XALAPA, VER.- Saldar una deuda histórica y social con quienes enfrentan racismo, exclusión, discriminación y menosprecio de su cultura es el propósito de la Iniciativa de Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Margarita Corro Mendoza.

En su exposición, la legisladora recordó que los artículos 2 y 5 de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente, reconocen diversos derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, sin embargo –señaló-, la entidad no cuenta con una ley que garantice los derechos sociales de quienes constituyen el 2.7 por ciento de la población y se encuentran distribuidos en los 20 municipios con mayor número de habitantes.

Margarita Corro Mendoza propuso la idea de pueblo como ente jurídico que permita a las comunidades articularse para su desarrollo integral. Se trata –explicó- de una formalidad jurídica que les permite acreditar su personalidad, legitimar representantes y hacer efectiva toda política pública, pues brinda certeza jurídica plena.

La propuesta valora la pertinencia de que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz asigne a un órgano con autonomía técnica y de gestión para garantizar el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos a su favor los pueblos y comunidades afroveracruzanas.

Además, la legisladora consideró que la libre determinación y autonomía de las comunidades debe estar fincada siempre en el principio de paridad de género, de modo que se garantice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres.

En síntesis, de acuerdo con su proponente, se trata de una ley adicional breve, concisa y pertinente que dé cuenta de las especificidades culturales de las comunidades afrodescendientes.

"El respeto al derecho humano a la identidad cultural abonará a la diversidad y permitirá, con respeto absoluto a la libre determinación de las personas, construir una sociedad tolerante que pueda transitar en corto plazo al ejercicio de ciudadanía con identidad, superando el racismo y la discriminación", concluyó la Diputada.

Esta iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, para su estudio y dictaminación.

La propuesta contó con la adhesión de las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Citlali Medellín Careaga, Maribel Ramírez Topete, Tania María Cruz Mejía, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Lourdes Juárez Lara, Lidia Irma Mezhua Campos, Itzel López López, Cecilia Guevara, Magaly Armenta Oliveros, Illya Dolores Escobar Martínez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Eusebia Cortés Pérez, Gisela López López, Janix Liliana Castro Muñoz y Ruth Callejas Roldán.

Así como de los legisladores Juan Enrique Santos, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, Ramón Díaz Ávila, Bonifacio Castillo Cruz, Paul Martínez Marie, Marco Antonio Martínez Amador, Luis Fernando Cervantes Cruz, José Luis Tehuintle Xocua, Roberto Francisco San Román Solana y Gonzalo Durán Chincoya.

XALAPA, VER.- El diputado Ramón Díaz Ávila presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual prevé que este Congreso exhorte al Ejecutivo del Estado para que, a través de las Instituciones de Salud y Beneficencia Pública, incorpore a brindar éstos servicios a las personas adultas mayores que vivan en el territorio veracruzano y que así lo requieran.

En su participación durante la décima primera sesión, el legislador dijo que aun cuando el ordenamiento civil en Veracruz señala a la familia como la obligada a brindar los cuidados y atenciones pertinentes a las personas adultas mayores, en la realidad no siempre sucede y se tiene como resultado un importante número de estas personas que sufren de los más elementales servicios que les impide tener una vida digna.

Por ende, el Diputado se pronunció porque el Gobierno del Estado, a través de las instituciones de beneficencia y acorde con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sobre la referencia de municipios donde se encuentre ubicada la mayor cantidad de esta población, implemente un programa de incorporación a los servicios públicos de salud y casas de asistencia social para personas que carezcan de ellos y puedan disfrutar dignamente de estos beneficios.

Asimismo, detalló que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), establecidos en el Informe 2008-2018, señalan que en 2018 Veracruz ocupó el cuarto lugar respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza, con 467 mil 300 adultos mayores en esta condición.

Por otra parte, refirió que, como sucede en la mayoría del resto del territorio nacional, la edad resulta una limitante para encontrar un trabajo bien remunerado y que permita el acceso a los servicios de salud pública, "lo que ocasiona que las personas adultas mayores entren en el amplio grupo afectado por algún indicador de pobreza".

El legislador del Partido del Trabajo (PT) añadió que la población adulta mayor está creciendo de manera acelerada, lo que representa un gran desafío e impacto en el sistema de salud y a la propia organización familiar, "así como cargas adicionales de trabajo de cuidados, en especial para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente estos trabajos".

El Anteproyecto fue turnado para su estudio a la Junta de Coordinación Política. Se adhirieron al mismo las diputadas Citlali Medellín Careaga, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Maribel Ramírez Topete, Ruth Callejas Roldán, Anilú Ingram Vallines y el diputado Othón Hernández Candanedo.

XALAPA,VER.- Eliminar cualquier impuesto o sobreprecio en razón de género en productos y servicios es el propósito del anteproyecto de la diputada Maribel Ramírez Topete, quien con esta medida busca que se logre contribuir a la igualdad de género y beneficiar la economía de las mujeres.

Al presentar su propuesta durante la Decimaprimera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora refirió la Iniciativa de Decreto, planteada por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, el 30 de marzo de 2022, que propone establecer como principio básico de las relaciones de consumo la protección de la seguridad y derechos del consumidor, así como erradicar cualquier tipo de impuesto sexista o de sobreprecios en razón de género de productos y servicios.

Señaló que existe una marcada diferencia de precios en productos de igual función, marca y contenido, solo por el género al que están dirigidos. Este fenómeno –prosiguió la Diputada- es conocido como impuesto rosa, impuesto sexista, o pink tax, expresiones que se pueden resumir en el simple hecho de que en determinados productos, aun cuando son idénticos en su funcionalidad, tienen un precio diferenciado por el color del producto, aunado a la propaganda del mismo, la cual está dirigida al género femenino.

Finalmente, advirtió que los productos de cuidado con similares características cuentan con sobreprecios cuando el público objetivo de mercado son las mujeres y que paradójicamente son ellas quienes perciben menores ingresos en México, con una diferencia de hasta 30 por ciento en relación con los hombres.

El Anteproyecto de Punto de Acuerdo, para exhortar al Honorable Congreso de la Unión para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, busque los consensos necesarios para la aprobación de la Iniciativa de Decreto presentada en el Senado de la República, que propone reformar los artículos 1, 25 Bis y 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.