Xalapa, Ver.. - El diputado del Distrito II de Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez Martínez, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto para solicitar al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), dar mantenimiento a sus instalaciones en la entidad y para que, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), liquide sus compromisos ambientales, específicamente en la zona petrolera de Chicontepec.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que PACMA opera mediante la implementación de obras y acciones, denominadas PROA´S, que permiten dotar de Infraestructura, servicios y proyectos de corto, mediano y largo plazo, a las comunidades petroleras, en cualquiera de los siguientes rubros: infraestructura, seguridad, educación y deporte, salud, equidad, proyectos productivos y protección al medio ambiente.

En su exposición ante el Pleno, el diputado detalló que se sabe que desde 1978 Chicontepec posee un amplio recurso geológico de hidrocarburos, que constituye una de las mayores acumulaciones en América. Sin embargo –añadió- dadas las complejas características geológicas, su explotación puede ser difícil y costosa, comparada con los grandes yacimientos en el sureste del país.

Agregó que Chicontepec se ubicó como uno de los tres proyectos principales de inversión de PEMEX entre 2009 y 2014, rondando los 21 mil millones de pesos por año.

PEMEX dejó de perforar nuevos pozos en Chicontepec a partir de 2014 y comenzó incluso a cerrar algunos, indicó el legislador, quien añadió que la petrolera no abandona Chicontepec pese al fuerte recorte de presupuesto en este proyecto, que cayó de 18 mil 900 millones de pesos en 2014, a los 3 mil 340 millones de pesos en 2016.

Expuso que por Veracruz atraviesan poco más de 14 mil kilómetros de ductos y que, de acuerdo con actas del Consejo de Administración de PEMEX, más de 7 mil 600 kilómetros de esos ductos han sido clasificados como "críticos" por el estado en que se encuentran.

Lo anterior, enfatizó el diputado Manuel Francisco, resulta incomprensible ya que el Gobierno Federal obtiene ganancias, derivadas de los excedentes petroleros.

“PEMEX ha explotado esta y tantas otras zonas petroleras del país y causado estragos en ciudades donde cancela proyectos y produce recortes de plantilla dañando la economía de miles de familias y empresas” señaló el diputado, quien consideró necesario resarcir de los daños generados a Chicontepec.

Xalapa, Ver. - El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz reformó la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado con el objeto de plantear y generar una concientización en la clasificación de la basura, como parte de una cultura ambiental que va desde el origen del empaque del producto hasta el consumidor final quien realiza el desecho correspondiente.

Este Dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el pasado 2 de mayo el diputado José Kirsch Sánchez, subraya que la basura es uno de los principales problemas ambientales del país, ya que genera gases tóxicos, fauna nociva, tapa los drenajes, contamina el agua y el suelo y la separación de los desechos implica un trabajo de concientización, educación y cultura ambiental.

De esta manera se incluye en la ley el término “Cultura ambiental” como el proceso educativo ambiental que aportan a la conservación natural y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas; “Clasificación de residuos urbanos”, como el procedimiento de separación de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos reciclables y no reciclables y “Residuos sólidos orgánicos, como todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo y que no reúne las características para ser considerado como peligroso.

En el mismo sentido se define a los “Residuos sólidos inorgánicos reciclables” como todo desecho que no es de origen biológico que puede reciclarse y no reúne las características para ser considerado como peligroso y “Residuos sólidos inorgánicos no reciclables” como todo desecho que no es de origen biológico que no puede reciclarse y no reúne las características para ser considerado como peligroso conforme a la normatividad ambiental vigente.

Corresponde al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), expedir, las normas técnicas ambientales que permitan darle cumplimiento, conforme a la política estatal en materia de residuos de manejo especial y sólidos urbanos y su clasificación, así como de prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación como parte de una medida de cultura ambiental.

También informar a los consumidores por medio de etiquetas en sus envases o empaques, o algún otro medio viable, sobre las posibilidades en materia de reutilización, reciclado o biodegradación de materiales incluidos en el producto o su empaque así como a la clasificación que corresponda y que eventualmente serán residuos.

De igual forma realización y difusión de actividades de identificación y reutilización de residuos, incluyendo separación y clasificación de residuos, elaboración de composta, ideas para reutilización y demás acciones que deban ser tomadas por los generadores.

El Dictamen señala que de acuerdo al INEGI, el Estado de Veracruz es uno de los que más generan basura en el país, actualmente, a nivel nacional sólo el 15 por ciento de los residuos recolectados son separados de las fuentes generadoras, mientras que en Veracruz el porcentaje es apenas del 7 por ciento.

Este Decreto registró 43 votos a favor de diputadas y diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz; de legisladores independientes y de los diputados de Nueva Alianza y del PVEM. Sin votos en contra o abstención.

Xalapa, Ver  - Para establecer que las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia serán de forma inmediata y permanecerán hasta que cesen las causas que lo hayan motivado, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Basilio Picazo Pérez, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que reformaría los artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado.

En la tribuna, el diputado planteó incluir, en la ley antes citada, la disposición relativa a que las órdenes de protección de emergencia y preventivas permanecerán vigentes hasta que cesen las causas que las motiven y la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo y deberán expedirse en forma inmediata, al conocimiento de los hechos que las generan.

De igual forma, consideró necesario establecer que son órdenes de protección de emergencia la prohibición inmediata al agresor de molestar por cualquier forma y medio, incluso por cualquier medio electrónico, a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.

Así como advertir a la persona agresora de las consecuencias a que se hará acreedora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; o intentar cualquier acto en su contra.

En la sesión, el diputado Basilio Picazo detalló que actualmente la legislación contempla 120 horas como duración máxima de las medidas de protección de emergencia y preventivas, lo cual contraviene a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quienes a su vez recomiendan que las órdenes de protección deben durar “hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo”.

El legislador dijo que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, de las mujeres de 15 años y mas, 66.1 por ciento,han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida; 43.9 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o ultima pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

Añadió que sólo 2.2 por ciento solicitó apoyo a alguna institución; mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. Lo anterior, destacó el diputado, refleja que la “cifra negra” es muy alta, por lo que las agresiones de género quedan impunes.

No basta que una mujer acuda a las instancias legales a presentar una denuncia cuando ha sido víctima de violencia, subrayó Picazo Pérez, quien añadió que es necesario que las autoridades den una respuesta pronta y expedita, y emitir una orden de protección que evite su re-victimización, pero sobre todo que las proteja y dé seguridad contra nuevas agresiones a ellas y a su familia.

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