Xalapa, Ver.- Con 39 votos a favor, el Congreso del Estado determinó remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que se reduzca el costo del peaje de las carreteras federales y apoyar la economía de miles de familias mexicanas.

Esta Soberanía propone una reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para "que los automovilistas que acrediten su residencia en las localidades cuyos municipios sean colindantes del tramo carretero donde se ubique una caseta de cobro, solo paguen el 50 por ciento del peaje, siempre y cuando se acredite su residencia con una constancia expedida por la autoridad municipal correspondiente, con vigencia de un año".

Asimismo, que "en el caso de concesiones para la explotación de caminos y puentes haya un tope en el cobro del peaje, que no debe rebasar el 50 por ciento de los costos del litro de gasolina magna o su equivalente, por cada 10 kilómetros de tramo". En este mismo sentido, "las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles".

En el Dictamen se señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe desarrollar programas de conservación rutinaria, para asegurar buenas condiciones de servicio a los usuarios, de conservación preventiva, para evitar mayores deterioros, y de reconstrucción, para recuperar tramos que presentan daños.

También se indica que: "la SCT podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, Estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por los plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará el mantenimiento, la conservación o la construcción de vías alternas libres de peaje".

La Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Juan Carlos Molina Palacios, presidente; Gonzalo Guízar Valladares, secretario, y Omar Guillermo Miranda Romero, vocal, emitió el Dictamen correspondiente a la iniciativa presentada, el pasado 31 de enero, por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD.

Xalapa, Ver.- El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de decreto que reforma el artículo 380 del Código Hacendario Municipal, el cual homologaría las fechas de entrega de la Cuenta Pública municipal reduciendo con ello las divergencias existentes entre la Constitución Política Local, la Ley de Fiscalización Superior vigente y el Código Hacendario Municipal, en cuánto al término de entrega ante el Poder Legislativo.

La diputada María Graciela Hernández Iñiguez, puntualizó que con esta reforma al Código Hacendario Municipal, se señalaría que la Comisión de Hacienda, en coordinación con la Tesorería, someterían a la consideración del Cabildo, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de marzo y presentarse al Congreso del Estado, a más tardar el día 30 de abril.

Cuando se trate del último año de la administración municipal, deberán someterla a la consideración del Cabildo, durante el mes de diciembre, o bien, hasta el último día del mes de enero.

Lo anterior en virtud, -continuó la diputada-, que se han presentado diferentes confusiones en cuanto a la fecha de entrega de los entes fiscalizables ante esta soberanía, toda vez que Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz en su artículo 380, no se encuentran armonizados.

Asimismo destacó que el propósito de esta iniciativa es otorgar soluciones y establecer aspectos afines entre las diversas regulaciones respecto de la presentación de sus cuentas públicas, instaurando puntos de contacto que permitan establecer mayor compatibilidad entre ellos.

La iniciativa fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Vigilancia.

Xalapa, Ver.- La diputada Margarita Corro Mendoza presentó un anteproyecto por el cual se prevé exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a realizar una auditoría financiera presupuestal, para determinar la eficiencia, eficacia y legalidad con que se han manejado los recursos de los ayuntamientos de Veracruz y Medellín, por concepto del cobro de tarifas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y el monto de la inversión que el socio mayoritario, "Grupo Ambiental Proveracruz" S.A. de C.V. ha realizado dentro del organismo público descentralizado "Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI C.V.", desde el inicio de operaciones a la fecha.

Asimismo, se prevé solicitar al ORFIS realice una auditoría técnica de obra pública, a los bienes que tiene en arrendamiento por parte de los municipios de Veracruz y Medellín, a fin de determinar el estado actual en que se encuentra toda la infraestructura que utiliza el organismo público descentralizado "Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. SAPI C.V." para brindar el servicio de agua y saneamiento a las poblaciones antes señaladas.

En su propuesta, la presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, solicita que el ORFIS determine si se ha realizado mantenimiento, modernización o nuevas construcciones para mejorar y hacer más eficientes los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Además, plantea solicitar al titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a que ejerza sus funciones de inspección y vigilancia, respecto a la calidad del servicio de agua potable y al tratamiento de las aguas residuales que proporciona a los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, el "Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI C.V.", de acuerdo a las leyes ambientales y las normas oficiales mexicanas en la materia.

En su intervención en tribuna, la diputada Corro Mendoza dijo que ha atendido, en diversas ocasiones, a grupos de ciudadanos organizados que alzan la voz para buscar una solución a la problemática de salud pública que se presenta en sus municipios, denunciando el pésimo servicio que brinda el Grupo MAS, en la que han presentado evidencia documentada de la problemática, como es la contaminación del agua con coliformes fecales y bacterias.

Subrayó que a su consideración lo más grave es que las plantas de tratamiento de aguas residuales están en total abandono, sin operar y las que funcionan registran una eficiencia mínima, al trabajar a un 40 por ciento de su capacidad.

Explicó que ante los hechos mostrados existen motivos fundados que deben tomarse en cuenta para analizar el cumplimiento del contrato de concesión por parte de Grupo MÁS. "De no estarse cumpliendo se estaría violando derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, mujeres y hombres, que viven en la zona metropolitana de Veracruz y Medellín de Bravo, ante lo cual, esta soberanía no puede ser omisa", abundó.