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Alejandro Ávila/Boca del Río, Ver.- El DIF Municipal de Boca del Río, consiguió el resguardo de dos de los cuatro niños que se encontraban presuntamente encadenados en la colonia Cándido Aguilar.

La directora del DIF de Boca del Río, Yamileth Herrera Díaz comentó que recibieron el reporte de cuatro menores, sin embargo, en el domicilio solo encontraron a dos.

En compañía de la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Boca del Río, y con el apoyo de la Fiscalía como de la Policía Municipal, ingresaron a la vivienda para sacar a los pequeños.

Yamileth Herrera expuso que, las condiciones en las que se encontraban los pequeños eran de extrema pobreza e insalubridad.

"Los dos pequeños se veían con mucho tiempo de haber estado amarrados, y obviamente parecía que no habían ingerido alimentos, tampoco bebidas, e inmediatamente se procedió a llevarlos a la Fiscalía para poder presentar la denuncia correspondiente para la integración de la carpeta de investigación", apuntó.

Sobre los otros dos menores que fueron reportados, dijo que tuvieron referencia de que el pequeño de 8 años se encontraba en la calle, probablemente pidiendo dinero o realizando alguna actividad para poder llevar algo de sustento a su hogar; mientras que del cuarto menor de edad, tuvieron conocimiento de que se encontraba en casa de unos familiares, y se procederá a ver en qué condiciones se encuentra.

"Inmediatamente que encontramos a los menores los presentamos a Fiscalía, y obtuvimos el resguardo temporal, por el momento, al tercer menor empezamos con la búsqueda con la Policía Municipal, ya apareció el tercero de 8 años, hasta el momento está integrando todas las medidas correspondientes para poder obtener el tercer resguardo judicial, y hasta el momento es todo lo que tenemos avanzada", puntualizó.

La directora del DIF Municipal de Boca del Río dijo qué, al más pequeño se la encontró omisión de cuidado, mientras que el segundo en edad, sí presentaba huellas de violencia.

"Ahorita se encuentran en una revisión médica, al parecer sí hay una discapacidad, ambos no escuchan, no hablan, probablemente sea sordomudos, la mamá es sordomuda, el papá tiene una discapacidad auditiva, alcanza a escuchar muy poco y también se comunica pero es que el único que ha alcanzado a comunicarse", subrayó

Detalló que este viernes se les harán pruebas psicológicas, así como un estudio de trabajo social, para tener todo lo concerniente a las acciones legales que vaya a necesitar la Fiscalía para poder emitir una medida.

XALAPA,VER.- Con 42 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, este Congreso aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, para que la Agenda 2030 y sus objetivos sean considerados desde la planeación de los programas de trabajo de las comisiones permanentes y especiales del Congreso del Estado de Veracruz, así como en la transversalización de los productos legislativos que aquí se generen.

El Dictamen que reforma el párrafo cuarto del Artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el párrafo primero del Artículo 65 y la fracción II del Artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deriva de la Iniciativa presentada el 2 de mayo de 2022 por el diputado Luis Antonio Luna Rosales.

A partir de esta reforma, es obligación de las comisiones permanentes y especiales publicar su Programa Anual de Trabajo, que incluirá la contribución que en los mismos se proponga para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030, así como las convocatorias, órdenes del día y documentos de apoyo, con 24 horas de anticipación a cada sesión.

Además, los dictámenes, que podrán ser en sentido negativo o positivo, deberán señalar los fundamentos jurídicos que los motiven; los antecedentes de los asuntos materia de los mismos; un apartado con las consideraciones que los integrantes de las comisiones estimen necesarias para justificar la procedencia o improcedencia de lo propuesto; y el proyecto de resolución que corresponda. Los dictámenes relativos a iniciativas de ley o decreto deberán enunciar, en su caso, en el apartado de consideraciones, la contribución de lo propuesto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030.

En el mismo sentido, las razones en que se funden las propuestas de adición, reforma, derogación o abrogación de una ley o decreto, en las que se incluirán, en su caso, su contribución al cumplimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030.

En el uso de la palabra durante la Décima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, el diputado Luis Antonio Luna Rosales, autor de la propuesta aprobada por el Pleno, dijo que los 17 objetivos de la Agenda 2030 están diseñados de tal forma que la acción en uno de ellos atraerá beneficios en otros.

Explicó que se trata de una agenda que impulsa a terminar con la pobreza, con el hambre en el mundo, apuesta por mejorar los sistemas de salud y bienestar, por la educación de calidad, no deja de lado las acciones para la igualdad de género, reconoce la importancia del saneamiento de los mantos acuíferos y el agua limpia para la vida de las personas, ocuparse de crear energías limpias y no contaminantes, pero también por el crecimiento en industria, innovación e infraestructura, cree necesario invertir y hacer que las ciudades y comunidades sean sostenibles.

La Agenda 2030, manifestó el legislador, reconoce que el crecimiento económico dará lugar a que todas y todos tengamos un trabajo decente y con esto la brecha de desigualdad se verá reducida. Le da importancia a la producción y consumo responsable, también llama a la acción urgente por el clima, la vida submarina y de ecosistemas terrestres, sin dejar de lado la importancia de la paz, la justicia y por supuesto las instituciones sólidas. Todo esto “no puede ser posible sin realizar alianzas entre gobierno, sociedad y sector privado”, aseguró.


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XALAPA, VER.- El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa de Decreto por la que propone, mediante la renovación de distintos ordenamientos de vigencia estatal, reforzar los mecanismos legales de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos del estado, con una mayor participación del Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia.

De acuerdo con el texto, esta iniciativa, además de plantear un reordenamiento de ciertas prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la función de fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los modelos constitucionales y las leyes generales de la materia.

En virtud de esto, con el fin de profesionalizar la función de fiscalización, el legislador plantea fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), frente a la representación popular.

Juan Javier Gómez Cazarín advierte que “el marco jurídico local vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también debe estar siempre sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso”.

Por ello, propone incorporar en el texto de los ordenamientos que indica en su propuesta un mandato al legislador, en el sentido de establecer una Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia, dentro del Congreso del Estado, que coadyuve con esa instancia dictaminadora en la coordinación, fiscalización, vigilancia y evaluación permanentes sobre el desempeño del Orfis, tal y como en la actualidad acontece entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.

Además, a través de un ejercicio de control y optimización del gasto público, propone que la estructura actual de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se transforme en la Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control, redirigiendo los recursos destinados a la actual función de esta Secretaría, en un papel más activo.

Esta iniciativa, explica el diputado Gómez Cazarín, parte de la premisa de que la sinergia de ambas figuras detonará de forma virtuosa la estructura de incentivos de los servidores públicos del Orfis y, en esa medida, se fortalecerá su función fiscalizadora en beneficio de las y los ciudadanos veracruzanos.

De igual forma, propone establecer que el Informe de Resultado se entregue de forma digital, ya que en muchas ocasiones la impresión de los tomos resta tiempo para el periodo de solventación, convirtiéndose en un factor de tiempo que limita a los entes fiscalizables.

Del mismo modo, el legislador expone la necesidad de que los informes que presente el Orfis necesariamente deben ser analizados por la Comisión Permanente de Vigilancia, tanto en el fondo, para conocer el ejercicio del gasto público y el cumplimiento de los programas, como para evaluar el desempeño del propio organismo fiscalizador.

Para esto, la Comisión de Vigilancia, auxiliada por la Unidad Técnica, sería la autoridad del Congreso del Estado facultada para realizar el análisis y la evaluación, así como para presentar las conclusiones y recomendaciones al Orfis, para que, en su caso, se propongan modificaciones o adiciones al informe de resultados, antes de emitir su dictamen.

Destaca también la necesidad de ampliar los alcances del mandato establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, respecto del análisis realizado por la Comisión de Vigilancia a los informes del Orfis, pues –afirma- configura uno de los tres elementos relevantes para la dictaminación de la Cuenta Pública. Los otros dos, añade, son la propia Cuenta Pública y los informes del Orfis.

Finalmente, propone establecer la atribución de que la Comisión de Vigilancia solicite directamente la comparecencia de los titulares de las áreas administrativas de investigación y substanciación del Orfis, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones promovidas; esto, con independencia del informe de seguimiento que el citado órgano debe entregar al Congreso, en los primeros cinco días de marzo y septiembre de cada año.

La Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia.

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