Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presidió una reunión con especialistas en la materia para analizar la iniciativa de Ley Especial de Adopciones Anticipadas y el decreto que reforma el artículo quinto de la Ley de Adopciones en el Estado de Veracruz, presentados por la diputada Montserrat Ortega Ruiz durante la Octava Sesión Ordinaria, del Primer Periodo de Sesiones.

La iniciativa que persigue proveer de opciones a las mujeres embarazadas que deseen dar en adopción a su hijo o hija, fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia que preside la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez y a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Durante la reunión, la diputada Brianda Kristel entregó a los asesores de las diputadas Deisy Juan Antonio -secretaria- y Montserrat Ortega Ruiz -vocal-, un pronunciamiento que elaboraron en conjunto, a favor de las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la Atención hacia las Personas Integrantes de las Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, para fortalecer y garantizar el respeto de sus Derechos Humanos, evitando se incrementen entornos inadecuados que vulneran sus condiciones de igualdad y no discriminación.

Del mismo modo y ante la presencia de expertos en la materia, la legisladora del Distrito XXIV, informó sobre la propuesta de iniciativa popular, enviada por integrantes del Comité de Difusión de los Derechos Humanos, que adiciona a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para incluir la figura de defensor municipal de derechos humanos.

A esta segunda reunión de la Comisión de Derechos Humanos, acudieron Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDH); Yolanda Olivares Pérez, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres; María Elena García Filobello, encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso de Veracruz y Adolfo Gutiérrez de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobierno.

Xalapa, Ver.-La presidenta de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso de Veracruz, diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, encabezó los trabajos de la segunda reunión para la actualización de la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH-Sida en el Estado de Veracruz, en la que se presentaron diversas propuestas, encaminadas a revisar y actualizar ese ordenamiento legal.

Asistió a la clausura de esta reunión, el Secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, quien manifestó su apoyo institucional a este tipo de iniciativas, y anunció que está en proyecto, por parte del área a su cargo, una jornada de atención, prevención y difusión de este problema de salud, que permita sacar a Veracruz de las estadísticas negativas en este tema.

También participó la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, quien destacó lo importante que es, para los jóvenes, educarlos y orientarlos en el tema, como lo es el evitar se sigan cometiendo acciones discriminatorias en contra de los portadores de esta enfermedad.

Asimismo, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, se sumó a los trabajos de este grupo multisectorial, en el que expresó su respaldo a los trabajos del mismo, y ofreció crear una propuesta sobre el tema, que permita presentar una iniciativa de reforma debidamente estructurada, ante el pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado.

En esta segunda reunión de trabajo, asistieron y aportaron sus propuestas: la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, María Elena García Filobello; la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez y por el CIESAS Golfo, Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Martha Patricia Ponce Jiménez, quienes se pronunciaron por tomar en cuenta, en la redacción de esta Ley, las nuevas normas para enfrentar este problema de salud y las consideraciones de los organismos internacionales en la elaboración de leyes en esta materia; y resumieron el proceso por el cual pasó el presente marco legal.

Entre los acuerdos más importantes destaca la integración de un grupo multisectorial, que tendrá la responsabilidad de trabajar en la elaboración final de la iniciativa, después de haber revisado las propuestas de los organismos e instituciones involucradas y se citó a la próxima reunión de trabajo, a celebrarse el próximo 8 de febrero, en las instalaciones del IVM.

Será en esta próxima reunión en la que se conocerán los nombres de los integrantes de la comisión de trabajo, que tienen como meta elaborar una propuesta final para presentarse en el Segundo Periodo de Sesiones de la LXV Legislatura estatal, que iniciará a partir del 2 de mayo del presente año, en la que se dijo contará con las aportaciones de personas que padecen esta enfermedad, como de los colectivos y organismos ciudadanos.

Patricia Aguilar Pardo. Veracruz, Ver.-Sin previo aviso, el hasta ayer fuera subdelegado de la Secretaría de Economía Alejandro Palma Fragoso, fue retirado de su cargo, con él otros funcionarios fueron removidos de su cargo.

Palma Fragoso narró que se presentó esta mañana en la oficina de esta dependencia con sede en Boca del Río, pero le fue negado el paso por una persona de nombre Jesús Vázquez y argumentó que la subdelegación había desaparecido debido a que hubo una modificación en la estructura de la Secretaría de Economía.

"Me negaron el acceso y a otros servidores públicos porque alguien ordenó cerrar con llave. Me dejan en estado de indefensión porque no se me ha comunicado quién sustituye a mi superior jerárquico ni se ha publicado en el Diario Oficial que órgano sustituye a la Coordinación General de Delegaciones Federales", dijo.

El ex funcionario aclaró que ese servidor público no tiene facultades para despedirlo ni mucho menos para restringir su ingreso.

Destacó que no pide liquidación ni indemnización, solo quiere que se le notifique por escrito, que se haga la entrega-recepción y que se reciban los bienes que estaban a su resguardo para que no se les finque responsabilidades si éstos se desvían.