Patricia Aguilar Pardo. Veracruz, Ver., 9 de diciembre 2021.- Diferentes cuerpos de emergencia y corporaciones policíacas se concentraron en las afueras del Obispado de Veracruz, luego que se registró el reporte de un incendio en este lugar, que se encuentra en la zona del Malecón de esta ciudad.
La llamada de auxilio se registró poco después del medio día, en cuando una pipa llegó a surtir de gas a las instalaciones del Obispado, ubicado en Insurgentes veracruzanos casi esquina con Landero y Coss, a un costado del mercado de Artesanías.
Refieren algunos testigos, que justo cuando el empleado de la empresa gasera conectó la manguera a la válvula del Obispado, se produjo el flamazo que se escuchó como una fuerte explosión, por lo que de inmediato, el empleado desconectó la manguera.
Aún así, el fuego alcanzó parte de una instalación eléctrica en la parte alta del mercado, aunque no hubo afectaciones mayores ni personas lesionadas, sólo el tremendo susto de los presentes que despavoridos corrieron en busca de refugio.
Minutos más tarde al sitio arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos, policías y Tránsito Municipal, quienes acordonaron el área y cerraron la circulación por la zona, hasta que se comprobó que no había ya ningún riesgo para la población.
Afortunadamente la situación no pasó a mayores y sólo fue un flamazo que no provocó mayores afectaciones.
XALAPA, VER.- El diputado Ramón Díaz Ávila presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que prevé derogar el párrafo segundo del artículo 331 del Código Penal para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo de modificar las penas establecidas para los delitos en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.
Al hacer uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo (PT) indicó que se debe estar a favor del derecho a la dignidad humana; sin embargo, las sanciones establecidas en el mencionado artículo pueden considerarse excesivas al imponer penas de cinco a siete años de prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.
"Es momento de valorar la pertinencia de la vigente norma, ya que en el fondo pareciera que se pretende restringir libertades, pretextando la lucha contra grupos delincuenciales, pero que en la práctica ponen en riesgo las libertades y, por ende, los derechos humanos de las y los veracruzanos", señaló.
Ramón Díaz Ávila agregó que "la reforma a este artículo ha provocado abusos de las autoridades, quienes, con los mínimos elementos jurídicos, ponen a disposición de la autoridad a ciudadanos indefensos que tienen como único medio de prueba su palabra".
Además, dijo el Diputado, la parte acusadora o autoridad en este tipo de delitos, la parte investigadora y el juzgador pueden tener interpretaciones a libre albedrío, lo que pone al acusado prácticamente en indefensión al pasar por tres instancias distintas; además, debe prevalecer una penalidad acorde con la gravedad de los delitos que se cometen, haciendo valer la aplicación justa de la ley.
Insistió en que debe preservarse el estado de derecho de las y los ciudadanos e impedir que subsistan preceptos que limiten sus libertades, por lo que puede evitarse la criminalización de las personas a través de actos interpretativos y racionales, que motivan y alientan la fabricación de delitos.
Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán.
XALAPA, VER.- Ante la próxima conclusión del periodo constitucional de las autoridades municipales 2018-2021, el presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, diputado Sergio Lenin Guzmán Ricardez, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para hacer del conocimiento de todos los ayuntamientos del estado que, de octubre a diciembre del año en curso, están suspendidos los trámites para enajenación y transmisión de bienes, así como el uso o disfrute de éstos.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la fracción XVI del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: "En el caso de las solicitudes de enajenación, transmisión de la posesión o dominio de bienes, durante el último año del período constitucional de la administración municipal, éstas sólo podrán autorizarse hasta tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno correspondiente".
Por otra parte, el legislador Guzmán Ricardez plantea comunicar a las autoridades municipales que se podrá dar continuidad a las solicitudes presentadas antes del trimestre octubre-diciembre de este año, si las administraciones en funciones para el periodo 2022-2025 lo hacen constar por escrito a este Poder Legislativo, a través de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.
En su intervención, el Diputado del Grupo Legislativo de Morena recordó que, al término de las administraciones, los bienes públicos municipales frecuentemente eran enajenados de manera desproporcionada y sin justificación relacionada con el interés público.
Por lo anterior -indicó-, este Congreso reguló las acciones para favorecer la transparencia y el uso de la atribución tanto del Poder Legislativo como de los municipios para enajenar los bienes públicos durante el último trimestre del año final de las autoridades locales.
Explicó que con esto no se impide la facultad de los ayuntamientos para determinar las enajenaciones que cumplan con la norma establecida, sino que se da más transparencia a esas acciones a fin de que no se incurra en el abuso de enajenar los bienes precisamente cuando los ayuntamientos están por concluir sus funciones.
Para el trámite legislativo correspondiente, el Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
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