Patricia Aguilar Pardo. Veracruz, Ver. 10 de diciembre 2022.- La lluvia que se registra desde esta mañana generó una serie de accidentes viales en diferentes partes de esta ciudad, generando la movilización de los diferentes cuerpos de rescate y de la Dirección de Tránsito municipal.

Hasta antes de las dos de la tarde se contabilizaban aproximadamente siete accidentes vehiculares, en dónde, afortunadamente no se reportan personas con heridas de gravedad.

En la avenida Tamiahua, en la Unidad Habitacional El Coyol, una camioneta de redilas de mudanzas chocó contra un vehículo propiedad de una empresa de televisión por cable.
Como resultado del percance, la camioneta de mudanza se volcó, resultando lesionado el conductor, mismo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que afortunadamente las lesiones que presentaban no eran de gravedad.
Poco antes, sobre el Bulevar Fidel Velázquez en el carril Norte-Sur, frente al centro integral de justicia, un vehículo de alquiler tipo Taxi se subió al camellón central, luego de que el conductor perdiera el control debido a lo resbaloso del pavimento, resultando en este caso el chófer sólo con golpes leves.
Antes ya tres motociclistas se habían lesionado en este mismo punto al parecer también por lo mojado del pavimento.
Otro accidente aparatoso lo protagonizó un autobús de la línea Costera, el cual chocó contra un poste cuando al circular por Rafael Cuervo y Cuauhtémoc, el conductor perdió el control debido a lo mojado del pavimento y se estrelló contra un poste, resultando algunos pasajeros golpeados, mismos que fueron atendidos por personal de la Cruz Roja.
El llamado es a los automovilistas para que conduzcan con mucha precaución, ya que se espera la lluvia siga presentándose aún por la tarde de este mismo lunes.

Prosa aprisa
La mea culpa del Gobernador
Arturo Reyes Isidoro

Me fui a finales de diciembre pasado de vacaciones en medio de un diferendo político y legal entre el gobernador Cuitláhuac García y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal y hoy que retorno a este espacio el problema sigue vigente y si nadie de alto nivel busca una salida política se irá enconando más de lo que ya está, con consecuencias políticas imprevisibles para una de las partes, o para las dos.
El conflicto tiene su origen en la aplicación de la reforma al Código Penal del Estado de Veracruz en materia de diversos delitos, entre ellos el de ultrajes a la autoridad, que aprobó el pleno de la Legislatura anterior (LXV) el 11 de marzo de 2021. La reforma la había propuesto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez un mes antes, el 11 de febrero.
El boletín oficial con el que esa Legislatura dio a conocer “las modificaciones en la redacción de los delitos planteados” fue claro y contundente: “Con dichas reformas… se incrementan las penas (subrayado mío) a las conductas de ultraje a la autoridad”, por lo que de seis meses a dos años de cárcel se incrementaron a entre cinco y siete años de prisión.
Dos días después de que la nueva Ley se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de marzo, el gobierno la estrenó contra el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, a quien cuando intentaron detener policías ministeriales por una denuncia en su contra por violencia familiar exhibió un amparo y entonces le inventaron que agredió a elementos de la Fiscalía General del Estado.
El 20 de marzo la juez Alejandra Castañeda Priego lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar ocho meses de prisión preventiva no obstante que la Fiscalía se negó a presentar a los policías ministeriales y a los peritos que emitieron certificados que “acreditaron” que hubo daño psicológico a los policías. A partir de entonces se ha usado la que es conocida como “ley garrote” contra opositores políticos y ciudadanos que se han inconformado contra decisiones del gobierno y que tienen a una buena cantidad de ellos en la cárcel no obstante que no les han podido acreditar los presuntos delitos de los que los acusan.
Se ignoró a quienes pidieron derogar la “ley garrote"

El 6 de abril del año pasado 17 diputados del PAN, PRI, PRD y MC promovieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma al Código Penal. Argumentaron que había vacíos legales con los que se estaba desvirtuando el marco legal.
Antes, el 25 de marzo ocho organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Artículo 19, abogados y académicos de la Universidad Veracruzana y de la UNAM, pidieron a los diputados que aprobaron la “ley garrote”, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al propio gobernador que promovieran la derogación de la reforma “por contravenir estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos” y porque “propicia la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Los días 3 y 7 de marzo de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de nueve Ministros, decidió declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el Código Penal para el Distrito Federal, por permitir el actuar arbitrario de las autoridades por ser impreciso, vago y ambiguo.
Dentro de la sentencia de los Amparos en Revisión 2255/2015 y 4436/2015 la Corte señaló que al criminalizar expresiones contra las autoridades, el delito de ultrajes a la autoridad podía ser utilizado como un instrumento para reprimir el derecho a la libertad de expresión.
El 17 de marzo de 2021, académicos, hombres y mujeres, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, hicieron pública una pormenorizada carta abierta tanto al Congreso local como al gobernador en la que al final les plantearon:
“Quienes integramos la Academia de la Facultad de Derecho, de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, solicitamos con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Constitución Local, que antes de que se llegue a activar algún medio de control constitucional para combatir esta norma penal, que a todas luces resulta inconstitucional e inconvencional, sea nuevamente estudiada y derogada por el Congreso del Estado, para evitar que Veracruz se convierta en un Estado represor y poco tolerante a la pluralidad de ideas y expresiones”.
Los firmantes fueron los distinguidos académicos, especialistas en el tema: Sidney Ernestina Marcos Escobar, Rosa Hilda Rojas Pérez, Esperanza Sandoval Pérez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara Hernández, Enrique Córdoba del Valle, Daniel del Ángel Pérez, César Martínez Rámila, Rebeca Contreras López y Austria Paola Barradas Hernández.
Pero no fueron los únicos. Conforme han pasado los meses han sido muchas las voces que se han manifestado, con argumentos, en contra de la vigencia de la reforma y su uso y abuso por parte de la Fiscalía General del Estado, pero todos, absolutamente todos, han sido olímpicamente ignorados.
Insólita declaración del Gobernador
Vuelvo al primer párrafo de esta columna. Creo, pues, que concretar la inconformidad y el problema a la actitud personal del senador Ricardo Monreal porque protestó por la detención ilegal (un video y los hechos lo han comprobado) de seis jóvenes, a quienes se les aplicó la “ley garrote”, y cuya libertad finalmente logró, no solo es politizar el caso sino tratar, una vez más, de tratar de justificar lo injustificable: lo abusiva, arbitraria y represiva que es la ley cuitlahuista.
Ya de regreso, sin embargo, me dejó estupefacto la declaración del gobernador Cuitláhuac García, quien en lo que refleja una aceptación de mea culpa y de que en su gobierno se ha abusado de su reforma, declaró el viernes pasado que su propuesta (la de aquel 11 de febrero) fue enviada al Congreso con otro sentido, pero que “ahí sufrió alteraciones previo a ser aprobada”.
“Yo no hago la ley, yo mandé la ley en otro sentido. Que se aclare, pues. La instancia, que es el Congreso, ahí que se haga el debate y que determinen”.
Si advirtió que aquello no era lo que había propuesto, que lo habían alterado, ¿por qué no alertó de inmediato y pidió que se corrigiera?, ¿por qué ha dejado que se cometan injusticias?, ¿por qué no actúa ya y propone la derogación de la reforma al Código Penal tal como quedó incluso eliminar el delito de ultrajes a la autoridad, por inconstitucional de acuerdo a la Corte?, ¿para qué un debate de algo que se sabe que está mal?, ¿de cuándo a acá el Congreso es autónomo e independiente cuando de todos es sabido que está sometido a su voluntad y solo se hace lo que él ordene y mande?
De hecho, esa fue su reacción ante un señalamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien en su recomendación 146/2021 le demandó derogar, a la brevedad, la numeral 331 del Código Penal vigente en el estado, esto es, la “ley garrote”. El gobernador dijo que analizaría con un grupo de asesores cómo atenderá esa recomendación.
Le tira la responsabilidad a Gómez Cazarín
¡Diez meses después, decenas (hay quienes afirman con son centenas, otros que miles) de víctimas de por medio entre detenidos y sus familiares, ahora resulta que los reclamantes tienen razón!, pero durante todo ese tiempo Cuitláhuac García guardó silencio con lo que aceptó los atropellos, hizo oído sordo a quienes, con mucha autoridad legal y moral, le dijeron que habían cometido un grave y error y le demandaron que lo corrigiera de inmediato, y ahora le tira la bolita a Juan Javier Gómez Cazarín, en los hechos el titular del Poder Legislativo, quien no actúa si no se lo ordenan desde el palacio de gobierno.
No haber escuchado a tiempos las voces sensatas veracruzanas le dio pie al senador Monreal tomar el tema, sin duda alguna como bandera política en sus aspiraciones presidenciales (leer “Prosa aprisa” del 9 diciembre pasado), pero por una causa justa en defensa de los veracruzanos ante la injusticia, el abuso, la arbitrariedad y el atropello. El mismo gobierno le puso el balón frente a la portería, sin ninguna defensa (pudo haber sido cualquier otro aspirante), y solo se concretó a anotar.
Por eso también resulta falsa y engañosa la campaña en las redes sociales (a todos los empleados del gobierno los obligan a retuitear lo que les ordenan desde la Secretaría de Gobierno o desde la Fiscalía y en venganza piden a sus familiares que difundan todo lo que se publique en contra del gobierno) donde acusan que hay una campaña “golpista” contra el gobernador.
Ningún “golpismo”. Lo único que se pide es el restablecimiento del Estado de derecho, el respeto a la ley y que no cometan más injusticias. No más, pero tampoco menos.
Lector, te saludo y te deseo salud, unidad familiar, que tengas empleo (hoy es uno de los valores más preciados) y que haya bienestar y prosperidad en tu hogar, que no falte el pan en tu mesa y al menos unas cuantas monedas en tu bolsillo.

Ciudad de México a 10 de enero de 2022.- Ante la novedad de que SEDATU busca ahora contratar bajo la figura de outsourcing el servicio de vigilancia para sus inmuebles y a raíz de la ineficiencia que ha mostrado el Servicio de Protección Federal (SPF), ahora el nuevo titular de la dependencia debe cumplir con el compromiso del Presidente, pues actualmente es una incongruencia que el SPF subrogue servicios a empresas de seguridad privada, afirmó el Lic. Raúl Sapién, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C.
Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en su momento que en los últimos gobiernos proliferó la contratación de servicios de seguridad privada para resguardar dependencias públicas, pues para ese fin se había creado el Servicio de Protección Federal. Resulta incoherente que ahora el SPF solicite que participen empresas de seguridad privada, a través de una subrogación, para cuidar a todas estas instancias federales.
Todo ello genera una doble incoherencia con la reforma en materia laboral, pues no está permitido que empresas o giros del mismo rubro se intercambien recurso humano, porque se cae en una figura de outsourcing de nueva cuenta; es decir, una empresa de seguridad privada no puede vender servicios de seguridad privada a otra empresa de la misma naturaleza.
El Lic. Sapién enfatizó que el Servicio de Protección Federal, como una institución de seguridad pública, tiene como función inherente prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los órganos de carácter federal de los poderes legislativo y judicial y demás instituciones públicas que así lo soliciten, más no la de prestar servicios “costosos” de seguridad privada.
Agregó que el SPF se vale de recursos públicos para sus uniformes, escudos, armas, patrullas, radio comunicaciones, instalaciones, etcétera, pero, a la vez, cobra por sus servicios de seguridad. Esto crea una figura híbrida, pues con ello se salta la clasificación correspondiente.
Son policías, pero pierden la función de seguridad pública. Ante esta problemática, el Gobierno Federal debería desaparecer al Servicio de Protección Federal o en todo caso, encausar a este organismo para que se enfoque únicamente en brindar seguridad a las dependencias públicas que le competen, explicó Raúl Sapién, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C.