Xalapa, Ver.- La Diputación Permanente dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformar y adicionar una fracción al artículo 19 del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado para señalar que la Dirección de Servicios Jurídicos tendrá la atribución de certificar documentos que obren en el Archivo General del Congreso del Estado, y en las unidades administrativas del poder legislativo, a solicitud de dichas unidades, o para los asuntos consultivos, o contenciosos y jurisdiccionales de los que el Congreso es parte.

La propuesta señala que una de las funciones del Congreso es la de asegurar que cuando se solicite información impresa que haya sido emanada de cualquier Legislatura, cumpla con la certeza de ser verídica y más aún, que exista físicamente, ya sea, en el Archivo General del Congreso o en cualquiera de las unidades administrativas de este Poder Legislativo.

Aun cuando la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorga la facultad de llevar a cabo una certificación documental a la Secretaría de Servicios Legislativos las condiciones actuales de la administración pública exigen que el proceso de certificación sea pronto y expedito; por lo que no debe permanecerse ajenos ante esta situación, ya que los trámites contenciosos jurisdiccionales cobran gran importancia, pues están de por medio bienes jurídicos de este poder, agregó.

Es imprescindible dotar a la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de la facultad de poder emitir certificaciones, con el objeto de hacer más ágiles sus actuaciones en lo informativo y querellante, coadyuvando así a las tareas del Congreso en beneficio de la sociedad y de la propia Soberanía.

Xalapa, Ver.- El diputado José Kirsch Sánchez presentó una iniciativa para reformar el artículo 179 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz para señalar como infracción de quienes presten servicios educativos condicionar el pago de cuotas o cualquier contraprestación en instituciones públicas de educación básica y medio superior, la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos y alumnas.

En la sesión, el legislador indicó que esta medida tiene como fin garantizar el acceso a la educación, coadyuvar en la eliminación del rezago educativo y salvaguardar los derechos humanos de los niños, jóvenes y adultos al acceso a la educación.

En la exposición de la iniciativa, el diputado Kirsch Sánchez refirió que de acuerdo a reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); Veracruz se ubica en cuarto lugar de rezago educativo a nivel nacional, lo que representa la cuarta parte de su población que no tiene acceso a estudios, siendo el factor determinante la falta de recursos económicos para continuar estudiando.

A lo anterior, agregó, se suma el informe de CONEVAL respecto a las cinco entidades que aumentaron su porcentaje de población en situación de pobreza entre 2014 y 2016 y que son: Veracruz 58 por ciento en 2014 a 62.2 por ciento en 2016; Oaxaca de 66.8 por ciento en 2014 a 70.4 por ciento en 2016; Tabasco de 49.6 por ciento en 2014 a 50.9 en 2016; Chiapas de 76.2 por ciento en 2014 a 77.1 por ciento en 2016 y Campeche con 43.6 por ciento en 2014 a 43.8 en 2016.

El diputado manifestó que múltiples indicadores nacionales e internacionales revelan que existen graves problemas en el acceso a la educación, la desigualdad de oportunidades en el servicio educativo y la desigualdad en la calidad de la educación impartida en las instituciones públicas y privadas en el país.

De esta manera –añadió Kirsch Sánchez- es urgente promover parámetros de calidad en la educación pública y privada que vinculados con financiamiento permitan sea accesible la educación básica y media superior de calidad para todos los grupos socioeconómicos.

Xalapa, Ver.- La diputada María del Rocío Pérez Pérez, presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que el proyecto de Ley General de Biodiversidad sea modificado y rediscutido en pro del medio ambiente, generando debate y análisis a nivel nacional con expertos y la sociedad en general sobre el tema.

En tribuna, dijo que la Ley General de Biodiversidad, busca quitar la vigencia de la Ley General de Vida Silvestre y complicaría la aplicación de las Leyes Generales de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la de Cambio Climático; la de Desarrollo Forestal Sustentable; la de Pesca y Acuacultura Sustentables y la de Desarrollo Rural Sustentable.

Esto, modificaría totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales en el territorio mexicano, generando un vacío legal que podría ser aprovechado por las empresas privadas para explotar las áreas naturales.

Asimismo solicita que se consulte, en atención al marco jurídico, a los pueblos y comunidades indígenas de todo el país.