Xalapa, Ver.- En representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo en relación con la independencia y rendición de cuentas de los entes públicos.

Como único punto, solicitó que se convoque a la Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH) a fin de que comparezca ante esta Soberanía y explique su proceder en la emisión de recomendaciones en materia de violaciones a derechos humanos realizadas por servidores públicos.

Explicó que de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se establece la posibilidad de mandar a llamar a comparecer las veces que sean necesarias, al Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias, así como a los Titulares de los Organismos Autónomos.

“He allí el sustento legal de las solicitudes de comparecencia de los Secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, y del Fiscal General, que ha planteado Acción Nacional; y hoy sumamos a la Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que venga y explique los criterios con los cuales resuelve las quejas de violaciones a derechos humanos”, expresó en Tribuna la diputada del Distrito II de Tantoyuca.

Durante su exposición, consideró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se conduce con poca objetividad y profesionalismo, emitiendo recomendaciones con una prontitud increíble por hechos absurdos, pero se tarda varios años para emitir recomendaciones en violaciones verdaderamente graves.

“Es por ello que se hace necesario que comparezca su Titular ante esta Soberanía y explique los mecanismos que utiliza para la emisión de sus determinaciones”, puntualizó la diputada panista.

Xalapa, Ver.- "Sanciones ejemplares a servidores públicos que han violentado su responsabilidad y los compromisos con el pueblo, es un tema muy importante que espera nuestra sociedad", destacó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro.

Al presidir el Segundo Congreso Nacional "Globalización, Federalismo y Vida Local: El Pensamiento Crítico aplicado a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción", el diputado por el Distrito III de Tuxpan, consideró que lo más importante y lo que más exige el pueblo, es conocer y ver las acciones que se tomen cuando algún servidor público incumpla con sus obligaciones y haga mal manejo de los recursos públicos.

Durante el evento convocado por el Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en Filosofía, Humanidades y Economía A.C., el legislador advirtió que la sociedad en general, espera que sus impuestos se vean reflejados en acciones de gobierno y resultados.

"El combate a la corrupción es una práctica que se está implementando muy en serio en nuestro país, porque ha sido mucho el daño que se le ha hecho a todos los mexicanos, hay que reconocerlo, es un daño terrible que ha prevalecido en nuestro país. La corrupción rebasó el 1.5% del PIB en el 2018, esa cantidad de recursos se desviaron a intereses ajenos a lo que realmente necesita nuestro país", apuntó.

El diputado José Manuel Pozos Castro, se congratuló por la concentración de intelectuales convocada en el auditorio "Sebastián Lerdo de Tejada" y dijo que sin duda representa una excelente oportunidad para discernir muchos temas de actualidad y de interés para la definición de políticas públicas.

Al evento, asistió el Dr. Luis Adalberto Maury Cruz, representante legal del Colegio organizador; el Mtro. Justo Fernández Ávila, representante del sector empresarial; el Dr. Francisco Javier González, asesor jurídico de la Oficina del Gobernador y representante del Gobernador; el Dr. Alberto Cruz Juárez, representante del ámbito académico y el Dr. Juan Carlos Ortiz Romero, representante del Centro Epistemológico Transversal A.C.

Xalapa, Ver.- El diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto "Del Lado Correcto de la Historia", presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaría el Artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, sobre la forma de designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, que establecería un procedimiento y una división clara de poderes.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, expresó que las y los veracruzanos, aspiran a vivir en un régimen de derecho, en el que el imperio de la ley sea lo que prevalezca, más allá de coyunturas políticas, conveniencias de grupos, intereses personales o caprichos cupulares.

Dijo que como representantes de la sociedad, están llamados a realizar un análisis claro de los caminos que permitan de mejor manera conducir a la sociedad por el sendero correcto hacia el progreso y la paz social.

"Uno de los temas que ocupan nuestra agenda, es la relación que debe existir hacía el Poder Judicial, como uno de los tres pilares en los que descansa la división de poderes, tan oportuna en los tiempos de la democracia, pero tan indispensable en los tiempos del autoritarismo", subrayó.

Actualmente –citó-, el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz establece: Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva. Los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución.

La iniciativa que reformaría el mismo artículo, propone lo siguiente:

I. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en un plazo no mayor de cinco días, comunicará al Congreso del Estado la existencia de una o más vacantes;

II. Recibida la referida comunicación, el Secretario General del Congreso, sin ulterior tramité remitirá la misma a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales;

III. La citada Comisión, una vez informada de la ausencia o vacante de la Magistratura, en un plazo no mayor a treinta días, emitirá la convocatoria pública respectiva;

IV. La Comisión se abstendrá de establecer mayores requisitos a los previstos en la Constitución Federal y esta Constitución y, una vez fenecido el plazo de registro, deberá hacer pública la lista correspondiente. En caso de objeción de algunos de las o los candidatos, podrá iniciar un procedimiento abreviado de investigación de ilegibilidad de las o el candidato impugnado, en el entendido que dicho procedimiento no podrá ser mayor a treinta días naturales. Será la Comisión encargada de resolver al momento de emitir el Dictamen de elegibilidad e integración de las ternas respectivas;

V. La Comisión deberá entrevistar en forma pública y mediante los procedimientos más abiertos a las y los aspirantes a ocupar la Magistratura correspondiente;

VI. Las Asociaciones, Barras y Colegios de Profesionistas del Estado y las instituciones de educación superior podrán presentar a la Comisión convocante todos los elementos que consideren necesarios para objetar una o más candidaturas a las Magistraturas. Serán desechadas de plano aquellas que carezcan de elementos mínimos de prueba;

VII. Una vez concluidas las entrevistas y en un plazo no mayor a quince días, la Comisión respectiva elaborará un dictamen de resolución de elegibilidad y propondrá a la aprobación del Pleno, las ternas necesarias para ocupar la o las Magistraturas vacantes;

VIII. Será designado Magistrada o Magistrado quien obtenga las dos terceras partes de los votos de los diputados integrantes de la Legislatura. La sesión respectiva deberá celebrarse a más tardar quince días después de aprobado el dictamen en Comisión y de ser necesario, se convocará a sesión extraordinaria para ese único efecto.

IX. Aprobada la designación, se remitirá al Ejecutivo, quien contará con un plazo de diez días hábiles para objetar de manera fundada y motivada, pero sobre todo acompañando los medios de prueba probatorios de sus argumentos, caso en el cual, el Congreso, y de entre los aspirantes ya inscritos, con la misma mayoría hará la designación respectiva. Si el Congreso, también de manera fundada y razonada insistiere en la misma designación, el ejecutivo no podrá objetarla nuevamente, a menos que se trate del incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la constitución; y

X. Si el Congreso optare por otra alternativa, se someterá al mismo procedimiento señalado en fracciones anteriores. De no hacer el Ejecutivo ninguna observación en el plazo señalado, se entenderá que acepta la designación realizada, la que se comunicará de inmediato al Poder Judicial para que se proceda a la adscripción de la o el Magistrado de que se trate.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.