XALAPA, VER.- En cumplimiento de la ley respectiva, el Pleno de la LXVI Legislatura aprobó la creación de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la medalla Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2024, instancia que se encargará de recibir las propuestas de ciudadanas que podrían ser candidatas a dicha distinción.

En la decimosegunda sesión, última del primer periodo ordinario, del tercer año de labores, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) puso a consideración del Pleno el Acuerdo con el nombre de las diputadas que integran esta Comisión Especial, que registró 33 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

De esta manera, la Comisión quedó conformada por las diputadas Jéssica Ramírez Cisneros, presidenta; Lidia Irma Mezhua Campos, secretaria, y Gisela López López, Itzel Yescas Valdivia, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Citlali Medellín Careaga, Maribel Ramírez Topete y el diputado Juan Enrique Santos Mendoza, en calidad de vocales.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 nonies de la Ley de Premios del Estado de Veracruz, la Comisión Especial deberá emitir la respectiva convocatoria pública para recibir propuestas de mujeres y realizar los trabajos concernientes a la selección de la ciudadana merecedora de esta condecoración.

El Premio Estatal a la Mujer es un reconocimiento que se otorga a las veracruzanas destacadas por su trayectoria de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole o que, desde cualquier ámbito de acción, hayan contribuido al cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la entidad.

XALAPA, VER.- Con la finalidad de mejorar el desempeño de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias de las diputadas y los diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo que busca evitar el ausentismo en las comparecencias y ajusta algunas reglas con las que se desahogan estas funciones de control.

En su iniciativa, presentada durante la decimosegunda sesión, el legislador Juan Javier Gómez expone que en lo que va de la actual legislatura se advierte el desinterés de algunos diputados y diputadas para asistir a las comparecencias, como parte de la glosa del Informe de Gobierno o de los organismos autónomos. "No se presentan puntualmente a estas actividades, permanecen un corto tiempo o solo van para preguntar e inmediatamente se retiran", señala.

Por consiguiente, el Diputado considera necesario incorporar el registro de asistencia a las comparecencias como una obligación, como acontece con las sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente o de las Comisiones. "De esta manera, ya no serán vistas las comparecencias como una simple actividad".

De aprobarse esta reforma y en caso que una diputada o un diputado no justifique su inasistencia o no cuente con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva para faltar a una comparecencia, no se le cubrirá la dieta correspondiente. La Tesorería del Congreso dividirá la dieta que le corresponda entre el número de comparecencias celebradas de acuerdo con el calendario aprobado por el Pleno, siendo algo similar con el procedimiento mediante el cual se calculan los descuentos para el caso de faltar injustificadamente a las sesiones.

El documento de la propuesta legislativa puntualiza que la población no merece legisladores que utilicen la más alta tribuna del estado para señalar sin pruebas o con críticas carentes de argumentos. "Cuando tienen de frente a los servidores públicos que vienen a comparecer, no cumplen con su deber. Es decir, tiran la piedra y esconden la mano".

Por otra parte, se prevé la incorporación de un lenguaje inclusivo en cuanto al género para referirse a quienes ocupen los cargos públicos como personas y de esta manera se dejaría de usar cualquier pronombre; además, se dispone que quien presida el Congreso solicitará a las y los comparecientes la relación de personas servidoras públicas, invitadas y de apoyo técnico que les acompañarán en su comparecencia.

Así como el envío, con 48 horas de anticipación, por lo menos, del texto inicial de su comparecencia a la persona que presida la comisión correspondiente, quien lo distribuirá impreso o digital vía correo electrónico oficial a cada diputada y diputado a más tardar 36 horas antes de la comparecencia.

Se establece que en cualquier caso, 10 minutos antes de la hora de inicio de la comparecencia, deberá realizarse el pase de lista, cuyo resultado se enviará a la Secretaría General para los efectos administrativos a que haya lugar. La persona compareciente deberá leer su texto introductorio sin exceder 20 minutos y, concluida la exposición, la comisión abrirá el registro de participantes hasta por tres minutos. Quien desee participar deberá haber registrado su asistencia y encontrarse presente en el momento en que esté abierto el registro.

Si una diputada o un diputado que se haya registrado debidamente ante la comisión no se encontrare presente en el lugar de la comparecencia al momento de su turno para preguntar, perderá su lugar y se concederá el uso de la voz al siguiente de la lista.

Las y los legisladores que consideren no haber recibido respuesta a alguna de sus preguntas podrán solicitar a quien presida la comisión, sin exceder su intervención de dos minutos, que requiera a la persona compareciente la remisión de la información con la que pueda otorgarle respuesta, misma que deberá hacerla llegar en un plazo de 48 horas naturales contabilizadas a partir de la hora en la que finalice la comparecencia.

Por último, se establece que en las intervenciones, las diputadas y los diputados deberán ceñirse al ámbito de competencia y de responsabilidad de la dependencia o entidad de la persona compareciente, así como al período que comprende el informe que motiva la comparecencia.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación.

XALAPA, VER.- A través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Verónica Pulido Herrera hizo un llamado al Gobierno del Estado y a los 212 ayuntamientos veracruzanos a adoptar medidas e implementar los mecanismos para diagnosticar, prevenir y sancionar el acoso escolar y cualquier acto de violencia que atente contra los derechos humanos de las y los estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas.

En el uso de la voz durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria, la legisladora explicó que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019, México ocupó el primer lugar de acoso escolar en educación básica en el mundo, es decir, más de 18 millones de estudiantes de los niveles primaria y secundaria sufren este tipo de violencia.

Por otra parte, indicó que padres de familia del municipio de Veracruz han denunciado la detección de faltas cometidas por alumnos de comunidades educativas de nivel secundaria, en relación con la venta de medicamentos controlados con receta, situación que, dijo, ha dado como resultado violencia externa por parte de los padres de los adolescentes involucrados.

Ante lo cual, la Diputada se pronunció a favor de que estos temas sean atendidos por el gobierno estatal, toda vez que, consideró, constituyen violencia externa que afecta el contexto escolar y la relación entre padres de familia y representa un riesgo para la salud y la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz, las autoridades educativas debe procurar un ambiente de seguridad y orden en la comunidad escolar y su entorno, como base para el desarrollo de las actividades educativas, además de establecer mecanismos para diagnosticar, prevenir y sancionar el acoso escolar y cualquier acto que atente contra los derechos humanos dentro o fuera de los planteles.

La diputada Verónica Pulido refirió que la Ley de Educación, en su artículo 74, establece que las autoridades educativas deben promover la cultura de paz y no violencia, para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos.

Finalmente, destacó la importancia de la emisión e implementación de mecanismos y lineamientos para los protocolos de actuación que permitan prevenir y atender este tipo de actos que ponen en riesgo la seguridad de las y los alumnos.

El Anteproyecto fue turnado, para el trámite correspondiente, a la Junta de Coordinación Política.