PANAMÁ.- El gobierno de Panamá firmó este viernes la resolución para extraditar al exgobernador mexicano Roberto Borge, quien fue detenido en junio cuando se disponía a volar a París y que México quiere procesar por corrupción.
"La resolución, que tiene fecha de ayer, fue firmada este viernes por el presidente, Juan Carlos Varela, y la vicepresidente y canciller, Isabel de Saint Malo", explicó la directora de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mónica de León.
La resolución, que se publicó el viernes en la Gaceta Oficial, fue firmada una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara tres hábeas corpus y un incidente de objeciones presentados por la defensa del político mexicano.
El exgobernador ya no tiene más recursos posibles para evitar su extradición a México y permanecerá detenido hasta ser trasladado a su país.
"México tiene ahora un máximo de 30 días para venir a buscarle", apuntó De León.
Borge, quien fue gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue arrestado a principios de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando iba a tomar un vuelo hacia París.
La Cancillería de Panamá aprobó el pasado 18 de septiembre la extradición de Borge, una decisión que fue recurrida por la defensa del exgobernador.
Borge, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de distintos delitos de corrupción cuando gobernaba Quintana Roo, estuvo unos meses detenido en la cárcel de El Renacer, a orillas del canal interoceánico, pero fue trasladado el pasado 21 de septiembre a la sede central de la Policía Nacional por existir riesgo de fuga, según las autoridades.
La defensa del político, a quien el pasado junio el PRI le expulsó de sus filas, denunció el traslado y recurrió las condiciones de detención a través de tres hábeas corpus que finalmente fueron rechazados la semana pasada.
El abogado Carlos Carrillo explicó el mes pasado que la celda en la que se encuentra Borge mide cerca de "dos metros cuadrados" y es una especie de "cárcel clandestina" que no depende del Sistema Penitenciario, sino directamente del director de la Policía Nacional.
Según la PGR, el exgobernador está implicado en la venta de terrenos del Estado a través de testaferros a precios inferiores a los del mercado y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.
Fuente: EFE/Expansión MX
