Ricardo Capilla Vilchis/ Agencia Informativa Conacyt/ Ciudad de México.- La doctora Mayra de la Torre Martínez fue nombrada Miembro Honorario 2017 por parte de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería (SMBB), gracias a sus aportaciones en el campo de la biotecnología.

De la Torre Martínez, miembro nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tiene estudios de ingeniería bioquímica y biotecnología por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y actualmente se desempeña como investigadora titular C en la Coordinación de Ciencia de los Alimentos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), de la red de centros de investigación Conacyt.

La SMBB —de la cual la doctora De la Torre Martínez se desempeñó como vicepresidenta y presidenta del año 1999 a 2001­— trabaja tanto con empresas como con instituciones académicas a nivel nacional para divulgar el quehacer de la biotecnología, además de realizar conferencias, cursos cortos y editar su órgano oficial de comunicación, la revista Biotecnología.

“Mis aportaciones a la biotecnología han sido en el desarrollo de tecnologías de proceso de producto y transferencia de estas tecnologías al sector privado. Una vez que entré al CIAD, continué haciendo eso, pero también a nivel de diseño de fábricas para empresas nacionales. Muchas de estas empresas se encuentran funcionando y los productos están en el mercado”, destacó la investigadora.

Durante su carrera, la doctora ha conseguido cuatro patentes, mientras que las tres plantas que ha diseñado se encuentran, una de ellas en Los Mochis, Sinaloa; dos en Culiacán, Sinaloa; una en Hermosillo, Sonora, y una más en la Universidad Agrícola del Zamorano en Honduras. Actualmente tiene contemplado diseñar plantas para dos pequeños productores de Perú, cerca del desierto de Atacama.

En entrevista, la doctora De la Torre Martínez compartió las líneas de investigación en que se centra su trabajo. En ellas se puede encontrar la investigación de fisiología microbiana e ingeniería de bioprocesos, investigación en tecnología de fermentaciones y el desarrollo de tecnologías de proceso para la fabricación de productos biotecnológicos, centrándose en levaduras, bioinsecticidas para control de plagas agrícolas y control de hongos patógenos de plantas.

“Este nombramiento me emocionó porque es a final de cuentas un reconocimiento de mis pares, personas de mi misma especialidad los que están reconociendo mi labor. Me interesa atraer a los jóvenes para que vean la importancia de la ciencia y se apasionen, así como lograr que esta ciencia sea útil para la sociedad”, finalizó.

Ricardo Capilla Vilchis/ Agencia Informativa Conacyt/ Ciudad de México.- En la frontera norte de México, hay menores de edad que son reclutados por grupos del crimen organizado para perpetrar actividades ilícitas. 'Polleritos', 'coyotitos', 'muleritos' o 'mochileros' son algunos de los nombres que ellos reciben en función del delito que cometen al cruzar hacia territorio estadounidense.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, el doctor Óscar Misael Hernández, antropólogo social egresado de El Colegio de Michoacán (Colmich) y actualmente investigador titular adscrito al Departamento de Estudios Sociales en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), sede Matamoros, habló sobre dos investigaciones realizadas en 2015 y 2017 en los Centros de Atención al Menor Migrante (Camef) referentes a estos menores en la frontera de Tamaulipas.

El término “menores de circuito” es relativamente nuevo y alude a aquellos menores con edades entre 14 y 17 años, mexicanos, que residen en ciudades fronterizas y que, a diferencia de otros menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera para reunirse con familiares, buscar trabajo o educación, constantemente cruzan la frontera de forma ilegal como parte de actividades delictivas de grupos del crimen organizado. Específicamente se refiere al ir y venir que realizan los menores.

En los casos observados por el investigador en la frontera de Tamaulipas con Texas, se trata de varones menores de edad que radican en ciudades fronterizas, provenientes de sectores urbanos populares y marginales de México, además de que coinciden en ser jóvenes con educación primaria o secundaria trunca.

La primera investigación se realizó en colaboración con tres universidades estadounidenses para estudiar las violaciones de los derechos humanos de migrantes mexicanos no acompañados. La segunda, realizada en 2017, se enfocó en estudiar los efectos del trauma y la violencia en menores migrantes repatriados de Estados Unidos.

Dinero y pertenencia
Una de las principales razones por las cuales cada vez más jóvenes que radican en estados fronterizos deciden unirse a las filas del crimen organizado es el dinero que pueden obtener. En entrevistas realizadas por el investigador en dos Camef, algunos menores indicaron que recibían 70 dólares por cada migrante que ayudaran a cruzar la frontera, suma que aumentaba si se trataba de “jales” especiales, es decir, trabajos que implicaran un riesgo mayor, mientras que las ganancias por transportar una mochila con drogas llegaban hasta los 400 dólares.

La segunda razón es descrita por el doctor Hernández como un beneficio simbólico, pues una vez que los menores realizan estas actividades, desarrollan un sentido de pertenencia con la estructura criminal para la que trabajen. “Trabajar con cierta persona que tiene un statu quo en el mundo de la paralegalidad para ellos es muy importante, ya que es una cuestión de identidad”.

Menores ante la ley
Los grupos del crimen organizado se ven beneficiados al utilizar a menores de edad, pues si son detenidos por la patrulla fronteriza, son repatriados a México y no reciben una sentencia, sino que son enviados a Consejos Tutelares o Centros de Rehabilitación Juvenil, lugares en donde la seguridad es más laxa.

“El acto en sí no es punible. Los menores no reciben propiamente una sentencia como lo sería en los adultos, sino un periodo de enclaustramiento para iniciar el proceso de rehabilitación, no de reinserción social como en el caso de los adultos. Por otro lado, se supone que tienen muchas más garantías que se les deben respetar con base en diferentes documentos y protocolos, como los derechos de la niñez”, dijo.

El investigador apuntó que como en cualquier trabajo, ya sea legal o ilegal, existen ciertas reglas que de no acatarse, traen consecuencias. En caso de que los menores pierdan por primera vez la mercancía que se les encargó transportar a través de la frontera, se puede pasar por alto el incidente pero quedan bajo advertencia. Si la mercancía se pierde por segunda vez, el menor tiene que cubrir los costos de las pérdidas, pero si falla una tercera vez, no solo se tiene que pagar la pérdida sino que se le somete a un ritual que ha distinguido a algunos grupos dedicados al narcotráfico: ser "tableado", es decir, ser golpeado en las asentaderas o en los muslos con una tabla.

Una práctica rentable
Los grupos criminales encuentran rentable contratar a menores de edad no porque les paguen menos, puesto que reciben el mismo pago que los adultos, sino porque están reclutando nuevos integrantes. “Los grupos criminales tienen una perspectiva bastante pragmática en términos de mercado. Están invirtiendo en formar nuevo capital humano, entonces les es más rentable que si hay detenciones, saldrán más adelante y ellos mismos pueden seguir haciendo el trabajo o capacitar a nuevos reclutas”, destacó Hernández.

Asimismo, el investigador resaltó la necesidad de implementar programas para empezar a atenuar el vínculo entre los jóvenes y la violencia, pues señaló que en México no existen programas orientados hacia estos menores. Solamente se tiene el antecedente de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Ayuntamiento y algunos jóvenes trabajadores sociales y psicólogas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) implementaron un programa para atender a estos menores, dando pláticas y talleres.

Esta necesidad de programas de atención a menores de circuito se ve remarcada cuando se le cuestionó a los menores si pensaban seguir desempeñando actividades de contrabando, respondiendo positivamente 90 por ciento de los encuestados.