Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a vetar la ley de seguridad interior, al considerar que puede respresentar un riesgo para la vigencia de las garantías fundamentales.

En caso de que el presidente desoiga éste y otros exhortos que se han expresado en distintos sectores nacionales e internacionales, la CNDH, señaló el ombudsman, hará uso de su atribución constitucional e interpondría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la norma aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión.

En entrevista tras la presentación del informe "Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México", González Pérez dijo que el organismo a su cargo, sí escuchará las voces de todos los sectores -no como evitó hacerlo el Congreso- para ofrecer argumentos para la inconstitucionalidad.

"La CNDH ha iniciado el análisis constitucional y convencional (porque también debe cumplir los estándares internacionales) para que en su momento pongamos en su caso esa acción y sea la Corte la que determine en última instancia los artículos o la propia ley que pudiera ser motivo de la misma. Vamos a tomar en cuenta lo que muchos actores han señalado, nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Iberoamericana y la de Guadalajara, así como varias organizaciones de la sociedad civil".

Planteó que el objetivo es buscar una mayor certeza de la norma aprobada por el Congreso.

Dijo que no se agota en una ley como ésta el tema de la seguridad. “Que nos respondan a la sociedad mexicana si esto resuelve el tema de la seguridad. Que yo recuerde entre los pendientes, el modelo de procuración de justicia, las fiscalías que hoy son autónomas, preguntémonos si se han modificado, si el modelo policial está determinado, si se ha buscado fortalecer la capacitación de los operadores en el nuevo sistema de justicia penal, es decir, hay una integralidad. Lo que buscamos los actores es tener un espacio más amplio para construir, cómo se construyó la ley de personas desaparecidas, de la mano de la sociedad”.

Fuente: La Jornada