Orfis y Legislatura, la complicidad en el saqueo

Alcaldes inconformes, la diferencia en los discursos

Este jueves, Veracruz amaneció convertido en la capital nacional del 

caos: los alcaldes de PAN y PRD continúan la toma de Palacio de 

Gobierno; las calles de la capital del estado, bloqueadas, al igual que 

12 carreteras, así como algunas oficinas públicas.

Las instalaciones de las secretarías de Educación y Finanzas y 

Planeación fueron también objeto de bloqueos. Por si fuera poco, desde 

el pasado miércoles, la sede de la Secretaría de Protección Civil fue 

cerrada por el propietario del inmueble, debido al incumplimiento en el 

pago de once meses de renta.

Convertido en una fosa séptica es como termina el gobierno que inició 

Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, en 2010.

Las manifestaciones de protesta no son gratuitas; a la actual 

administración estatal  le queda menos de un mes y a partir del primero 

de diciembre, el nuevo ejecutivo tendrá el compromiso de resolver los 

problemas heredados por un gobierno tan ineficiente como corrupto.

A la deuda bursátil y a los compromisos con la banca, se suman los 

pasivos que enfrenta el gobierno del estado con la Universidad 

Veracruzana; con los empleados, burócratas y maestros, con los 

proveedores, constructores y contratistas; y con los ayuntamientos.

Desde hace un par de años, en el Altiplano circulaba la versión de que 

el gobierno de Javier Duarte se había convertido en un barril sin fondo, 

donde los recursos desaparecían y no llegaban a los destinatarios para 

los que eran etiquetados. Sin embargo, ni la Federación, ni las 

instancias estatales de Contraloría y Fiscalización actuaron a tiempo.

En el ámbito federal, la única instancia que levantó la voz para 

denunciar los desvíos y las irregularidades en el manejo de los recursos 

fue la Auditoría Superior de la Federación, que convirtió las 

observaciones a las cuentas del gobierno de Veracruz en denuncias 

penales.

En el ámbito estatal, el Órgano de Fiscalización Superior, tuvo una 

actuación débil, tibia y hasta pusilánime.

Precisamente por esa actuación, el diputado Ricardo Ahued Bardahuil 

subió a la tribuna del Congreso del Estado para exhibir la vergüenza en 

que se convirtió el trabajo del ORFIS, dependencia que –dijo– debe 

desaparecer.

En medio del saqueo y de la corrupción que imperó en la administración 

de Javier Duarte, otra instancia cuyo trabajo se convirtió en ejemplo de 

complicidad fue la Legislatura del Estado, cuya mayoría priista aprobó, 

sin chistar, toda iniciativa que saliera del Ejecutivo.

La Legislatura veracruzana es una de las más costosas del país; en los 

últimos dos sexenios, el Congreso local ha gastado más de 5 mil 500 

millones de pesos, que de ninguna manera se justifican, dada la pobre 

actuación de los diputados locales.

La Legislatura saliente avaló no sólo las cuentas públicas de Duarte, 

sino que también autorizó, por ejemplo, el endeudamiento y hasta la 

sesión a particulares de los bienes públicos de los veracruzanos.

Lo único positivo de dicho escenario, es que este viernes será el último 

día de la sexagésima tercera Legislatura del Estado, cuya mayoría 

priista dará paso ahora a un verdadero y sano equilibrio de fuerzas.

Alcaldes inconformes, la diferencia en los discursos

Mientras por la mañana del miércoles, el secretario de Hacienda, José 

Antonio Meade, decía en televisión que, por Ley, la SHCP no puede 

rescatar Veracruz –aunque sí dijo que tiene facultades para entregar 

participaciones federales a los municipios–, a media tarde, el 

gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, difundía su foto con el 

Presidente Peña Nieto.

Mientras por un lado el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes 

Márquez, se sumaba a la toma de palacio de gobierno, por otro, el 

alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, se reunía con más de 80 

munícipes –la mayoría del PRI– y lanzaba un mensaje de negociación, con 

propuestas avaladas por el senador José Francisco Yunes Zorrilla, 

pidiendo a la SHCP que haga valer el artículo sexto de la Ley de 

Coordinación Fiscal que prevé que en caso de que el Estado incumpla con 

el pago de las participaciones, la Federación podría depositarlas de 

manera directa y después descontarlas al propio Estado.

Los alcaldes de PAN y PRD que mantienen su movimiento en Palacio de 

Gobierno, gestionan y exigen "lo que les pertenece"; en tanto, Américo 

Zúñiga, el grupo de alcaldes y senadores, proponen una ruta que tuvo 

respuesta de la SHCP, dependencia que señaló que eso es posible y que se 

valorará.

Una más, de este mismo jueves:

Un alcalde, el de Boca del Río, sale a Enríquez a sumarse a un bloqueo y 

transmite en vive en Facebook, mostrando su indignación, real, válida, 

correcta, de lo que sucede en Veracruz; otro alcalde, el de la capital 

del estado, inaugura una obra en la colonia Portón Colorado, enviando el 

mensaje de que "en Xalapa el dinero público se utiliza para lo que es, 

para obras que mejoran la calidad de vida de los xalapeños". En términos 

de protestas, esas son algunas de las diferencias entre los dos grupos 

que se han manifestado, el de los alcaldes de PAN y PRD, y el de los 

priistas que encabeza Zúñiga Martínez, con el apoyo del senador Pepe 

Yunes. @luisromero85