Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz, diputada Angélica Pineda Pérez, presentó un Anteproyecto para exhortar a la Delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), a que impulse y desarrolle una mejor coordinación con los consulados con representación en la entidad y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a que brinde alternativa que salvaguarde la integridad de los migrantes que transitan en el Estado.

En la quinta sesión y al presentar su exhorto en tribuna, la legisladora pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a que implemente operativos que velen por la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.

Destacó que como presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes se reunió con diferentes consulados con representación en la entidad a fin de generar una agenda conjunta.

Dijo que el 25 de mayo se reunió en el consulado de El Salvador, con la Cónsul General Claudia Patricia Zaldaña de Sifontes y la Cónsul Elsy Vanessa Sánchez de Cañas, asimismo estuvieron presentes el Cónsul de Guatemala, Pablo Molina Leonardo y Emilson Martínez Sagastune de Honduras.

Detalló que en esta reunión fueron expuestos los peligros constantes que sufren los migrantes, tales como ser víctimas de la delincuencia, el maltrato y vejación sobre las mujeres y los accidentes que viven muchos menores que acompañan a sus padres o que viajan solos, con los riesgos que esto implica.

Los representantes de los Consulados –agregó la legisladora- mencionaron que el trabajo ha sido más recurrente en atención, seguimiento, asesoría y cuidado a los migrantes. Por lo que urge buscar alternativas que alberguen a los migrantes y encontrar mecanismos que protejan a los niños, abundó.

“Lo expuesto son reclamos justos, que buscan proteger y cuidar a los seres humanos que transitan en el estado, hombres y mujeres que sueñan con un mejor futuro, como pasa hoy con miles de paisanos que radican en Norteamérica” subrayó.

Xalapa, Ver.- La diputada Regina Vázquez Saut, presentó una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de sancionar la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones con contenido sexual sin consentimiento de la víctima.

En tribuna, la legisladora indicó que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en usuarios de telefonía celular, siendo el grupo de 25 a 34 años de edad el que tiene más acceso a dicha tecnología, y el principal uso es el acceso a información, recreación, contacto con redes sociales y mensajería.

Vázquez Saut afirmó que en los últimos años, uno de los derechos humanos que se ha visto afectado por el uso indebido de las Tecnologías de la Información (TIC´S) es el de la dignidad humana mediante la vulneración de la privacidad y la confianza que se origina entre las personas y esto se produce por la práctica de la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o vídeos) de tipo sexual.

“Sexting” es el término compuesto por las palabras en inglés “Sex” (sexo) y “Texting” (envío de mensajes de texto) y que consiste en la difusión o publicación de contenidos de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico, a través de mensajes de texto o por medio de redes sociales, señaló.

La legisladora dijo que es el género femenino quien recibe más agresiones por este tipo de conductas ilícitas, en tal razón la iniciativa está basada en la igualdad y en el respeto a los derechos humanos sin distinción de género.

Actualmente el Código Penal para el Estado, sólo tipifica la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son obtenidas sin consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los cuales la entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y ésta es difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal conducta.

Por ello la iniciativa contempla que se impondrán prisión de ocho a doce años y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido pornográfico y las difunda sin el consentimiento de la persona que expresamente puede otorgarlo.

A quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele, transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 UMA.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Xalapa, Ver.- Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además indica que el Estado organizará el servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo, especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Este Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social, en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de autoridad.