Ciudad de México.- La Organización Mundial para la Salud estima que cada año mueren alrededor de tres millones de personas, incluidas más de un millón por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, como consecuencia del uso de estufas de carbón o biomasa, es decir, a leña, estiércol seco u otros combustibles sólidos.
De acuerdo con Envirofit —empresa con enfoque social, proveedora de estufas ecológicas—, en México se calcula que existen alrededor de 16 millones de personas que diariamente se exponen al humo producido por el uso de leña al cocinar en fogones poco eficientes, los cuales generan gran cantidad de sustancias nocivas y ponen en riesgo de desarrollar padecimientos como neumonía, enfermedad pulmonar crónica, afecciones del corazón, ataques de apoplejía, cataratas, así como diferentes tipos de cáncer, incluido el de pulmón.
“Es importante ayudar a estas familias y promover el uso de tecnologías más eficientes, que permitan una combustión adecuada y reduzcan drásticamente la contaminación por humo al interior de las viviendas, pues los beneficios repercuten principalmente en la salud de las personas en situación de vulnerabilidad”, señala Emilio Rivero, director general de Envirofit.
Entre los cinco estados con mayor necesidad de migrar a tecnologías de cocina más eficientes se encuentran Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, que concentran a más dos millones de familias expuestas al humo de leña o de otros combustibles sólidos, ya que carecen de un espacio adecuado para cocinar, lo que los obliga a preparar sus alimentos a fuego abierto en el mismo sitio donde duermen.
“El impacto que se logra con una solución tan sencilla como el uso de un ecofogón es exponencial si se toma en cuenta, además, que al reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas puede disminuir el gasto en salud, de ahí la importancia de impulsar el uso de tecnologías de consumo de energía eficiente”, concluyó el director de Envirofit.
Un ecofogón como los que crea la compañía puede reducir en más del 90% la producción de humo cuando se cocina con leña, así como hasta en 80% la cantidad requerida de este combustible, lo que impacta de manera positiva en la economía de las familias en situación de vulnerabilidad tanto como en su salud, pues se disminuye la carga por el gasto en el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, pidió pruebas y reprobó las filtraciones judiciales sobre la presunta triangulación de recursos públicos que involucra al exdirigente nacional priista Manlio Fabio Beltrones y por las cuales el exsecretario general adjunto del partido, Alejandro Gutiérrez, se encuentra detenido, vinculado a proceso por órdenes de un juez de control del estado de Chihuahua.
En la primera defensa pública que hace del caso, Ochoa Reza consideró que el tratamiento del caso parece obedecer a presiones políticas, y advirtió que la filtración de declaraciones ministeriales constituye un delito que la Fiscalía del estado también debe investigar.
“Siempre estaremos en plena disposición de colaborar con las autoridades correspondientes y aportar la información necesaria para esclarecer los hechos. Pero debemos de ser claros, la filtración de expedientes judiciales que se ha realizado en este caso obedece a presiones políticas y sólo favorece a la impunidad. La difusión del caso se hace a partir de las declaraciones ministeriales que se deben mantener en reserva. La Fiscalía de Chihuahua tiene un nuevo delito que investigar; de no hacerlo estará siendo cómplice de violaciones al debido proceso”, sostuvo en conferencia de prensa.
Ochoa defendió la presunción de inocencia de Alejandro Gutiérrez, operador financiero de Beltrones cuando dirigía el PRI en 2016.
En tanto no se le compruebes los delitos no se le puede prejuzgar, subrayó, pero no dijo si lo apoyarán jurídicamente.
El pasado miércoles, Proceso dio a conocer que Gutiérrez fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de ese partido en las elecciones mexicanas del año pasado.
El exdirectivo es uno de los aliados del presidente Enrique Peña Nieto que están bajo sospecha de participar en el esquema de malversación en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios estatales vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times.
En la misma conferencia, este viernes, el dirigente del PRI insistió en pedir a la Procuraduría General de Justicia de Sonora que indague los presuntos desvíos de más de 700 millones de pesos de recursos públicos del actual dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, para su campaña a la alcaldía de Hermosillo, en 2015.
“Exigimos la firme intervención de las autoridades de procuración de justicia en el estado de Sonora, para que se lleven a cabo las investigaciones relacionadas con estos hechos presuntamente delictivos. Que se cite a declarar a los involucrados y se castigue dicho hecho con todo el peso de la ley”, apuntó.
Basado en información publicada en una agencia de noticias, Ochoa señaló que estos hechos ocurrieron durante la gestión de Guillermo Padrés como gobernador de Sonora y cuando Ricardo Anaya era presidente de Acción Nacional.
Destacó que la operación se hizo a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, cuyo titular entonces era Francisco Arnaldo Monje Araiza, ‘Pancho Platas’, hoy vinculado a proceso penal por el uso indebido de atribuciones y facultades.
Fuente: Proceso
Ciudad de México.- Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados para elegir al nuevo auditor Superior de la Federación en el último periodo de sesiones, la responsabilidad recaerá temporalmente en Juan Javier Pérez Saavedra quien tiene ya diez años en el organismo, vinculado a tareas de fiscalización.
Mediante un comunicado de la ASF, se dio a conocer que “la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) y el Reglamento Interno de la ASF contemplan que, en caso de falta definitiva del Auditor Superior de la Federación", ocupará el cargo el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, en este caso Pérez Saavedra.
La ASF puntualizó que mediante este esquema legal que rige su desempeño “se asegura que la institución continúe realizando todas sus funciones, normales y extraordinarias, vinculadas con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal”.
Fuente: La Jornada
Curitiba, Paraná, Brasil.- El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ex presidente de la firma de ingeniería civil homónima y eje central del escándalo internacional Lava Jato (Lavado de Autos), dejó este martes la prisión y continuará cumpliendo bajo arresto domiciliario su condena por corrupción.
El empresario permaneció detenido dos años y medio en una prisión de la sureña ciudad de Curitiba, después de haber sido sentenciado el año pasado a 31 años y medio de cárcel por los cargos de corrupción activa, lavado de dinero y asociación delictiva en dos causas relacionadas con Lava Jato.
Odebrecht, de 49 años, pasará a cumplir su sentencia en su domicilio gracias a un acuerdo de cooperación judicial ("delación premiada") realizado con la Fiscalía de Brasil, y del cual forman parte otros 76 ejecutivos de la empresa, uno de las gigantes mundiales del sector de la construcción.
El acuerdo de cooperación determina que el empresario cumpla un total de 10 años de condena. Asimismo, en el caso de que Odebrecht viole su arresto domiciliario o que la Justicia compruebe que las informaciones que suministró en su acuerdo de "delación premiada" no sean verdaderas, puede volver a prisión para cumplir su pena.
A partir de hoy, el empresario deberá cumplir dos años y medio de arresto domiciliario en la residencia familiar localizada en el barrio Morumbi, de la ciudad de Sao Paulo, sin poder salir, y será controlado por las autoridades mediante una tobillera electrónica.
Después de ese período, Odebrecht cumplirá otros dos años y medio de régimen semiabierto -tendrá salidas controladas durante el día, menos fines de semana y festivos-, mientras que durante el resto de la sentencia tendrá libertad de movimiento, con excepción de los fines de semana y festivos.
Marcelo Odebrecht estaba en prisión efectiva desde junio de 2015 y fue condenado dos veces por cargos de corrupción en el marco de Lava Jato, la megacausa que desde hace tres años investiga posibles tramas de corrupción entre el sector privado y sus contratos con empresas del Estado.
Por Lava Jato han sido investigados decenas de empresarios del país sudamericano y ha salpicado tanto a políticos del oficialismo como de la oposición.
En el marco de esta megacausa, el Grupo Odebrecht es una de las empresas contratistas que ha recibido más acusaciones por sus negocios con el Estado, no solo en Brasil, sino también en países de América Latina y África.
Hace un año, la Justicia de Estados Unidos dio a conocer la magnitud de los pagos hechos por Odebrecht a políticos y funcionarios públicos de diferentes países para asegurarse contratos de infraestructura en los países donde actuaba, según lo admitido por la propia empresa.
El monto desembolsado por la compañía fue cifrado entonces por las autoridades estadunidenses en más de 785 millones de dólares entre 2001 y 2016.
Fuente: La Jornada
Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a vetar la ley de seguridad interior, al considerar que puede respresentar un riesgo para la vigencia de las garantías fundamentales.
En caso de que el presidente desoiga éste y otros exhortos que se han expresado en distintos sectores nacionales e internacionales, la CNDH, señaló el ombudsman, hará uso de su atribución constitucional e interpondría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la norma aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión.
En entrevista tras la presentación del informe "Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México", González Pérez dijo que el organismo a su cargo, sí escuchará las voces de todos los sectores -no como evitó hacerlo el Congreso- para ofrecer argumentos para la inconstitucionalidad.
"La CNDH ha iniciado el análisis constitucional y convencional (porque también debe cumplir los estándares internacionales) para que en su momento pongamos en su caso esa acción y sea la Corte la que determine en última instancia los artículos o la propia ley que pudiera ser motivo de la misma. Vamos a tomar en cuenta lo que muchos actores han señalado, nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Iberoamericana y la de Guadalajara, así como varias organizaciones de la sociedad civil".
Planteó que el objetivo es buscar una mayor certeza de la norma aprobada por el Congreso.
Dijo que no se agota en una ley como ésta el tema de la seguridad. “Que nos respondan a la sociedad mexicana si esto resuelve el tema de la seguridad. Que yo recuerde entre los pendientes, el modelo de procuración de justicia, las fiscalías que hoy son autónomas, preguntémonos si se han modificado, si el modelo policial está determinado, si se ha buscado fortalecer la capacitación de los operadores en el nuevo sistema de justicia penal, es decir, hay una integralidad. Lo que buscamos los actores es tener un espacio más amplio para construir, cómo se construyó la ley de personas desaparecidas, de la mano de la sociedad”.
Fuente: La Jornada
Nueva York, Estados Unidos.- El Consejo de Seguridad de la ONU está evaluando un proyecto de resolución que busca rechazar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.
El texto pide principalmente que cualquier decisión unilateral sobre el estatuto de Jerusalén no tenga efecto y sea revocada.
Propuesto por Egipto, el proyecto podría ser votado tan pronto como el lunes, según diplomáticos.
Rompiendo el consenso internacional, Trump anunció este mes que reconocerá a Jerusalén como la capital israelí y moverá la embajada de su país de Tel Aviv a esa ciudad, desatando protestas y fuertes condenas.
El proyecto de resolución asegura que el asunto de Jerusalén "debe ser resuelto a través de negociaciones" y expresa "un gran lamento por recientes decisiones concernientes al estatuto" de la ciudad, sin mencionar específicamente lo hecho por Trump.
Afirma también que "cualquier decisión y acción que busque alterar el carácter, estatuto o composición demográfica" de Jerusalén "no tiene efecto legal, son nulos e inválidos y deben ser revocados".
Diplomáticos dicen que esperan que Estados Unidos use su poder de veto para bloquear la medida, pero estiman que la mayoría del resto de los otros 14 miembros del consejo -si no todos- apoyarán el proyecto de resolución.
Fuente: Milenio
PANAMÁ.- El gobierno de Panamá firmó este viernes la resolución para extraditar al exgobernador mexicano Roberto Borge, quien fue detenido en junio cuando se disponía a volar a París y que México quiere procesar por corrupción.
"La resolución, que tiene fecha de ayer, fue firmada este viernes por el presidente, Juan Carlos Varela, y la vicepresidente y canciller, Isabel de Saint Malo", explicó la directora de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mónica de León.
La resolución, que se publicó el viernes en la Gaceta Oficial, fue firmada una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara tres hábeas corpus y un incidente de objeciones presentados por la defensa del político mexicano.
El exgobernador ya no tiene más recursos posibles para evitar su extradición a México y permanecerá detenido hasta ser trasladado a su país.
"México tiene ahora un máximo de 30 días para venir a buscarle", apuntó De León.
Borge, quien fue gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue arrestado a principios de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando iba a tomar un vuelo hacia París.
La Cancillería de Panamá aprobó el pasado 18 de septiembre la extradición de Borge, una decisión que fue recurrida por la defensa del exgobernador.
Borge, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de distintos delitos de corrupción cuando gobernaba Quintana Roo, estuvo unos meses detenido en la cárcel de El Renacer, a orillas del canal interoceánico, pero fue trasladado el pasado 21 de septiembre a la sede central de la Policía Nacional por existir riesgo de fuga, según las autoridades.
La defensa del político, a quien el pasado junio el PRI le expulsó de sus filas, denunció el traslado y recurrió las condiciones de detención a través de tres hábeas corpus que finalmente fueron rechazados la semana pasada.
El abogado Carlos Carrillo explicó el mes pasado que la celda en la que se encuentra Borge mide cerca de "dos metros cuadrados" y es una especie de "cárcel clandestina" que no depende del Sistema Penitenciario, sino directamente del director de la Policía Nacional.
Según la PGR, el exgobernador está implicado en la venta de terrenos del Estado a través de testaferros a precios inferiores a los del mercado y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.
Fuente: EFE/Expansión MX
Ciudad de México.- Sobre una camilla y cubierta de pies a cabeza por una sábana blanca, Elba Esther Gordillo Morales llegó a su casa, al número 7 de la calle Galileo, en Polanco, luego de que hace 4 años y casi diez meses fue detenida en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México.
La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solo respondió “bien” cuando se le preguntaba cómo se sentía, mientras acompañada de su abogado Marco Antonio del Toro, camilleros de la Procuraduría General de la República (PGR) e integrantes de la Policía Federal Ministerial, la bajaban de la ambulancia en la que fue trasladada del hospital MedicAccess al domicilio en el que permanecerá en prisión domiciliaria.
Luego de más de cinco horas de papeleo y de esperar los trámites para su traslado del hospital a su Penthouse, el recorrido de la colonia Lomas de Chapultepec se realizó en cinco minutos. Lo que fue un recorrido silencioso se convirtió en una traslado con sirena abierta ya en las calles cercanas al número 7 de la calle Galileo, en donde durante horas varios de sus colaboradores esperaron infructuosamente para darle la bienvenida.
La salida del hospital fue a las 2:29 horas y a las 2:34 la ambulancia se estacionó de reversa en la zona de estacionamiento para que pudieran bajar la camilla en que ella fue transportada.
El rostro de la ex dirigente del SNTE no se descubrió para dar una declaración y solo se escuchó su voz a través de la tela que le cubría todo el cuerpo, mientras el personal de seguridad y sus vigilantes se abrían paso a empujón entre los reporteros y fotógrafos que esperaron su arribo.
Gordillo Morales sigue sujeta a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada —y aunque la mayor parte de los 4 años y casi diez meses desde que fue detenida los vivió tanto en la Torre Médica de Tepepan y dos hospitales privados—, ayer regresó a su casa al obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
La ex dirigente del SNTE está acusada de haber desviado casi dos mil millones de pesos de las arcas sindicales a sus cuentas personales.
Fuente: La Jornada
Ciudad de México.- El Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Julio Saldaña Morán instó al Senado a no aprobar la iniciativa presentada por senadores del PRI que pretende vulnerar los derechos de los trabajadores.
Ésta iniciativa, dijo, contraviene al artículo 123 Constitucional, “pretende modificar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aparentando incentivar la inversión y el crecimiento en el empleo, pero lo único que busca es eliminar condiciones para que los patrones deleguen obligaciones en contratistas, evadiendo sus responsabilidades laborales, simulando relaciones inexistentes” expresó.
Condenó que los senadores Tereso Medina e Isaías González pretendan eliminar las condiciones y parámetros de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, necesarios para implementar de forma adecuada la subcontratación y que la contratista se ostente como un patrón real con obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social y que en caso de no cumplir, traslade la responsabilidad al beneficiario de los servicios.
Resaltó “en el mercado laboral en nuestro país atraviesa momentos críticos, sobre todo cuando el trabajo digno al que alude la Ley Federal del Trabajo es escaso, no hay oportunidades de crecimiento y el salario ha perdido poder adquisitivo. Esta reforma no es la solución para que nacionales y extranjeros inviertan y generen fuentes de ingreso, al contrario deja sin seguridad a 40 millones de mexicanos que están contratados por este régimen”.
Cabe destacar que el legislador propuso una iniciativa a principios de noviembre que robustece al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo para impedir que haya evasión en las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social tanto de empresas contratantes como de contratistas, “De igual forma homologa la definición de subcontratación que contemplan la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, para tener congruencia y una mejor aplicación de ambas legislaciones” manifestó.
“Los legisladores debemos impulsar reformas en materia laboral para que se otorgue el pleno reconocimiento y respeto a nuestra clase trabajadora, evitando cualquier forma de explotación, simulación, omisión de derechos, y/o evasión de las obligaciones fiscales por parte de quienes contratan, pero tal parece que en este sexenio y con el partido tricolor vamos de agravio en agravio contra la sociedad” dijo.
Agregó que deben ser tomadas en cuenta las opiniones de expertos y académicos mismos que han señalado que existen ambigüedades en cuanto a las responsabilidades en este tipo de contratación: “la reforma propuesta, confirma las obligaciones del patrón contratista, quien debe administrar integralmente al capital humano que subordina”.
“De por sí es verdaderamente cínico que presuman a este sexenio como el del empleo, a pesar de que el 60% de los mismos no garantizan una remuneración digna ni seguridad social, como para que todavía pretendan legalizar la evasión de obligaciones por parte de las empresas”, puntualizó.
Ciudad de México.- La Ley de Seguridad Interior se ha estado discutiendo en un salón de sesiones casi vacío, lo que obligó a legisladores del PT Morena a exigir en varias ocasiones que se verificara el quórum.
Ha sido evidente la ausencia de legisladores del PRI y PVEM, en las más de cinco horas que lleva el debate. La senadora Layda Sansores denunció incluso que varios priístas comían y bebían tranquilamente fuera del salón de sesiones, en lugar de seguir el debate de esa Ley de Seguridad Interior.
Dijo que el senador del PRI, Héctor Yunes, bebía tranquilamente una botella de vino en el comedor del cuarto piso, mientras en el pleno legisladores de oposición exponían sus argumentos en contra de esa ley. “Muchos aquí no pasan el alcoholímetro”, recalcó.
Ante la insistencia de Sansores, después de las 18 horas, el presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, decidió abrir el tablero electrónico, pero por “por 90 minutos”.
“Esto no tiene precedente”, comentó el senador Miguel Barbosa, mientras que sus compañeros de bancada, Layda Sansores y Marco Antonio Blásquez, protestaron por lo que consideraron “una maniobra” de Cordero, al establecer hora y media de plazo para que los senadores regresaran a votar al salón de sesiones, cuando el plazo es de hasta cinco minutos.
La senadora Sansores resaltó que sólo había 31 legisladores y le recalcó a Cordero, que en lugar de “ marrullerías”, convocara a los priístas y panistas ausentes a regresar al salón de plenos, a discutir esa ley, y no solo “a votar como borregos”.
El senador del PRI, Ernesto Gándara, pidió respeto para todos los legisladores y lo mismo hizo la panista Mariana Gómez del Campo.
Un buen número de senadores del PRI, del Verde y algunos panistas, que se ausentaron del pleno durante la presentación de siete votos particulares que llevaron ante el pleno los perredistas Luis Sánchez y Angélica de la Peña, el independiente Alejandro Encinas, los morenistas Dolores Padierna, Manuel Bartlett , Rabindranath Salazar y Benjamín Robles, y el panista Héctor Flores, entre otros- comenzaron a regresar al salón de sesiones.
Pero poco después, el salón de sesiones estaba de nuevo con la tercera parte de los legisladores. Sansores insistió de nuevo, se confrontó con la senadora priísta Hilaria Domínguez, pero cuando habló de los legisladores que bebían fuera del salón, la mayoría regresó al pleno.
Fuente: La Jornada
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