XALAPA, VER.- Para garantizar un regreso seguro a las aulas y así evitar poner en riesgo la salud de las y los estudiantes, docentes y todo el personal involucrado, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó al Pleno del Congreso del Estado un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal para que considere la reactivación de actividades escolares, hasta pasados al menos seis reportes continuos de la emergencia sanitaria por Covid-19, en la que clasifiquen a la entidad en semáforo color verde.

En su intervención, durante la quinta sesión ordinaria, el legislador también solicita al Ejecutivo estatal que, a través de las Secretarías de Salud (SS) y la de Educación (SEV), de manera coordinada, garanticen en los planteles educativos del sector público del estado, la existencia de insumos de calidad y en cantidades suficientes, para la limpieza, desinfección e higiene de las instalaciones, de los docentes, personal administrativo y para los educandos.

Asimismo, pide que las citadas dependencias estatales también garanticen la existencia y entrega constante de cubrebocas de calidad y de tamaños y medidas adecuadas a la niñez que acudirá a los centros educativos públicos en toda la entidad.

Por otra parte, el legislador De Unánue Abascal propone que, en tanto concluye el Plan Nacional de Vacunación por Covid-19, sea implementado un programa de seguimiento, supervisión y monitoreo de la salud y medidas de higiene al interior de los centros escolares, tanto del sector público como privado.

El integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que en la comparecencia del pasado 10 de diciembre, el gobernador, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez anunció que a pesar de que el semáforo marcaba verde, el regreso a clases presencial sería hasta que Veracruz se mantuviera a cuatro reportes seguidos en esta clasificación.

“Reconozco la labor y el cuidado que se está poniendo en este punto, aunque no comparto las afirmaciones triunfalistas sobre el manejo de la emergencia por el gobierno, primero por las desalentadoras cifras reales, las pérdidas de vidas humanas y, por que me consta, el personal de primera línea de los hospitales, han dado más de lo que han recibido del Estado”, precisó el legislador.

Señaló que el Estado debe hacer su parte, asumir responsabilidades, dotar y garantizar en una medida razonable, la protección a la ciudadanía, sobre todo, tratándose de la niñez veracruzana, concluyó.

La Mesa Directiva turnó a la Junta de Coordinación Política este anteproyecto para el trámite legislativo correspondiente.

XALAPA, VER.- Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la nueva Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo objeto es crear y establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del estado, en los términos que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política local y demás normativa aplicable.

Esta Ley, aprobada durante la quinta sesión ordinaria con 48 votos, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 26 de noviembre por el gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y que analizó y dictaminó a favor la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo a la nueva Ley, se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como un Organismo Público Descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Dicho Centro tendrá por objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, a fin de procurar el equilibrio entre los trabajadores y patrones, de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo.

El patrimonio del Centro se integra por: los bienes muebles e inmuebles que le transfieran los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, por cualquier título legal; los recursos financieros que se le asignen en los Presupuestos de Egresos del Estado y la Federación para su funcionamiento y las aportaciones que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales; los poderes judiciales federal y estatal le otorguen, así como donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciban del sector social y privado.

Tendrá como atribuciones el ofrecer el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden local, impulsar la difusión y divulgación de sus servicios, llevándolos al público en general para fomentar la cultura de paz; celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la presente Ley y su Reglamento; expedir constancias de no conciliación y copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes de los archivos del Centro, entre otras.

La administración del Centro estará a cargo de una Junta de Gobierno, el cual estará integrada por el Poder Ejecutivo Estatal, quien la presidirá y su suplente será la persona Titular de la Secretaría, así como por los titulares de las Secretarías de Gobierno (Segob) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la Dirección General del Centro, quien fungirá en las sesiones como Secretaría Técnica, y un Comisario que será designado por la Contraloría General.

El Centro iniciará sus operaciones con posterioridad a la declaratoria que emita este Congreso del Estado, prevista en el transitorio cuarto del Decreto 531 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de implementación a nivel local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral, publicado en la Gaceta Oficial el cuatro de febrero de 2020.

Al participar en el debate de este punto del Orden del Día, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez subrayó que esta Ley tendrá un impacto benéfico para las y los trabajadores veracruzanos, porque en caso de encontrarse en la necesidad de proteger y hacer respetar sus derechos laborales individuales y colectivos, podrán acudir a un organismo diseñado para que en él puedan conciliar y evitar ir a juicios, “los cuales suelen ser tardados y onerosos”, puntualizó.

XALAPA,VER.- Con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la LXV Legislatura aprobó el Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2021, el cual asciende a un monto total de 128 mil 420 millones 684 mil 290 pesos.

El dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado detalla que el monto presupuestado se integra por los siguientes rubros: participaciones federales 39.36 por ciento, convenios federales 5.49 por ciento, ingresos de gestión 5.68 por ciento, aportaciones federales 46.03 por ciento, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos provenientes de organismos públicos descentralizados 1.67 por ciento, fondos de distintas aportaciones 1.27 por ciento y los incentivos derivados de la colaboración fiscal 0.40 por ciento.

De acuerdo con esto, los ingresos provenientes de la federación representan el 92.65 de los ingresos públicos estatales, el 5.68 corresponde a ingresos propios o de gestión y los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos de las OPD, el 1.67 por ciento.

Se observa que de los ingresos de gestión o propios para este ejercicio fiscal se espera un decremento aproximado del -10.05 por ciento con respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2020. De estos ingresos, el 56.89 por ciento proviene el cobro de impuestos, derechos 31.44 por ciento, productos 4.61 por ciento y aprovechamientos 7.06 por ciento.

La contribución estatal más importante que se estima recaudar es el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, que representa el 77.87 por ciento del total y se calcula un decremento nominal de 21.12 por ciento.

Los ingresos de libre disposición para este ejercicio serán por 46 mil 982 millones 172 mil 488 pesos, con lo que se disminuye 3.22 por ciento con respecto al ejercicio fiscal 2020. La disminución de los ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal 2021 proviene de la baja de los ingresos por las participaciones federales que recibe el estado, que pasan a ser 39 mil 297 millones 655 mil 268 pesos, lo que representa un decremento de -1.72 por ciento y la disminución en términos nominales de los ingresos de gestión propia del 10.05 por ciento, lo que representa 814 millones, 779 mil 505 pesos.

Los ingresos que provienen de transferencias federales etiquetadas con un destino específico para este ejercicio fiscal ascienden a 79 mil 288 millones 122 mil 012 pesos, que representan un decremento nominal para este ejercicio fiscal de 2.10 por ciento con respecto a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2021, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en concordancia con lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la previsión realizada por el Ejecutivo del estado sobre los ingresos estatales está alineada con las estimaciones de los ingresos tributarios del gobierno federal.

En uso de la voz desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva dijo que “el marco en que se presenta esta Iniciativa de Ley corresponde a una compleja situación internacional a causa de la pandemia del Covid 19, con una fuerte contracción de la actividad productiva durante el año que termina y que las distintas proyecciones económicas mundiales prevén caídas no vistas desde la Gran Depresión de 1929.

“Derivado de lo anterior, la economía nacional ha resentido las interrupciones en la producción de bienes y servicios, así como el cierre de establecimientos, el consumo, la inversión y las importaciones muestran un comportamiento nacional débil. Por ello, sin duda alguna, esta Iniciativa corresponde a una tributación responsable, equilibrada y real, con un balance presupuestal sostenible y alineado con los ingresos tributarios del gobierno federal”, concluyó.

De acuerdo con su primer transitorio, esta Ley de Ingresos entrará en vigor el 1 de enero de 2021, previa publicación en la Gaceta Oficial del Estado.