (GRUPO MAS), cobra recursos públicos lo que lo convierte en un ente fiscalizable.

Por lo tanto, el Tribunal determinó la legalidad del ejercicio y concluyó que no tiene consecuencias jurídicas sancionatorias, en tanto no se defina la rendición de cuentas.

*Sociedad de Grupo MÁS, con tufo a corrupción*

Desde el inicio de operaciones, en el 2015, Grupo MÁS -filial en ese entonces de la fraudulenta Odebrecht-, implementó acciones en perjuicio de la economía de miles de usuarios de Veracruz y Medellín.

Al igual que Grupo CAB, proveedora de agua potable en Boca del Río, inició una cacería aplicando tarifas por arriba de lo autorizado, además de realizar procedimientos arbitrarios para el corte
de servicios.

Asimismo, solicitó incrementos tarifarios para compensar pérdidas económicas inexistentes.

Esto sin importar sus ingresos anuales por alrededor de 1,000 millones de pesos, con un gasto de operación comprobable no mayor de 400 mdp.

A la salida de Odebrecht y la entrada de Acciona -empresa de capital español-, la mecánica de trabajo no cambió en nada, al contrario, arreciaron los procedimientos arbitrarios en contra de los usuarios, sin realizar, además, las inversiones comprometidas en el contrato de la concesión, las cuales ascienden a 450 millones de pesos anuales.

No conforme con su negativa a cumplir lo estipulado en el contrato, Grupo MÁS también se niega categóricamente a liquidar a los ex obreros del extinto SAS, generando un problema de carácter laboral y social, ya que casi mil familias siguen en espera de que se les haga justicia.

Esto sin contar con que no cumple con las normas oficiales sanitarias en el saneamiento de las aguas residuales y no rinde cuentas ni tiene al día su contabilidad, ni presenta dictámenes fiscales.

Ante todo esto y en defensa de los usuarios de Medellín de Bravo, el alcalde Marcos Isleño tomó la decisión de solicitar de manera formal su salida de la sociedad con Grupo MÁS, la cual se concretó en sesión de Cabildo.

Sin embargo, de acuerdo a los protocolos legales, corresponde al Congreso del Estado aprobar la desincorporación de Medellín de la sociedad con la empresa española, por lo que se está a la espera de que los legisladores respalden la solicitud hecha por Cabildo medellinense.

Patricia Aguilar/Veracruz, Ver..- El ayuntamiento de Veracruz podría establecer una nueva cifra de entrega de fichas para jóvenes que buscan realizar su Servicio Militar Nacional (SMN), este año podrían estar entregando hasta 3 mil 500 a la Sedena, cuando esta pide únicamente 2 mil 500.
Y es que desde el pasado lunes, cientos de jóvenes incluso han pernoctado en los bajos del edificio Trigueros para ser de los primeros en obtener su ficha que permita su ingreso al sorteo el próximo mes de noviembre.
Ante tal situación, el ayuntamiento local debió tomar medidas ante esta demanda considerable, mencionó el director de Gobernación en el ayuntamiento de Veracruz, Jorge Bobadilla.
"Hay una demanda de citas más amplia de las que esperábamos, nosotros teníamos presupuestado otorgar 80 fichas diarias, y el día de ayer se entregaron 290, el día de hoy hasta las 9 de la mañana iban 290 fichas, de hecho anoche tuvimos a un grupo de jóvenes que llegaron a formarse hacia las 11 de la noche para ser los primeros en la fila, entonces por atención a su propia seguridad, al clima, se habló con ellos y se les dieron fichas para que el día de hoy llegaran a las siete y se pudieran formar", reveló.
Esto último, dijo el funcionario municipal, se hizo para no poner en riesgo su integridad o la de sus padres, aunque consideró que no es necesario pernoctar desde un día antes, ya que el cierre de la entrega de fichas se vence hasta el mes de octubre, y aunque la demanda es grande, está garantizada la entrega de las fichas, gracias a la capacidad humana con que se cuenta para realizar este trabajo de 8 de la mañana hasta que se retire el último de los jóvenes.

Alejandro Ávila/Veracruz, Ver.- Erika María Cruz Hernández, madre de Brandon Arellano Cruz, joven que fue asesinado por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Lerdo de Tejada, denunció que el Gobierno de Veracruz le ofrece 2 mil pesos mensuales como parte de la reparación del daño.

De la misma manera, expuso que uno de los elementos involucrados continúa prófugos de la justicia.

En video que compartió en Facebook, donde explicó que su nuera fue remitida a un programa de apoyo a víctimas que solo le ofrece 2 mil pesos al mes y le podría ser retirado cuando las autoridades lo determinen.

Doña Erika, declaró que Brandon era el pilar de su familia y este se encargaba el tratamiento médico de uno de sus dos hijos, el cual cuenta con una discapacidad motriz y un soplo en el corazón.

“A mi hijo le quitó la vida un uniformado, un miembro de la policía municipal de Lerdo de Tejada. Una bala bastó para quitarle la vida. Ea un joven de veintisiete años, deportista, padre de familia y deja a una viuda, a una madre destrozada y dos hijos huérfanos y no hay justicia. Se les escapó un elemento de la policía municipal. No sé quién lo ayudó, no sé quién comanda la policía de este lugar”, señala en su video.

Erika Cruz, afirma que el gobierno de Veracruz solo canaliza a los deudos a la Comisión de Víctimas, pero esta dependencia tarda semanas en brindar atención por sus procesos burocráticos.

Ante esta situación, Cruz Hernández dijo que ha buscado apoyo legal y asesoramiento del abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, quien ha ofrecido sus servicios de manera gratuita.

Explicó que la enfermedad de su nieta mantenía a su padre , victima del homicidio, trabajando para poder llevarla de manera continua a sus tratamientos médicos.

“Mi nieta, una niña con un soplo en el corazón, una discapacidad en su pierna. Un niño de primer año de primaria, qué les espera a mis nietos, le quitaron al pilar de la familia, el sustento de esos niños, una persona trabajadora, luchadora, con mucho futuro y tan solo veintisiete años”, agregó.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero se perpetró el asesinato de Brando Arellano Cruz, de 27 años, presuntamente por parte de policías municipales, hecho que enardeció a pobladores.

El joven fue asesinado de un disparo presuntamente por parte de policías municipales y la Fiscalía detuvo a José Manuel “N”, Óscar “N”, César “N” y Rufino “N”, quienes fungían como Policías Municipales, quienes recibieron la medida cautelar prisión preventiva justificada por dos años, dentro del proceso penal 18/2024, en contra de dichos elementos.

De ellos dos, se dio a conocer que solo dos quedaron a disposición de las autoridades y otros dos más fueron liberados; mientras que la familia señala que existe un quinto policía que no fue detenido y logró huir antes de ser retenido por los pobladores.