XALAPA, VER.- Poner en el centro de atención a las niñas, niños y adolescentes y generar criterios que permitan a las familias encontrar canales jurídicos y procesos jurisdiccionales enfocados a su protección, mediante una legislación efectiva e integral, son los propósitos de la iniciativa presentada por diputadas de este Congreso relativa a la violencia vicaria.

En nombre de sus homólogas, la legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno presentó la propuesta ante la Diputación Permanente durante la Segunda Sesión del Primer Receso del segundo año de labores y urgió a las y los integrantes de la LXVI Legislatura a actualizar el marco normativo estatal a fin de proteger a las víctimas de este tipo de violencia.

La Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia señaló que la violencia vicaria es ejercida para atacar, agredir, controlar y someter a la mujer, a través de sus hijas o hijos y que constituye violencia psicológica y de manipulación, llegando a sustracción, ocultamiento, daños, menoscabo, lesiones e incluso la muerte de las y los hijos.

Dijo también que este tipo de violencia, ejercida por el progenitor a fin de atacar, dañar o perjudicar a un hijo o hija con la intención de causar un dolor y daño a la madre, tiene efectos devastadores en las hijas, los hijos, y las madres, ya que, una vez sufrida, se presentan cuadros graves depresión, ansiedad, regresiones psicológicas, emocionales y físicas, ideas e intentos suicidas, por mencionar algunos.

Ana Miriam Ferráez Centeno refirió las diferentes propuestas generadas tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de los estados de Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Sinaloa, Campeche, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Oaxaca y Sonora, donde, precisó, la violencia vicaria ya se encuentra legislada y sancionada.

Añadió que este tipo penal ya se encuentra en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima y Morelos, por lo que consideró imperativo que Veracruz actúe y legisle para combatir este delito.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil, al Código Penal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la que se adhirieron las diputadas Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Maribel Ramírez Topete, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Derechos de la Niñez y la Familia.

Está suscrita por las diputadas Cecilia Josefina Guevara Guembe, Magaly Armenta Oliveros, Janix Liliana Castro Muñoz, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Margarita Corro Mendoza, Eusebia Cortés Pérez, Illya Dolores Escobar Martínez, Rosalinda Galindo Silva, Lourdes Juárez Lara, Itzel López López, Gisela López López, Adriana Esther Martínez Sánchez, Lidia Irma Mezhua Campos, Jessica Ramírez Cisneros, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Tania María Cruz Mejía y Ana Miriam Ferráez Centeno.

XALAPA, VER.- Durante la segunda sesión ordinaria, del receso legislativo, el diputado Luis Antonio Luna Rosales se pronunció por conocer a fondo y analizar la trascendencia y beneficios de la Reforma Electoral, promovida a nivel nacional por el Gobierno Federal y que es conocido como Plan B.

Al respecto, el legislador señaló que la citada reforma pondera la necesidad de realizar una reingeniería integral al Instituto Nacional Electoral (INE), "más no su desaparición", a través de la cual se ajustarían sueldos, se evitaría la duplicidad de funciones y se garantizarían los medios de impugnación para una justicia efectiva, que dé celeridad a la emisión de resoluciones.

Asimismo, en lo que respecta a los Tribunales Electorales, el diputado Luna Rosales precisó que el Plan B respeta la autonomía de estos organismos, por lo que prevé consolidar la implementación del Juicio en Línea, obligando a jueces y magistrados a la emisión de sentencias con un lenguaje sencillo que permita comprender el significado íntegro de sus determinaciones.

"El Plan B tiene con finalidad dejar a las y los mexicanos del presente y futuro, reglas electorales más transparentes, en el que se conceda la oportunidad para que personas de la diversidad sexual, migrantes, afromexicanas, indígenas, jóvenes y con discapacidad puedan participar activa y libremente", concluyó.

XALAPA, VER.- El diputado Paul Martínez Marie presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual busca exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal para que, en conjunto con la dirección del Registro Agrario Nacional (RAN) en Veracruz, resuelvan las necesidades manifestadas por diversos grupos de ejidatarios de la entidad, en relación con la instalación de oficinas regionales para agilizar trámites.

En su exposición en Tribuna, el legislador puntualizó que la centralización de los trámites hace que las personas del campo se desplacen a las oficinas del RAN en la capital, lo cual les representa un alto costo económico para el traslado, alimentos y, en algunos casos, hospedaje, "sin contemplar las condiciones inhumanas de atención, ya que para poder realizar sus trámites, acuden desde la madrugada para poder contar con una ficha de atención, puesto que al no obtenerla, no son atendidos por el personal de la multicitada dependencia".

El Diputado aseveró que su propuesta es para que el Gobierno Federal considere la instalación de oficinas regionales del RAN en Veracruz para que las y los ejidatarios acudan personalmente a realizar sus trámites y así evitar el coyotaje o gestoría de terceros, "también para que el trato hacia ellos sea digno en la búsqueda de la legalidad de sus operaciones ante la dependencia"

Previamente, destacó que en México la propiedad de los ejidos y comunidades es de los casi 200 millones de hectáreas; siendo el 51 por ciento de propiedad social para poco más de 32 mil ejidos y comunidades, y 5.2 millones de sujetos agrarios. Además, que Veracruz cuenta con aproximadamente 3 mil 678 ejidos, que comprenden una superficie de 2 millones 682 mil 274 hectáreas.

Asimismo, indicó que la responsabilidad del RAN en la expedición de certificados y constancias es de suma importancia, ya que deben tener sustento en las inscripciones que obran en su protocolo, ya que para realizar una inscripción, la persona tiene que contar su el registro agrario y todos sus elementos documentales que respalden su interés jurídico.

El representante del distrito IX de Perote manifestó que las y los diputados deben ser empáticos con las demandas que provienen de la población de núcleos agrarios y comunales, "gestionemos acciones a favor de la conservación de su patrimonio, ya que la mayoría de ellos es el único patrimonio y modo de vida, es la única fuente de subsistencia, de la cual emana su propia alimentación", añadió.

Tras su lectura en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó turnar el Anteproyecto a la Junta de Coordinación Política, para el trámite correspondiente.