Xalapa, Ver.- Mayo 02, 2018.- La diputada Daniela Griego Ceballos presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, con la finalidad de crear Consejos Consultivos de Gobierno Abierto que den apoyo, consulta y asesoramiento a los Sujetos Obligados, para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

En tribuna, Griego Ceballos abundó que es necesario que en la entidad se cuente con esquemas amplios de rendición de cuentas, de análisis y de Gobierno abierto, para fortalecer los procesos en la toma de decisiones, en la instauración de órganos colegiados ciudadanos y en la interlocución y colaboración directa entre el Gobierno y los ciudadanos.

Por lo que la iniciativa contempla que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos, en el robustecimiento de la transparencia y en la rendición de cuentas.

En tal razón, propone la creación del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de los Sujetos Obligados, que estará integrado por un presidente, quien será un representante del Sujeto Obligado, así como por un secretario y un vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas. Además, dijo que todos los miembros del consejo tendrán voz y voto y los cargos serán de carácter honorífico.

La legisladora señaló que tendrán las atribuciones de analizar, evaluar y emitir recomendaciones sobre el Plan de Gobierno Abierto, promover la transparencia, participación ciudadana y colaboración interinstitucional, que genere nuevos canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate público, entre otras.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto para su análisis.

Xalapa, Ver., Mayo 02, 2018. Para garantizar a las niñas, niños y adolescentes sus derechos alimentarios, al libre desarrollo de su personalidad y asegurar que estén libres de explotación laboral, el diputado Manuel Francisco Martínez Martínez presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con el propósito de sancionar con penas de dos a seis años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien por cualquier medio ponga a trabajar a un menor.

En la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el legislador propuso añadir los artículos 250 Bis y 250 Ter al título IX “Delitos de Maltrato e Inducción a la Mendicidad” con lo que se busca frenar la explotación laboral que sufren los menores y sancionar severamente a quien los obligue a trabajar en las calles, avenidas, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación.

Por otra parte, se establece que cuando el responsable tenga parentesco, conviva o habite ocasional o permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la víctima, o se trate de su tutor, se le impondrán las mismas sanciones citadas.

Pero además, si pusiera en peligro la vida o integridad del menor de edad, perderá la patria potestad y cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima, así mismo la autoridad judicial que conozca del asunto pondrá a éste a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente en la materia.

El diputado Manuel Francisco Martínez enfatizó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 2015 en México había 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica y 2 millones 217 mil 648 realizan ocupaciones no permitidas, de los cuales el 27 por ciento son mujeres y el 73 por ciento varones.

En México se refleja una lamentable realidad, indicó el diputado, quien añadió que un número importante de niñas y niños están trabajando en lugar de estar en las aulas estudiando, “están siendo explotados laboralmente expuestos a peligros en las calles, a enfermedades, a ilícitos , a drogas y a muchas otras situaciones negativas que nada las justifican” manifestó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia.

Xalapa, Ver.- Mayo 02, 2018.- Con la finalidad de promover una reforma que dota de igualdad de posibilidades a todas las mujeres veracruzanas dentro de la administración pública estatal y posibilitar su participación plena e igual en la economía y su acceso a los procesos de adopción de decisiones y al liderazgo, la diputada Cinthya Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Con esta reforma, señaló la diputada, al hacer uso de la tribuna y durante la Primera Sesión Ordinaria, del Segundo Período de Sesiones Ordinarias, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la LXIV Legislatura, propongo que las Unidades de Género se conviertan en Direcciones, que tengan una mayor jerarquía en la estructura administrativa del Poder Ejecutivo y de todas sus dependencias.

Reiteróla necesidad de incorporar la perspectiva de género, en el día a día del desarrollo de las instituciones gubernamentales e incorporar a la administración pública centralizada, al Instituto Veracruzano de la Mujer.

Esta Iniciativa armoniza el manejo de términos actuales: se sustituye la aplicación de Equidad de Género por el de Igualdad de Género. Así mismo, se dota al titular del Poder Ejecutivo de la atribución de crear la Dirección de Igualdad de Género en cada una de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los organismos paraestatales y demás órganos descentralizados.

Estoy consciente de que nuestro Estado, destacó Lobato Calderón, atraviesa serios problemas financieros, sin embargo, elevando a Direcciones a las Unidades de Género, permitiremos que un mayor número de mujeres aspiren a estos cargos que en el organigrama estatal le permitirán promover mejores y mayores políticas públicas en pro del empoderamiento femenino.

En otro momento de su intervención, propuso establecer textualmente la obligatoriedad al cumplimiento de los tratados internacionales por parte de los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales.