Ciudad de México, 12 de junio de 2019.- Indira Rosales San Román, Senadora de la República, presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto a la Secretaría de la Función Pública para proteger los datos sensibles de quienes se desempeñan como docentes en las diferentes escuelas del país, ya que actualmente es posible consultar el salario bruto y neto de los trabajadores con tan solo colocar su nombre en el portal “Nómina transparente” de la SFP.

“Coincido y aplaudo todos los esfuerzos y acciones que abonen a que el Estado Mexicano abra sus puertas y que la sociedad acceda fácilmente a información útil, en lo que no coincido es en hacer pública información sensible, como pueden ser aquellos datos personales que podrían tener algún efecto negativo en su propietario de ser divulgados”, explica la Senadora.

Rosales San Román explica que la necesidad de ocultar la información sensible de los docentes se vuelve más evidente debido a la crisis incontrolable de inseguridad que vive el Estado de Veracruz desde el inicio de este sexenio, que se refleja en repetidos casos de secuestros a profesores en la entidad.

“La crisis de inseguridad en nuestro país es evidente, y el hecho de que el delincuente sólo necesite el nombre del maestro para saber cuanto gana le otorga una poderosa ventaja para saber cuanto puede pedir por una extorsión o un secuestro”, detalló.

En este sentido, la Senadora también exhortó al Gobernador Cuitláhuac García para que se implemente un programa de patrullaje y seguridad en planteles educativos, con el objeto de incrementar la seguridad de las escuelas y los profesores en días de pago.

“Proteger a los docentes debe ser una prioridad, y el Gobierno del Estado debe garantizar que quienes se encargan de la educación de nuestros niños tengan una vida digna y en paz para poder llevar a cabo sus actividades con tranquilidad y en pro de la juventud veracruzana”, puntualizó.

Cuitláhuac, Ver.- Un menor de edad fue secuestrado por un grupo de sujetos cuando se dirigía a la escuela camino a la comunidad Vallarta; aproximadamente dos horas más tarde el niño fue encontrado liberado en un camino vecinal que comunica a la comunidad de Palo Mocho, perteneciente a Yanga.
Se conoció que el menor transitaba entre las congregaciones Tranca del Perro y Vallarta cuando se dirigía a la escuela y fue plagiado por sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo Chevrolet Spark, en su modalidad de taxi, de Córdoba, número CO-2024 y placas A-073-XEE; presuntamente utilizado para cometer el ilícito.

El niño fue valorado por médicos de la dependencia para descartar daños físicos o psicológicos, en tanto que la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente.

Grupos de la Policía Municipal, Estatal y Fuerza Civil implementaron un operativo de búsqueda que incluyó un helicóptero. Se presume que los secuestradores al ver el despliegue de fuerzas policiacas, optaron por dejar libre al menor en la comunidad de Palo Mocho.
Ahí la policía lo ubicó sano y salvo y entregó a sus padres quienes posteriormente se trasladaron a la Fiscalía Regional de Córdoba a presentar la denuncia correspondiente.

Patricia Aguilar Pardo. Veracruz,Ver.- Legisladores federales exigen al gobierno federal subsidiar el funcionamiento de las estancias infantiles hasta que se resuelva el juicio de amparo interpuesto por las propietarias de las mismas.

El diputado federal por Veracruz, Carlos Valenzuela acompañado de su homólogo Mario Mata Carrasco diputado federal por el distrito de Chihuahua, en rueda de prensa dieron a conocer que en 22 entidades federativas, entre estos Veracruz, se logró el amparo para que puedan seguir trabajando hasta que se dicte sentencia.

Por su parte, el legislador por Veracruz dijo que el proceso de amparo para las estancias en Veracruz continúa y en una primera etapa 180 estancias infantiles gestionaron este recurso legal.

"Ahora se están sumando otras estancias del estado, estamos alrededor de las 260, hubo 80 que se sumaron a este proceso. Este día vamos hablar con las distintas titulares de las estancias para disipar les las dudas", explico Valenzuela González.

Enfatizó que las autoridades federales deben permitir que trabajen bajo las mismas reglas de operación del 2018, que implica el pago de poco más de 900 pesos al mes por niño hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Cabe mencionar que a nivel nacional se lograron 4,800 amparos en 22 entidades federativas entre las que se encuentra Veracruz, Estado de México, Durango y Chihuahua entre otras.