Veracruz, Ver; 27 de febrero de 2020.-El Carnaval de Veracruz 2020 congregó a más de 600 mil turistas y más de 1 millón de personas asistieron a los diversos eventos realizados en el marco del Carnaval, con lo que se alcanzó una cifra de hasta 135 mil asistentes a los desfiles y 35 mil asistentes en promedio en los eventos masivos, dio a conocer esta mañana el Presidente Municipal Fernando Yunes Márquez.
En la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, el munícipe ofreció un reporte de los resultados obtenidos durante el Carnaval y el Operativo implementado por el Ayuntamiento, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.
Informó que hubo saldo blanco, ya que las actividades se desarrollaron en perfecto orden y tranquilidad, por lo que en materia de seguridad sólo se realizaron 110 detenciones por faltas administrativas.
En cuanto a la derrama económica, dijo que, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio Servytur de Veracruz (Canaco), se alcanzó la cifra de 260 millones de pesos por parte del comercio establecido y en el sector restaurantero se alcanzó los 26 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Asimismo, se favoreció a la economía porteña al otorgar la mayoría de los permisos a comerciantes locales con lo que se impulsó la económica del puerto, además de tener un mayor control sobre el comercio para la temporada. Estas acciones se vieron reflejadas al otorgar 567 permisos de temporada, esto es, un 19% menos en comparación con el año pasado.
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Veracruz-Boca del Río, dio a conocer que se alcanzó una ocupación del 86 por ciento en promedio durante el fin de semana, esto gracias a los trabajos coordinados entre iniciativa privada y este Ayuntamiento.
El alcalde también informó que, a través del DIF Municipal de Veracruz, se realizaron 31 apercibimientos a familias que se encontraban vendiendo en compañía de menores y se brindó atención a 10 menores de edad extraviados, logrando que todos regresaran con sus familias en el mismo lugar al ser ubicados.
Por otra parte, la Dirección de Gobernación, y en coordinación con las diferentes fuerzas del orden de diversos niveles de gobierno, desplegó personal operativo en áreas específicas para llevar a cabo las tareas de vigilancia, monitoreo, control en los accesos y de respuesta inmediata, como parte de los operativos en la Macroplaza para los eventos masivos y a lo largo del Boulevard Manuel Ávila Camacho de manera previa, durante y al final de los desfiles.
También se llevó cabo el operativo Tu Ruta Segura en Carnaval en las esclusas de mayor tamaño y con mayor afluencia de asistentes.
El alcalde reconoció el esfuerzo de los elementos de la Marina, Secretaría de Defensa Nacional, Policía Federal, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Policía Naval de Veracruz - Boca del Río, Protección Civil Estatal y Municipales, y l Policía, Gobernación, DIF, Tránsito Municipal y Movilidad Urbana.
Así también, agradeció a las personas que asistieron a los desfiles y eventos masivos, y a quienes con su tiempo y dedicación hicieron de éste el Carnaval más alegre, seguro, y limpio del mundo.
“Esta es una fiesta de todos los veracruzanos, es la fiesta más importante del estado de Veracruz y así la seguiremos manteniendo, como la más mejor fiesta del estado para que la gente la pueda disfrutar”.

Ciudad de México._ Después de presentar tres iniciativas referentes al sector marítimo, donde se busca reforma diversas leyes entre la que destaca la Ley de Navegación para eficientar la competitividad, transparencia y productividad de los puertos en México, la Diputada Federal Anilú Ingram se reunió con los integrantes de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros encabezados por su Director General Miguel Ángel Andrade Gómez.

La legisladora veracruzana señaló que esta reunión es de suma importancia ya que las navieras son clave para el comercio exterior, constituyen un sector de servicios esenciales en el mercado de la explotación de recursos y transporte de mercancías marítimos, lo que potencializa el valor de los puertos en México.

La también vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Anilú Ingram resaltó que estas iniciativas que impulsa se dan ante la falta del Plan Nacional de Infraestructura del Gobierno de México y por ende un Plan de Puertos.

"Nos reunimos con las navieras ya que la mejor forma de legislar es escuchando a los agentes involucrados en el comercio exterior para de verdad potencializar este sector que es sin duda pieza clave de la economía internacional a través de las importaciones y exportaciones que diariamente se realizan desde los puertos mexicanos", puntualizó la también secretaria de la Comisión de Infraestructura, Anilú Ingram.

Xalapa, Ver., .- Pese a condiciones climatológicas y cortes de energía eléctrica, ayer se llevó a cabo sesión pública del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). Los comisionados determinaron que esta se realizara hasta que fuera posible su transmisión, para privilegiar la máxima publicidad que debe darse a las determinaciones que toma el órgano garante y cualquier persona pueda conocerlas.

Entre los recursos de revisión resueltos, se encuentra el IVAI-REV/720/2019/I, en el que el Instituto enfatizó que el hecho de que los servidores públicos autoricen dar a conocer su declaración patrimonial no implica el permiso para publicar sus datos personales, ya que para ello debe existir un consentimiento expreso.

El antecedente es una solicitud realizada por una persona al Ayuntamiento de Xalapa para conocer las declaraciones patrimoniales y de intereses de los trabajadores de la administración 2018. A través de su Contraloría, el municipio proporcionó una liga de internet con la información en versión pública, ubicada en la fracción XII de sus obligaciones de transparencia.

Si bien el peticionario se inconformó por considerar que debieron responderle en menos de cinco días –como lo señala la ley– por ser información publicada en internet, el órgano garante analizó que el actuar del sujeto obligado fue correcto, ya que al tratarse de declaraciones debe contarse con la autorización del servidor público; por lo que era necesario realizar el trámite correspondiente ante la Contraloría del Ayuntamiento, por ser el área encargada de resguardar la información y publicarla atendiendo a la voluntad del declarante.

No obstante, los comisionados José Rubén Mendoza Hernández, Yolli García Alvarez y Arturo Mariscal Rodríguez revisaron si lo solicitado se encontraba en el vínculo proporcionado; se accedió a archivos en Excel con hipervínculos a versiones públicas de 229 declaraciones patrimoniales y de intereses en las que consta el consentimiento de hacerlas públicas.

En el apartado denominado “nota” se mencionaba que la versión pública había sido aprobada por el Comité de Transparencia y se daba una liga de internet; sin embargo, al ingresar aparecía un mensaje que decía que el archivo se había eliminado.

Bajo esas circunstancias, los comisionados precisaron que para elaborar versiones públicas es necesario contar con razones y argumentos donde se funde y motive por qué hay datos que deben suprimirse, por ser confidenciales o reservados, y estar avaladas por el Comité de Transparencia, pues con ello se genera certeza en el solicitante de que lo testado cuenta con un estudio previo que garantiza su derecho de acceso a la información y, en su caso, la protección de los datos personales que ahí se contienen.

Para el Instituto, si bien esto no se encuentra expresamente previsto en la obligación de transparencia correspondiente, al ser un paso previo para obtener la información, se debió vincular el acta del Comité a la versión pública de las declaraciones; indicando dónde localizarla, insertarla como hipervínculo en la propia obligación de transparencia o remitirla vía electrónica.

En este expediente resulta fundamental, además, porque la forma en la que se realizó el testado de datos personales fue incorrecta; si bien se ocultaron las opciones marcadas por los servidores públicos, al quedar visibles las restantes, se podía deducir claramente la opción elegida. Por lo que era posible conocer el estado civil y la escolaridad, sin que se tenga la certeza de que la autorización de publicitar su declaración incluya exponer dichos datos.

La escolaridad solo debe proporcionarse si se trata de un requisito establecido en la ley o en la normatividad interna para ocupar el cargo, cuando se advierta del currículum de jefes de departamento o de nivel superior y/o cuando estos se ostenten con grados académicos en documentos oficiales o página del sujeto obligado. El estado civil es información personal sensible cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o a un riesgo grave revelando un plan de vida o preferencias sexuales, por ejemplo; además de ser un dato que por sí solo no contribuye a detectar un incremento no justificable en su patrimonio.

Por ello, se ordenó al Ayuntamiento remitir acta o actas que aprueben la versión pública de las declaraciones patrimoniales o, en su caso, someter a consideración de su Comité de Transparencia la aprobación de la clasificación de información que resulte confidencial, señalando en cada caso qué datos proporcionados por los declarantes son públicos, ya sea porque se cuenta con la autorización, son requisitos para ocupar el cargo o porque deben ser proporcionados al existir posibilidad de conflicto de intereses; mismos que deberán corresponder con los que se testen en las declaraciones.

Al no advertirse el consentimiento expreso de los servidores públicos cuyos datos personales se publicaron, se dio vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para que inicie los procedimientos correspondientes para determinar si se contaba con la autorización y, en caso contrario, sancionar al o los responsables. Toda vez que el responsable de realizar las versiones públicas y someterlas al Comité de Transparencia fue el propio Órgano Interno de Control se vinculó al Cabildo para vigilar su cumplimiento.

En la sesión pública de hoy se emitieron 78 sentencias, correspondientes a 302 expedientes. De ellos, 300 fueron recursos de revisión y 2 fueron denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia.