CIUDAD DE MEXICO.-Se pronostica que Grace impacte durante la madrugada de este jueves en las inmediaciones del municipio de Tulum, Quintana Roo. A las 16:00 horas, tiempo del centro de México, Grace continúa como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Se localizó a 365 kilómetros (km) al este-sureste de Cancún y a 400 km al este de Tulum, ambas localidades de Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26 km/h.

A partir de la tarde de este miércoles, se pronostican lluvias puntuales torrenciales (de 150.1 a 250 milímetros [mm]) en Quintana Roo; intensas (de 75.1 a 150 mm) en Yucatán, y muy fuertes (de 50.1 a 75 mm) en Campeche, además de vientos con rachas de 120 a 150 km/h y oleaje de 3 a 5 metros (m) de altura significante en las costas de Quintana Roo y Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos de América, mantiene activa la zona de prevención por vientos de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluido Cozumel, en Quintana Roo, y zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Herrero hasta Puerto Costa Maya, en Quintana Roo, y desde Cancún, Quintana Roo, hasta Campeche, Campeche.

Las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población de los estados mencionados y a la navegación marítima a atender los avisos del SMN y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil, así como extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje elevado.

Puede informarse sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima, y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.

Ciudad de México a 18 de agosto de 2021.- Aunque la entrada en vigor de la reforma laboral para eliminar el outsourcing se prorrogó hasta el 1 de septiembre, unas 3 mil 500 empresas de seguridad privada, que actualmente no son fiscalizables, están en riesgo de quedarse sin el Registro como Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque se enfrentan a una sobrerregulación imposible de cumplir, señaló el Lic. Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
“No es que los empresarios del sector no quieran cumplir con la normatividad, sino que existe un cúmulo de leyes en materia de seguridad privada incumplibles porque son asimétricas entre sí”. Tenemos una ley de carácter federal, 32 de carácter estatal y otras de carácter municipal. Esa asimetría jurídica genera problemas legales al sector, que se traducen en un incremento de empresas que operan al margen de la Ley, a las que comúnmente se les conoce como empresas patito”, señaló el presidente del CNSP.
Agregó que actualmente existen unas 6 mil empresas de seguridad privada que generan el 1.4% del PIB del país y dan empleo a unos 500 mil elementos, sin embargo, el 56% de ellas, operan de forma ilegal porque no pagan impuestos ni brindan seguridad social a sus empleados. Para formar parte del padrón de la STPS estas empresas deberán demostrar que se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit); de lo contrario, unos 250 mil guardias de seguridad privada podrían quedar en el limbo.
Por otro lado, las empresas de seguridad, además de la sobre regulación se enfrentan a la competencia desleal de las policías auxiliares, quienes se ven favorecidas por su marco legal, el cual las reviste de una regulación especial. Por una parte prestan servicios de carácter público, al ser una función a cargo del Estado y por otra se les permite prestar servicios privados de seguridad a particulares, quienes pagan una contraprestación económica por esos servicios, mismos que ponen a disposición de un tercero, ya sea para cuidar sus instalaciones o para trasladar valores, beneficiándose así el particular con el servicio especializado, cuyo servicio en todas las ocasiones no forma parte del objeto social ni de la actividad preponderante del beneficiario.
Por su naturaleza dichas policías, a pesar de prestar servicios a particulares, no están obligadas a obtener el registro ante la STPS como el sector privado en materia de seguridad, poniendo en gran desventaja a la seguridad privada. A la fecha ninguna autoridad tiene intención de vigilar, supervisar ni regular las actividades realizadas por éstas; ya sea para regular que las policías auxiliares solamente presten servicios de carácter públicos o dichas policías se regulen normativamente bajo los mismos ordenamientos y requisitos para la prestación de servicios de seguridad privada a particulares.
En esa tesitura, la prórroga del 1 de agosto al 1 de septiembre realizada por los legisladores es insuficiente para que las empresas logren regularizarse, ya que de 4.5 millones de mexicanos que se estima están subcontratados, unos 3 millones no habían sido migrados, por lo que corren el riesgo de caer en el desempleo. En tanto, según la Coparmex, 400 mil empresas utilizan el esquema de outsourcing, de las cuales, hasta hace unos días, faltaban 387 mil 500 por registrarse.
Sapién Santos resaltó que el principal impedimento que tienen las empresas de seguridad privada para cumplir con la ley radica en la sobrerregulación y sobre tributación que existe en el sector. En ese sentido, celebró que recientemente, mediante una reforma constitucional, se haya facultado al Congreso para expedir la Ley General de Seguridad Privada.
“Esta Ley definirá la normatividad para regular a los prestadores de este servicio en el ámbito nacional, marcará los lineamientos generales para todos los estados de la república y establecerá los lineamientos de coordinación entre la federación, los gobiernos estatales y municipales y los prestadores de servicios, para que las legislaciones locales sean congruentes con la Ley de carácter federal”, detalló.
En referencia a las reformas aprobadas en materia laboral que prohíben la subcontratación de personal, aclaró que sí se permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte de la actividad preponderante, siempre y cuando la empresa formalice un contrato por escrito, señale el número de trabajadores que participarán y esté previamente inscrita en el REPSE.
Finalmente, Raúl Sapién, Presidente del CNSP, comentó que la Ley Federal del Trabajo establece multas de hasta 4 millones 481 mil pesos para las empresas que operen sin tener dicho registro y la misma sanción podrá ser aplicable para quien subcontrate un servicio que no esté inscrito en el padrón.

Patricia Aguilar Pardo. Veracruz, Ver. 18 de agosto del 2021.- Investigadores del Centro INAH, en Veracruz, se manifestaron para exigir el pago del adeudo de un retroactivo salarial para investigadores que cambiaron de categoría, y mejoras en sus condiciones laborales.

Con mantas y pancartas, los empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se plantaron en el Baluarte Santiago para exigir el cumplimiento del pago del retroactivo, pero más aún, para denunciar las constantes violaciones en las condiciones de trabajo.

Alvaro Alcántara López, historiador del Centro INAH, a nombre de los agraviados demandó a la Dirección General del INAH para que pague el retroactivo que debió de haberse pagado desde el primero de enero del 2020, sin embargo, no se han cubierto.

Indicó que en el estado de Veracruz son seis los afectados por esta situación, dos en Xalapa y cuatro en el puerto de Veracruz, pero 74 a nivel nacional.

Lamentó, que recientemente la Dirección General del INAH dió a conocer que desconoce ese adeudo pues ya fueron pagados los retroactivos a los trabajadores.

Por último, manifestó que el gobierno federal debe de tomar nota de esta situación, además de que también iniciaron acciones jurídicas, pero aparte llevan a cabo movilizaciones y publicaciones a través de medios y redes sociales.