ARTICULISTA INVITADO
Héctor Yunes Landa
Justo el reclamo de los Ayuntamientos Veracruzanos.
Un número importante de Ayuntamientos del país enfrentan condiciones financieras adversas, repercutiendo directamente en los ciudadanos y las economías locales.
En el caso de los ayuntamientos veracruzanos, además de las circunstancias mencionadas arriba, los problemas financieros de estos se agravan, generando con ello la falta de pago a proveedores, empleados municipales y dando lugar a una muy limitada obra pública. La entrega tardía de las participaciones federales por parte del gobierno del estado a los ayuntamientos muchas veces les impide a estos aprovechar recursos federales destinados a obra pública municipal dada la imposibilidad de aportar el porcentaje que les corresponde a los Ayuntamientos, el llamado pari passu.
Esta retención injustificada de las participaciones federales por parte de la desastrosa administración de Javier Duarte de Ochoa ha sido denunciada de manera recurrente por presidentes municipales veracruzanos emanados de todos los partidos políticos, lo que originó incluso diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y los más severos cuestionamientos del Titular de la ASF al gobernador con licencia, hoy prófugo de la justicia.
Asimismo, municipios de Michoacán y Morelos se han declarado en insuficiencia de pagos. No obstante que el gobierno federal duplicó entre el año 2000 y 2014 las aportaciones a los municipios.
De acuerdo al último reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los municipios en el país registran adeudos por el orden de los 47 mil 243 millones de pesos. Son 20 municipios los que concentran el 45 por ciento de la deuda pública municipal.
En los últimos ocho años los pasivos municipales en el país crecieron 83 por ciento, registrando principalmente tres tipos de compromisos: con banca múltiple, banca de desarrollo y emisiones bursátiles.
No obstante la situación financiera por la que atraviesan los ayuntamientos, organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad refieren que las autoridades locales tienen aún oportunidades para fortalecer sus haciendas.
En promedio, el 70 por ciento de los recursos municipales provienen de la federación y estados, teniendo ingresos propios de solo alrededor del 20.9 por ciento.
El Instituto Mexicano para la Competitividad propone una serie de acciones con la finalidad de mejorar las finanzas municipales, como la de regular la administración y asignación de recursos, adoptar e institucionalizar las mejores prácticas en la elaboración de los presupuestos, utilizar de manera responsable los instrumentos de financiamiento, así como un sistema de subasta pública que permita obtener mejores condiciones de contratación a los municipios.
Desde el Senado de la República estaremos vigilantes de que se cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federales y Municipios, misma que regula el gasto y la contratación de empréstitos, para lo cual fue creada la Comisión Bicamaral en esta Materia.
Finalmente, reitero mi solidaridad a los presidentes municipales veracruzanos y especialmente a los ciudadanos, quienes son los que desafortunadamente pagan las consecuencias por la insuficiencia de recursos derivado de la falta de entrega de éstos por parte del gobierno del estado a las autoridades municipales. De ahí que insistiré que la situación que enfrentan los Ayuntamientos se resuelva por las dos vías: política y financiera.
Mi solidaridad con los alcaldes y con los ciudadanos no se reduce a una expresión mediática. He solicitado a los titulares de la SEGOB y de la SHCP su inmediata intervención a fin de que se atienda y resuelva su justo reclamo, tal como el propio gobernador Interino del estado de Veracruz lo reconoce y que, ante la falta de recursos tomó la oportuna decisión de solicitar el apoyo del gobierno federal para hacer frente a esta lamentable situación.
De ahí que continuaremos pendientes de que las autoridades estatales restituyan a las haciendas municipales los recursos etiquetados que les corresponden y que indebidamente fueron utilizados para otros fines.
