Xalapa, Ver.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, envío al Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Decreto para Reformar la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado a fin de que no sea obligatorio el curso a las personas que realicen el canje o renovación de la licencia tipo "A", solo para las personas que la obtendrán por primera vez.

Actualmente la Ley de Tránsito y Transporte, dispone que para la obtención de la licencia de conducir en la categoría de chofer tipo "A", el interesado deberá aprobar exámenes toxicológicos que aplique la Dirección de Transporte conjuntamente con la Secretaría de Salud del Estado y para mantener la vigencia de esa licencia, debe actualizar su capacitación, aprobando cada dos años el curso que en materia vial imparta la Dirección de Transporte.

Lo anterior, afecta la situación económica en que se encuentran las personas que se dedican al transporte público, puesto que al acudir a realizar el curso, no tan solo no obtienen los recursos económicos para satisfacer sus necesidades prioritarias, como son los alimentos, sino que también se les genera un gasto al tener que pagar los derechos relativos por el curso de capacitación, que ascienden a 2.1205 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

Xalapa, Ver.- La diputada María Elisa Manterola Sainz presentó una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 474 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz con el propósito de generar seguridad jurídica a los poseedores de inmuebles del fundo legal municipal que tienen en posesión desde hace muchos años.

De esta manera, la legisladora plantea que solo en caso de que se acredite fehacientemente que la posesión del predio la haya obtenido diez años o más anteriores a la solicitud, el precio de la venta se ajustará al inicio de aquella, mediante avaluó referido verificado por la oficina de catastro municipal.

Indicó que el artículo 446 del citado Código dispone como atribuciones de los Ayuntamientos el intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio; determinar el valor de los lotes de su propiedad susceptibles de enajenación, considerando su ubicación y calidad. En ningún caso su valor será inferior al valor catastral o fiscal.

Dijo que esta circunstancia impide en algunos casos resolver con equidad y justicia la situación que priva en diversas familias veracruzanas, porque el valor catastral o fiscal es exorbitantemente más alto que cuando lo obtuvieron, ya que existen terrenos del fundo legal que están en posesión de familias que van de los diez a los 30 años y en muchas ocasiones manifiestan no tener la capacidad económica para realizar la compra del predio de fundo legal que habitan

Destacó que si bien en la práctica muchos municipios asignan un valor simbólico a los predios que se enajenan bajo estas condiciones, también es cierto que su especificación en la norma, da garantía y certeza plena a los poseedores de los mismos.

La diputada expuso que esta medida pretende dar solución a la problemática que se presenta en un gran número de familias que no cuentan con escrituras de sus predios, las cuales han habitado durante años y que por este motivo se ven imposibilitadas de acceder a programas de apoyo a la vivienda, además de diversos problemas que trae consigo no contar con un documento que certifique la propiedad de los inmuebles.

Xalapa, Ver.- La diputada Guadalupe Osorno Maldonado, se pronunció en torno a la problemática no atendida de los ex trabajadores de la policía intermunicipal de los Ayuntamientos de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla.

En tribuna la legisladora señaló que los extrabajadores no sólo fueron violentados en sus derechos laborales, al negárseles la liquidación a la que tienen derecho, sino que posteriormente denunciaron acoso y amenazas por parte de funcionarios estatales, que les plantearon dos caminos: firmar sus renuncias aceptando finiquitos desacordes a sus años de servicio, o bien, someterse a controles para evaluar sus capacidades e integrarse a la nueva policía estatal.

Dijo que los trabajadores han venido luchando por sus derechos laborales, exigiendo que se cumpla la ley con relación a su antigüedad de servicios prestados y su recontratación inmediata.

Señaló que la falta de cobertura en salud, de estabilidad económica, de certeza respecto a su situación laboral y todas las consecuencias que acarrea un problema de esta magnitud, han permeado la vida de cada uno de los y las policías que se encuentran en esta situación.

Por lo tanto, no sólo se trata de un asunto laboral, sino de una ruptura en el bienestar mismo de los afectados y sus familias que requiere apoyo del Gobierno y del Congreso del Estado para dar seguimiento y fallo a los problemas de los ex policías, concluyó.