Patricia Aguilar Pardo. Veracruz,Ver.-Organizaciones campesinas adheridas al Movimiento Campesino Veracruzano anunciaron diversas movilizaciones a fin de que el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador reconsidere sus políticas públicas hacia el campo y asigne los recursos económicos necesarios para impulsar el desarrollo de este sector, informó el dirigente nacional de la Unión General Obrera Campesina y Popular, Luis Gómez Garay

Acompañado de otros dirigentes campesinos, Gómez Garay aclaró que actualmente existe el riesgo de un severo subejercicio en el campo con detrimento directo a la producción agrícola y de los propios campesinos.

"Quienes conformamos asociaciones campesinas de la agrupación el Campo es de Todos hemos decidido realizar una serie de movilizaciones informativas a partir del día 3 hasta el 8 de agosto, en todos los estados del país, con el propósito de dar que conocer a la población la crítica situación del campo mexicano y demandar un diálogo propósitivo con el presidente Andrés Manuel López Obrador".

El anuncio se realizó este miércoles en un café del centro de esta ciudad, con motivo de la celebración del 140 aniversario del Natalicio de Emiliano Zapata.

Xalapa, Ver.- Durante la décima quinta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó una iniciativa de decreto que reforma la fracción III del artículo 104 del Código Financiero del Estado de Veracruz, para que los contribuyentes puedan emitir un informe, y de manera opcional, dictaminar la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por medio de contador público autorizado.

La diputada, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, aseguró que esta iniciativa pretende eliminar la obligación de dictaminar el Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal (mejor conocido como Impuesto a la Nómina) y que sólo quede como opcional para aquellos que quieran realizarlo.

Agregó, que propone crear una “Declaración Informativa” en esta materia sustituyendo la realización del dictamen, la cual podría ser realizada por el personal interno de la empresa o institución, quitándole carga fiscal a los contribuyentes generadores de empleos formales.

Destacó que de ninguna manera se pretende suprimir la obligación de los contribuyentes, pues la autoridad fiscalizadora cuenta con los elementos para verificar el cumplimiento de la obligación impositiva, en vista que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), tiene la facultad de intercambiar información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar los comprobantes electrónicos de las nóminas.

Los contribuyentes, -enfatizó- se verán beneficiados al eliminarse la obligación de dictaminar este Impuesto, por contador público autorizado, pues el sector empresarial, se ahorraría un gasto extraordinario, el cual puede destinar o invertir de forma más productiva.

Además se incentivaría el crecimiento de las empresas con relaciones laborales formales y el dinero que se ahorre del sector público, se podría destinar en acciones o programas que beneficien a la ciudadanía, señaló.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen correspondiente.

Xalapa, Ver.- Para promover en el orden jurídico el respeto a los derechos de las personas adultas mayores, el Grupo Legislativo Mixto "Partido Revolucionario Institucional- Partido Verde Ecologista de México", (PRI-PVEM), en voz del diputado Jorge Moreno Salinas presentó una iniciativa de decreto para proteger a este sector poblacional contra cualquier tipo de violencia y establecer como agravante las acciones u omisiones que vayan en detrimento de su integridad física o emocional.

Con la propuesta para reformar el párrafo segundo del artículo 154 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Jorge Moreno, se busca prevenir, sancionar y erradicar los actos de violencia contra las personas mayores, puesto que requieren de una protección especial para garantizarles el acceso al disfrute pleno de sus derechos humanos, particularmente en su entorno familiar directo.

El legislador refirió lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el llamado "Protocolo de San Salvador".

En términos cuantitativos, destacó que la población mayor de 60 años de edad tiende a aumentar significativamente en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 alcanzó 38 por ciento, lo que –dijo- revela la importancia de implementar políticas públicas para la atención de ese sector poblacional y de reformar la legislación en ese mismo sentido.

El también secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno recordó que en Veracruz, a partir de un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 1 de diciembre de 2015, el delito de violencia familiar se considera ya como agravante que la víctima sea mujer. A raíz de un decreto del 11 de septiembre de 2018, se incluyó como circunstancia agravante que la víctima sea menor de edad.

Refirió que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 fueron denunciados 180 mil 082 casos de violencia familiar en todo el país, de los cuales 6 mil 219 correspondieron a Veracruz; de enero a junio de 2019, se han registrado 98 mil 258 denuncias en el nivel nacional, de las que en este Estado se han presentado mil 158, cifra superior a la de homicidios y robos a casa-habitación en ese mismo período en la entidad.

Finalmente, expuso que la reforma propone que "En caso de que la víctima sea mujer; niña, niño o adolescente; o persona de sesenta años de edad o más, se sancionará con pena de cuatro a siete años de prisión y multa de hasta setecientos unidades de medida y actualización. En estos casos, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establezcan las leyes en la materia o la autoridad competente, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión".

A esta propuesta se adhirieron los Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD y de Morena. Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.