Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- Es necesario establecer diálogo con los diputados locales sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal para obligar a los comerciantes instalar cámaras de vigilancia en sus negocios conectados al C4, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Xalapa, Gerardo Libreros Cobos.

 

Entrevistado previo a la entrega de 31 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública provenientes del Programa a la Comunidad y Medio Ambiente de Pemex (PACMA), el representante de los comerciantes en Xalapa, afirmó que no saben en qué momento serán convocados por los diputados locales para reunirse y aclararles que no están en contra de la ley.

 

Sin embargo, buscan que no se apliquen multas en caso de no poder cumplir con todos los requerimientos que exigiría.

 

"No debe de ser una Ley que castigue, porque sí se está vislumbrando que va a haber multas, que va a haber una serie de obligaciones que si no se cumplen, sí pueden afectar económicamente a los empresarios. La Ley es un poco ambigua y decíamos que no todo se va a regular en la Ley y que iba a haber un reglamento, pero también desconocemos el reglamento y estamos con los ojos cerrados respecto a esta iniciativa, y lo que queremos es aterrizar unos puntos que nos interesan en particular".

 

Y es que, dijo, cada una de las cámaras de vigilancia costaría más de dos mil pesos a los empresarios, debido a que son especiales para poder hacer una conexión directa al C4 y ellos puedan monitorear las 24 horas, por lo que con esto y otras cuestiones más, representaría un gasto extra de entre 6 y 7 mil pesos mensuales.

 

Asimismo, desconoce si el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo tiene la infraestructura para poder vigilar el 100 por ciento de los establecimientos.

 

"El problema no es tanto los equipos, las videocámaras ya un 80 por ciento de los negocios cuentan con video vigilancia, el problema es para los giros mercantiles de mediano y alto impacto los cuales tendrán que contratar elementos de seguridad capacitados, botón de alerta empresarial, cámaras que se conecten al C4 y tenemos la duda si el C4 tiene la capacidad para recibir todas las señales de los negocios", finalizó.

Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- Hasta el momento no existe notificación en la Fiscalía General del Estado de un amparo promovido por Karime Macías Tubilla, contra una averiguación previa iniciada en su contra, aseveró el fiscal, Jorge Winckler Ortiz.

 

Entrevistado posterior a la entrega de 31 patrullas del Programa PACMA de Pemex donadas al Gobierno de Veracruz, el funcionario indicó que estarían esperando a que sean notificados.

 

"No sabemos qué tipo de amparo promovió ella, si hubiera alguna investigación en contra de la señora Karime y ella quisiera conocer, tendría que venir personalmente".

 

Hay que recordar que fue el pasado 27 de febrero cuando la expresidenta del Sistema DIF Estatal y esposa de Javier Duarte de Ochoa interpuso una demanda de amparo ante el juez Decimotercero de Amparo Penal en la Ciudad de México, donde acusa a la Fiscalía General de negarse a informarle de una averiguación previa iniciada en diciembre de 2017.

 

Dicha investigación, que el Fiscal evitó reconocer o rechazar, sería por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

 

Por otra parte, cuestionado en torno a la carta que envió desde el Reclusorio Norte por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa a la Procuraduría General de la República, indicó que tendrá que verlo con la PGR y de querer declarar ahí, lo puede hacer.

 

"Nosotros estamos investigando todo el tema de desaparición forzada y llegaremos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. En el ámbito de competencia, cada una de las instancias tiene sus facultades".

 

Cuestionado en torno a si Duarte de Ochoa o sus abogados han solicitado en dos ocasiones información sobre si hay o no investigaciones en su contra respondió que ha hecho uso de todos los elementos legales para defenderse en sus procesos.

 

"Todos tienen derecho a defenderse, a mandar cartas, recursos, presentar amparos, todos tienen derecho a presentar sus peticiones de información, como hacen hasta los periodistas".

 

Finalmente, reconoció que la fiscalía está obligada a dar respuesta fundada y motivada a cualquier ciudadano.