Marytere Narváez/Agencia Informativa Conacyt/ Mérida, Yucatán.- La justicia tuvo un rol mediador durante varios siglos, pese a que en la actualidad no es bien vista e inspira desconfianza entre el grueso de la población mexicana.
Con el objetivo principal de comprender el deterioro de las relaciones entre justicia y sociedad mexicanas a lo largo del tiempo —desde la época colonial hasta la actualidad—, investigadores mexicanos y franceses desarrollan el proyecto binacional Justicia y sociedad en México, siglos XVIII a XXI, época en que las reformas que tendían hacia la modernización y la profesionalización del mundo judicial debían generar confianza y legitimidad.
El proyecto cuenta con el financiamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Francesa, a través del programa ECOS-NORD.
Para los miembros del proyecto —donde Laura Machuca Gallegos, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Peninsular, coordina la parte mexicana—, el proceso del divorcio entre la justicia y sociedad data del siglo XIX, y a pesar de que en el siglo XX hubo una seria profesionalización, ya no fue posible generar confianza en el público
Actores clave en la impartición de la justicia
Entrevistada por la Agencia Informativa Conacyt, Machuca Gallegos describe que como parte del proyecto, la justicia se estudia desde la perspectiva de la nueva historia del derecho, cuyos historiadores —como Carlos Garriga o Alejandro Agüero, por citar a algunos y sintetizando sus ideas— rebasan la noción de Estado y se enfocan en la cultura jurisdiccional (diferentes formas de ejercer y gestionar el poder y la justicia), entendiendo justicia como la voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde
Por tanto, es de gran importancia ver el problema de la justicia desde los actores sociales, sus prácticas y las diferentes formas como solucionaban los conflictos. Además, las prácticas de justicia son variadas y han cambiado a lo largo de los siglos.
“El concepto de sociedad es importante porque alude a un espacio y tiempo específico, es decir, no se estudian las prácticas de justicia en general sino en coyunturas específicas”.
Este proyecto cuenta con varios investigadores asociados tanto del lado francés como mexicano y cada uno analiza diversos espacios y tiempos. Los dos equipos han estado trabajando sobre México central y otras regiones periféricas con el propósito de desarrollar comparaciones.
“Han interesado dos aspectos: la elaboración del perfil de los jueces y las prácticas judiciales reconstruidas a partir del análisis de los procesos civiles. Interesan las perspectivas de los actores sociales y por eso se trabaja desde la microhistoria y la infrajudicialidad (las prácticas que se solucionaban a nivel local, sin pasar por un juez letrado, como el alcalde conciliador)”.
Hasta el momento, el estudio ha demostrado que las prácticas “infrajudiciales” eran más comunes de lo que se pensaba, arreglarse entre partes era más barato y menos desgastante que un juicio ante tribunales.
“Consideramos que podemos hacer un aporte importante a la materia desde dos miradas preocupadas por el mismo problema, quizá buscando en la historia se puedan sugerir soluciones para problemas actuales”, apunta la doctora Machuca Gallegos.
El proyecto se encuentra en fase intermedia y el próximo año saldrá un dossier de revista con los avances de la investigación. Cuenta con la participación, por la parte mexicana, de la doctora Gabriela Torres Mazuera, antropóloga de CIESAS Peninsular; la doctora Daniela Marino, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); y de la parte francesa, coordina el Dr. Michel Bertrand, director de la Casa de Velázquez (Madrid), la doctora Evelyne Sánchez, del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de la Universidad Toulouse-Jean Jaurès, en Francia, el doctor Guillaume Gaudin de la misma universidad y la doctora Soizic Croguennec, de la Universidad de Guyane. Además participan estudiantes en formación doctoral.
Los subdelegados, poderes intermediarios en la monarquía hispánica
Machuca Gallegos se ha enfocado también en el estudio de los subdelegados, quienes fueron los funcionarios implantados por la Corona Española en una buena parte de las provincias americanas a partir de 1786, para sustituir a los antiguos alcaldes mayores, corregidores o capitanes a guerra (en el caso yucateco).
De acuerdo con la investigadora nacional nivel II, estas eran las autoridades encargadas de un territorio y tenían injerencia directa en los pueblos de indios. Mientras que para un grupo de historiadores no hubo diferencia entre los alcaldes mayores y los subdelegados, pues ambos trataban de sacar provecho de la población indígena que les tocaba gobernar. Para Laura Machuca la realidad en el tiempo de los subdelegados fue más compleja, propuesta que busca mostrar en el libro que está preparando sobre Yucatán.
“Es decir, no se puede negar que hubo explotación de la mano de obra indígena, pero también hubo preocupación por la gestión de la policía y la obra pública. No se trata de afirmar que fueron buenos o malos, solo de enmarcarlos en sus contextos y tareas”.
La investigadora parte de la idea de que estos funcionarios secundarios de la administración española jugaron un papel de capital importancia como intermediarios entre la población indígena y los funcionarios superiores de la intendencia.
Los intendentes proponían una terna de candidatos y correspondía al virrey elegir al candidato que debía ser sancionado en España; mientras que los subdelegados servían cinco años y solo podían ser removidos por una causa justificada.
“Lo importante de estudiar la monarquía y las reformas que implantaron durante el siglo XVIII es la lectura que se le dio a nivel local, las diferentes dinámicas y respuestas que generó, de ahí que cada lugar tenga sus particularidades. Yucatán tenía las suyas, muy específicas”, finaliza.
