Xalapa, ver.- La diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma al artículo 241 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, para coadyuvar a erradicar las prácticas familias que utilizan a hijos o hijas menores como objeto de disputa, haciendo que su bienestar quede desatentido y sus derechos vulnerados, tanto por las autoridades como por los sustractores.

En la sesión del Congreso, la legisladora propuso, a las penas de dos a nueve años de prisión y multa de hasta cien días de salario, aumentarlas en una mitad cuando la persona sea cónyuge, concubina o concubinaria, o con quien existió una relación de pareja, sea padre o madre del menor o incapaz, que sustraiga, retenga u oculte a un hijo menor de edad o incapaz, con la finalidad de obligar al otro a dar, hacer o dejar de hacer algo.

En su exposición de motivos detalló que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016 se registraron en Veracruz cuatro mil 461 divorcios. A nivel nacional, hubo 139 mil 807, de los cuales el 90.2 por ciento fueron de tipo judicial.

A partir de estas cifras –indicó- es alarmante pensar la cantidad de niñas y niños cuya estabilidad familiar, de vivienda, alimentación y educativa se encuentra suspendida el trámite de un divorcio, considerando que el de tipo judicial significa que hay en disputa bienes, pensiones alimenticias y en muchos casos, la custodia del menor.

Expuso que la sustracción de menores, sobre todo por familiares, atenta contra diversos bienes jurídicos como son la libertad del sujeto menor, su derecho a ser criado por ambos progenitores -sin verse perjudicado en caso de discrepancias o separación de la pareja- así como su derecho a la identidad.

La práctica judicial muestra, señaló Osorno Maldonado, que en infinidad de casos la sustracción o retención de menores también ha sido utilizada como una forma de extender la violencia hacia quien de origen tiene guarda o custodia del menor o incapaz ya sea de hecho o por derecho –siendo generalmente las mujeres las que la poseen-, ya sea para obligarla a dar, hacer, o dejar de hacer algo a favor de quien comete la conducta.

Su iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.

Xalapa, Ver.- La diputada independiente Eva Felícitas Cadena Sandoval presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz con el propósito de establecer que las instituciones, establecimientos y quienes presten servicios públicos y privados a personas de la tercera edad, deberán brindar atención personalidad a domicilio, ya sea para la realización, continuación o aclaración de trámites de carácter personal.

Al presentar su iniciativa durante la segunda sesión ordinaria, la legisladora indicó que esta medida se debe a que las personas de la tercera edad deben ser atendidos preferencialmente y valorados, por su sabiduría y por lo que representan para la sociedad, pero principalmente porque sus condiciones físicas no son como las del resto de la población.

“No son ellos quienes deben adaptarse a los servicios, los servicios son quienes tienen que adaptarse a ellos”, expuso.

Añadió que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional con población adulta mayor y una de las principales demandas de ese sector de la población es el tener acceso a servicio.

La también presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas dijo que las personas adultas mayores tienen el reto diario de realizar actividades cotidianas, ir al supermercado, alimentarse, asearse, caminar, utilizar el transporte público, etc.

Si bien es cierto que se han implementado políticas públicas en favor de ellos, estas no han sido suficientes, ha faltado sensibilidad por parte de los prestadores de servicios públicos y privados para atender las necesidades de los adultos mayores, abundó.

Detalló que las instituciones bancarias son ejemplo de quienes no cuentan con un área de atención personalizada a domicilio para adultos mayores, quienes constantemente necesitan acudir para realizar cobros, trámites, aclaraciones, entre otros.

La iniciativa refiere que la página www.gob.mx/pensionisste arroja información en base a datos de la Encuesta Intercensal 2015, del total de hogares donde vive al menos una persona de 60 y más años: 43.8 por ciento recibe ingresos por programas gubernamentales; en 10.7 por ciento el apoyo proviene de alguien que vive dentro del país; mientras que en 8.2 por ciento la ayuda económica es proporcionada por personas que residen fuera del país.

Xalapa, Ver.- La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Entidad, con la finalidad que ante el de deceso de cualquier ciudadano la donación de órganos sea manera automática y sólo quede excluido de esta acción quien porte una carta donde exprese su negativa.

En tribuna, señaló que en el Estado de Veracruz, según cifras del Centro Estatal de Trasplantes, existen 168 pacientes que necesitan una cornea, cerca de 660 un riñón y 3 están a la espera de un hígado generando un total de 831 órganos requeridos.

Lo que ha generado compra-venta y tráfico de órganos, violencia e ilegalidad, indicó que de 2011 a 2017, en el Estado sólo se registraron 81 donaciones de órganos y 126 donaciones de Tejidos de personas fallecidas.

Por lo que Veracruz, tiene una tasa de donación del 12.3 por ciento por cada millón de habitantes, menor a la nacional de 26.1 por ciento y tan sólo en el año 2017 se registraron 2 mil 333 defunciones hospitalarias, de las que sólo en 8 casos se emitió en vida la voluntad de donación de órganos, indicó.

La legisladora reconoció que la donación de órganos sólo es posible en 5 de cada 1000 fallecimientos, debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para llevarla a cabo.

En tal razón, la iniciativa contempla asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que expresamente hayan determinado donar sus órganos, tejidos y células, así como la de aquellos que hubieren manifestado su negativa.

Para ello se propone que en el Estado toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley y en la Ley General de Salud.

Dijo que habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Para tal efecto, se deberá realizar un escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público y deberá estar firmado, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito determine la Secretaría de Salud Estatal y el Centro Estatal de Trasplantes en coordinación con sus homólogas a nivel federal.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis.