Hora cero

El reconocimiento al sector educativo de Veracruz

Luis Alberto Romero

La nota surgió desde la Secretaría de Educación de Veracruz y resulta muy importante porque se relaciona con la preparación de las nuevas generaciones de maestros.

En las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán" estuvieron más de 250 directores de las escuelas normales del país, autoridades federales y estatales, y docentes que participaron en el Codiseño de los Planes y Programas de Educación Normal 2022. Regresar a la comunidad es el lema.

El evento fue encabezado por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y por el titular de la instancia del gobierno estatal, Zenyazen Escobar García, quien recordó que las escuelas normales forman a los futuros docentes y son pieza clave en la transformación del país; "no se puede hablar de un cambio sin tomar en cuenta al sistema educativo".

Zenyazen Escobar sostuvo que las normales aportan al desarrollo social, cultural, económico, tecnológicos y comunitario de México, "lo cual va de la mano con los nuevos planes de estudio... las comunidades se encuentran en el centro".

Dijo también que para Veracruz es un orgullo ser sede del evento que presenta los nuevos programas educativos, en cuyo diseño participaron más de mil maestros de todo el país.

Sobre este evento habría que destacar dos puntos importantes: en el tema de la creación de las escuelas normales de México, la contribución de Veracruz ha sido destacada; recordemos que un antecedente de las actuales normales se remonta a la fundación a finales del Siglo XIX, en Orizaba, de la primera institución de este tipo, un centro experimental de técnicas de enseñanza, la Academia Normal de Orizaba, con Enrique Laubscher y Enrique C. Rébsamen a la cabeza. Ahí nace, en la zona centro de Veracruz, el normalismo moderno de México.

Posteriormente, en 1886 se crea en Xalapa la Escuela Normal Veracruzana, con Rébsamen como primer director. Era presidente Porfirio Díaz; y gobernador de Veracruz, Juan de la Luz Enríquez. Es una institución, la BENV, emblemática, un orgullo para la entidad y para el país, al igual que las 460 instituciones de su tipo que funcionan en México, contando a las 250 públicas, las 15 rurales y las casi 200 privadas.

Pues bien, el hecho de que la presentación del nuevo diseño de los planes de educación normal, se haya verificado en Tuxpan, zona norte de Veracruz, puede leerse como un reconocimiento a la contribución histórica de la entidad en la formación de los docentes; y puede interpretarse como una muestra de la aprobación con que observa el gobierno federal al trabajo que se realiza actualmente en el sector educativo de Veracruz.

Por cierto, en el otro extremo del territorio veracruzano, un día después del evento de Tuxpan, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, encabezó la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2022-2023 en Media Superior y Superior; ahí, ante los nuevos alumnos de dicho nivel, el funcionario refrendó el compromiso de la administración estatal para que "nadie se quede sin estudiar". @luisromero85

Prosa aprisa
Asoma garrotazo legal que sacaría de prisión a opositores
Arturo Reyes Isidoro
Todos los opositores políticos en Veracruz y otros detenidos por habérseles dictado la prisión preventiva oficiosa estarían con un pie fuera de la cárcel, lo que sería un duro golpe para la Fiscalía General del Estado, para su titular Verónica Hernández Giadáns y para quienes por motivos políticos le ordenaron que solicitara su aplicación a diestra y siniestra, inventándoles delitos.
Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá emitir una sentencia que ordene eliminar esa medida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso el ministro Luis María Aguilar Morales tiene listo ya un proyecto de sentencia que propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se declare inconstitucional esa medida jurídica regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El argumento que sustenta ese proyecto de sentencia es que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales, que además ya ha sido motivo de condena por parte de la CIDH. Así, la Corte dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quien se le aplica mientras se le juzga, sin importar el delito, por lo que solo existiría la prisión preventiva justificada en la cual las fiscalías tienen que dar pruebas para mantener al acusado en prisión, que es precisamente lo que la Fiscalía General del Estado no ha podido hacer y ha actuado solo sobre supuestos, casos concretos los de José Manuel del Río Virgen, Pasiano Rueda Canseco y Antonio Gómez Pelegrín, aunque hay más.
Prisión preventiva oficiosa, ¡de 17 años!, a punto de tirar esa figura
Un caso específico detonó la revisión y la sentencia, que estaría a punto de acabar con la prisión preventiva en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo identifica como “El caso García Rodríguez y otro vs. México”. Dada la importancia del tema y para conocimiento general, aunque un poco extenso, transcribo el resumen de la CIDH:
“El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de México por las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. En su Informe de Fondo la Comisión observó que las víctimas fueron detenidas sin que se les presentara una orden judicial expedida con anterioridad a su detención y sin cumplir con las condiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Al respecto, la Comisión concluyó que los señores Daniel García y Reyes Alpízar solo conocieron formalmente las razones de la detención y los cargos formulados cuando fueron puestos a disposición de un juez, 45 y 34 días luego de su privación de libertad, lapso que estuvieron detenidos bajo arraigo. En el presente caso, la Comisión estableció que la aplicación de la figura del arraigo constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, y por lo tanto una privación de la libertad arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia. Asimismo, concluyó que la prisión preventiva posterior al arraigo, la cual se extendió por diecisiete años, resultó arbitraria. Concluyó, además, que se violó el derecho de defensa dado que, entre otros, las víctimas en el proceso penal no lograron presentar las pruebas de descargo ofrecidas como esenciales y el juez de la causa no tomó medidas para asegurar el envío de información”.
AMLO y su Gobierno se oponen
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó diciendo que el proyecto de la Corte podría dar paso a la impunidad y a la corrupción, que en “esencia” eso es lo que se busca y que se tiene que buscar un mecanismo para que no se use la justicia como pretexto “para liberar a diestra y siniestra”. Ordenó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Presidencia que fijaran la postura oficial, lo que hicieron pronunciándose porque prevalezca la prisión preventiva oficiosa, aunque matizaron diciendo que es “fundamental” que se aplique en ciertos delitos para que no escapen acusados, porque luego detenerlos “implica un gran esfuerzo del Estado”.
En el caso del presidente, no mencionó que en cambio han sido algunos fiscales los que han aplicado la medida a diestra y siniestra con fines políticos para eliminar a los opositores al gobierno, como en el caso de Veracruz, estado en el que los mantienen encarcelados sin presentar pruebas que los incriminen.
Defensor de víctimas los refuta
Por otra parte, el abogado de García Ortiz y Alpízar Rodríguez, Simón Hernández León, en un artículo que publicó ayer en el diario Reforma, ya había refutado la postura oficial: “La detención oficiosa no es una herramienta indispensable para el Estado. Eliminarla no abrirá la ‘puerta giratoria’ a ‘los delincuentes’ ya que el sistema puede ser funcional con la prisión preventiva justificada siempre que el Ministerio Público acredite su necesidad. La medida ha propiciado investigaciones deficientes, debilidad probatoria y, quizá lo más importante en el actual contexto, no guarda correlación alguna en fortalecer la seguridad pública y disminuir la criminalidad”.
Para este abogado, “El cambio de paradigma que desencadenará la condena internacional debe asumirse con un compromiso de Estado de superar prácticas autoritarias, fortalecer el sistema de justicia y desarrollar una política de seguridad ciudadana, como la única ruta posible para superar la crisis actual de violencia y dar paso a una etapa de vigencia de derechos”.
Tito Delfín, Franco, Goyo Martínez y otros saldrían libres
Dado que en este caso aplicaría el principio pro-homine (pro-persona), por lo que la determinación de la CIDH tendría carácter retroactivo, o sea que un juez tiene que elegir qué norma va a aplicar, pero deberá elegir siempre la que más favorezca a la persona a quien se la va a aplicar, beneficiaría a todos los detenidos a los que se impuso la prisión preventiva oficiosa, salvo los casos excepcionales que los jueces determinen, por lo que podrían dejar la cárcel políticos como Tito Delfín Cano (PAN), Rogelio Franco Castán (PRD), Gregorio “Goyo” Martínez (PRD), Nicolás Ruiz Roset (PAN) y la exdiputada Azucena Rodríguez (PRD), entre varios más.
El caso especial de Rogelio Franco
Un caso especial es el de Franco Castán, quien si bien está acusado de violencia intrafamiliar, señalamiento que debiera enfrentar en libertad, lo encarcelaron con el pretexto de que cometió ultrajes a la autoridad, cosa totalmente esclarecida que no fue cierto, aunque ya detenido le imputaron otros delitos, y no obstante que ya obtuvo tres amparos que determinan que no debió haber sido vinculado a proceso y que un juez no debió haber emitido una orden de aprehensión por violencia familiar, lo retienen en prisión sin ninguna justificación legal.
Pero de acuerdo a información que desde meses atrás tiene el columnista, de fuentes totalmente confiables, porque habrían escuchado el testimonio, el exsecretario de Gobierno está preso por venganza política de la ahora secretaría de Energía Rocío Nahle y del secretario de Gobierno Eric Cisneros, ya que siendo los tres militantes del PRD y el excolaborador de Miguel Ángel Yunes Linares dirigente estatal de ese partido, despojó a la ahora poderosa funcionaria federal de una candidatura a diputada federal que ya había sido acordada incluso con la dirigencia nacional, para favorecer a otra persona.
Desde entonces, la zacatecana, quien entre los morenistas tiene fama de vengativa, y el otatitleco-baja californiano juraron que si un día llegaban a estar en el poder se desquitarían, lo que la vida les concedió. Incluso, antes de que fuera detenido y encarcelado, Cisneros le envió a decir a Franco con un mensajero político que se fuera del estado y que no participara en actividades políticas, lo que el de Tuxpan ignoró y buscó ser candidato plurinominal a diputado federal para tener fuero y blindarse, lo que logró, pero aún así lo detuvieron y lo tienen en la cárcel. Ahora estaría a punto de lograr su liberación.
Por eso se apresuraron a dejar libre a Rosario Robles
Cabe especular que viendo venir las resoluciones tanto de la CIDH y de la SCJN, por eso el gobierno de López Obrador, para evitar las críticas y el ridículo, se apresuró a permitir que saliera en libertad Rosario Robles, quien siempre tuvo el derecho de enfrentar su proceso en libertad, pero la mantuvieron en prisión por venganza política, como en el caso de Franco.

CLAROSCUROS

Sayula de Alemán: alcaldesa apoyada por la Guardia Nacional despide al tesorero, a la secretaria municipal, a la contralora y al oficial mayor...las fiscalías trabajan

José Luis Ortega Vidal

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El lunes 22 de agosto la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, retornó a su oficina del palacio municipal tras poco más de un mes de ausencia...

El martes 23 la edil acudió a la tesorería municipal y colocó un oficio donde informa al responsable de las finanzas, Rafael González Cárdenas, que está despedido...

El miércoles 24 la propia presidenta municipal ordenó romper las chapas de la tesorería, la secretaría y dirección de obras públicas para lograr acceder a ellas...

Policías de la Fuerza Civil acompañaron a empleados que ejecutaron las instrucciones.

Un abogado cuyo trabajo en el servicio público duró décadas y más de una vez fue secretario municipal, respondió a preguntas del reportero:

¿Puede un alcalde correr a un tesorero y a un secretario municipal?
Sí. De hecho, el alcalde es el único funcionario municipal que puede correr a cualquier empleado del Ayuntamiento, con excepción de los ediles.
¿Y de no haber acuerdo para el nombramiento de un nuevo tesorero o secretario municipal?
Debe haber un acuerdo; siempre lo hay. Se podrán presentar una y otra y otra propuesta y no ser aceptadas hasta que se acepta una...Y en caso de no haber un acuerdo el alcalde puede nombrar a un tesorero o secretario interino y luego ratificarlo y ratificarlo y así llevársela. Todo eso está previsto por la ley. Nadie ni nada puede intervenir más allá del Cabildo; se trata de un tema municipal de solución municipal, pero el alcalde o alcaldesa es la autoridad máxima y no puede trabajar con un equipo en posiciones tan importantes para el desempeño de su labor, que no esté bajo su mando y control.
El mismo martes la alcaldesa de Sayula de Alemán despidió a la secretaria municipal, al oficial mayor y a la contralora; los cuatro cargos, en efecto, entran en el marco jurídico de funciones de la alcaldesa, así que sólo utilizó el poder conferido por mando popular.

La dirección de obras públicas, las jefaturas de todos los departamentos, incluso los empleos de confianza pueden sufrir relevos una vez instalado el nuevo tesorero o tesorera que obedecerá a la alcaldesa y será supervisado por el síndico, así como la comisión municipal de hacienda del cuerpo edilicio.

Los ediles, a diferencia de la primera autoridad, no pueden correr a nadie.

El mando otorgado por el pueblo y la ley no es un permiso para robar o hacer malos manejos de los recursos materiales, financieros, humanos y políticos de parte de nadie.

Ello resulta una obviedad. Para evitarlo existe el ORFIS y de ventilarse una queja de cualquier ciudadano o de un funcionario o edil -con las pruebas respectivas debidamente demostradas- el Congreso estatal intervendría, la fiscalía abriría un expediente y realizaría la investigación obligada y de configurarse un delito el poder judicial castigaría a los responsables.

Todo ello implica procedimientos legales, protocolos, acciones vía denuncias; acusaciones, defensas porque siempre se parte de la presunción de inocencia...

Nada relativo a problemáticas dentro de una administración pública se arregla en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, ni por medio de declaraciones verborreas cuyo sustento sea el rumor...

Los reporteros no somos fiscales; los periodistas no somos jueces; los responsable de informar a la sociedad somos eso: informadores, no debemos creernos lo que no somos: policías, "orejas" para una de las partes en conflicto; plumas a la orden del mejor postor...

Quien asume ese papel es otra cosa, lo que desee ser, como se quiera definir, menos reportero o periodista...

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En el Ayuntamiento de Sayula se vive una crisis política trasladada a instancias de procuración de justicia, en los planos nacional, estatal, regional y municipal.

Se requiere aguardar por la respuesta legal de los fiscales para ubicar a cada quejoso y acusado en su lugar en el marco del Estado de derecho.

En lo relativo al manejo político de la administración municipal sayuleña los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de agosto, la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas -rodeada por la guardia nacional- ha tomado decisiones apegadas a derecho...

Acciones tan respetables desde la perspectiva legal como el cambio de cuentas y firmas que deberán realizarse ante las instituciones bancarias al tiempo de informar a la Secretaría de Finanzas del estado dónde depositar las partidas presupuestales autoridades por la Cámara de Diputados y la Legislatura local, son inevitables y coherentes.

El ahora ex tesorero, el hoy ex secretario municipal, la ex contralora, el ex oficial mayor no pueden evitar tales actos...

EL síndico, las regidoras y los regidores tampoco pueden frenar esta embestida por parte de la presidenta a quien pidieron destituir en un diálogo con diputados locales, quienes les dieron clases del más elemental derecho constitucional en Veracruz y los regresaron a ventilar sus problemas de manera interna en su natal Sayula de Alemán...

En términos de fondo político, ignoro a quién le atañe la razón: si a la alcaldesa solitaria o a los cinco ediles unidos en contra suya.

Me limito a narrar hechos, acciones que observo apegadas a derecho con la asesoría de un abogado experto.

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Hay un trasfondo sumamente delicado en Sayula, más allá del despido de cuatro funcionarios y la ruptura de chapas para entrar a oficinas cuyo responsables no asumieron el respeto por la figura presidencial, como debieron hacerlo...

Si no estaban de acuerdo con el accionar de la alcaldesa por razones de corrupción de su parte, debieron denunciarlo ante las instancias existentes para ello y renunciar.

El trasfondo es una lucha política ya ventilada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien encabezó una mesa de seguridad el viernes 19 de agosto en Acayucan y ante reporteros dijo que las fiscalías federal y estatal atienden denuncias sobre estos temas, las cuales respeta y no interviene...hasta el momento, entiendo.

El gobernador, como todos, desea un resultado apegado a derecho de parte de las fiscalías solicitadas en torno al caso Sayula de Alemán.

Denunció la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y denunció el ciudadano Erasmo Vázquez González.

De los resultados surgidos desde las oficinas procuradoras de justicia podrían surgir -o no- acciones de otras instancias de gobierno.

Ya veremos.

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Justo en casos de esta naturaleza ligada al Poder, aplica la sabia conseja de la prudencia, la templanza como ejercicios individuales y colectivos frente a la adversidad o delante del accionar del otro que no soy yo y por tanto piensa distinto a mí; probablemente con un deseo de hacerme daño, probablemente sin esa intención, lo cual me coloca ante la duda y ante la falta de certeza de todo hecho resulta mejor actuar positivamente, de buena fe. Ser positivo en pensamiento y acción protege al otro de un error mío y me protege a mí de mis propios errores y de los errores de quien está frente a mí. Ser negativo en pensamiento y acción garantiza el daño para todos...