Patricia Aguilar / Veracruz, Ver.- Los recursos económicos destinados para la ejecución de programas en materia de prevención del delito y seguridad en la proxima administración municipal de Veracruz corren el riesgo de tener retrasos debido a que no se ha designado a la persona que será el enlace ante la Federación.

El regidor décimo tercero porteño Juan Montes de Oca, dijo que en los primeros tres meses las autoridades municipales deben designar a la persona que este encargada de gestionar los recursos destinados del programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

"El tema del Fortaseg no se para aunque haya un cambio de administración, hasta el día de hoy no sé ha dado a conocer quien va ser el enlace en el tema de Fortaseg de esta administración municipal que entra ante la Federación", dijo posterior a un informe de actividades en esta administración municipal.

Dijo que si la administración municipal entrante no cumplen bien con los lineamientos pueden tener demora para gozar los beneficios de los recursos federales en materia de seguridad.

Dijo que durante el proceso de entrega recepción no se abordó este tema: "Se ha visto el de movilidad, como lo llaman ahora, pero el tema de prevención del delito y Fortaseg no se ha dado a conocer".

Xalapa, Ver.- Miles de las familias mexicanas en situación de vulnerabilidad están protegidas a través de Prospera, Programa de Inclusión Social de la Secretaría de Desarrollo Social que otorga recursos para fortalecer la alimentación, salud y educación de las mismas.

"Este programa en Veracruz cuenta con 632 mil 369 familias beneficiadas y durante el 2017 se distribuyeron más de 6 mil 770 millones de pesos", destacó la Delegada Federal, Anilú Ingram Vallines.

Por medio de Prospera, también se vincula a las personas beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros, que facilitan su acceso a mejores condiciones de vida.

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eliminó del reglamento de fiscalización una prohibición que impide a candidatos y partidos políticos el reparto de tarjetas durante la campaña electoral de 2018.

Esta medida había sido prohibida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al modificar el reglamento y agregar el artículo 143 quáter que impide la entrega de tarjetas u otro tipo de propaganda que en la percepción de la ciudadanía se dirija a un beneficio directo en un futuro inmediato, por no cumplir con la finalidad de la propaganda electoral.

Sin embargo, el TEPJF determinó que el INE no está facultado para prohibir su reparto, por lo que ordenó cambiar dicha norma.

Así lo expresó el magistrado José Luis Vargas, al considerar que “el Consejo General del INE se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias” al prohibir esta medida, luego del reparto de miles de tarjetas "rosas" por parte del PRI en Coahuila y el Estado de México, durante las elecciones intermedias.

Los magistrados validaron el uso de estas tarjetas al resolver las impugnaciones contra los triunfos del PRI en ambos las entidades mencionadas, pese a que el INE insistió en incluir esta prohibición; pero esta y otras normas en el reglamento de fiscalización, fueron impugnadas por seis partidos políticos.

La Sala Superior estableció que las erogaciones en materia de propaganda que contravengan la prohibición del mencionado artículo 209 (de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), deben computarse como gasto de campaña para efectos de determinar un eventual rebase al tope de gastos de campaña, y no como una erogación, sin objeto partidista ni vinculado a actividades para la obtención de apoyo ciudadano o voto, como lo consignó el INE en el Reglamento”, se en el comunicado emitido por el TEPJF, luego de la sesión de anoche.

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