Alejandro Ávila/Veracruz, Ver.- Diego Armando Castro López padre de Gerzon Hazael, joven agredido por presuntos elementos policiales el pasado 11 de diciembre del 2020 en Xalapa, hechos que derivaron en su muerte, exige justicia para dar con los responsables.

El padre señala que, a casi 2 años de los hechos existió una mala indagatoria en la carpeta de investigación FIM/F50/003/2022, por lo cual los presuntos responsables continúan sin identificar y su crimen está quedando impune.

Gerzon, de apenas 25 años, había salido la madrugada del 11 de diciembre de un evento artístico que había realizado en Plaza Xanat, para dirigirse a casa de su novia, quién a las 7 de la mañana del mismo día reportó a sus padres haberlo encontrado golpeado y tirado en la calle, a unos metros de su hogar en la colonia Tabasco de la ciudad de Xalapa; el joven fue trasladado al hospital y 4 días más tarde producto de la severa golpiza, perdió la vida.

"Actualmente seguimos en investigación inicial, la carpeta tuvo muchísimas deficiencias al inicio, no estabamos nosotros todavía asesorando a Don Diego, desgraciadamente se desvanecieron datos de prueba, por razones obvias no puedo dar datos precisos, para respetar la secrecía con la que contamos, pero sí hubo muchísima deficiencias, probablemente datos de prueba que ya no se puedan recuperar (...) no, identificados como tal, no, aparecieron testigos a raíz del cartel de recompensa, instamos a la ciudadanía a que si alguien presenció los hechos aportara datos de identificación, ya tenemos por ahí dos testigos que se han presentado", explicó Miguel Ángel Matos Blanco, asesor jurídico del afectado.

El abogado instó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a poner especial atención en el caso, y acusó qué en un inicio, cuándo se dieron los hechos, no quiso intervenir.

"Estuvo dormida la queja mucho tiempo, un año sin movimiento, actualmente ahorita está en la segunda visitaduría, exigimos también que se reconozca por la Comisión de los Derechos Humanos lo que es, qué es un crimen de estado, es una ejecución extrajudicial, y también le instamos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que reconozca por dignidad a la familia de la víctima esta situación. No nada más nos dé una recomendación por omisiones de la Fiscalía, sino que reconozca que fue una ejecución extrajudicial", agregó.

Finalmente, Don Diego Castro solicitó el apoyo del Gobierno del Estado para dar con los presuntos responsables de la muerte de su hijo, y que su asesinato no quede impune.

Alejandro Ávila/Boca del Río, Ver.- El próximo 29 de agosto es el último día de inscripción para que los mexicanos puedan recibir la vacuna anti COVID, Patria, informó el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El funcionario veracruzano destacó que esta es la última etapa previo a su probable aprobación a nivel internacional.

"El 29 de agosto se vence el plazo para inscribirse a los niveles de experimentación qué vamos a tener con la vacuna Patria en nuestro país. Recordarle a la población en el sitio vacunapatria.conacyt.mx, hasta el 29 se pueden inscribir para ser parte de este último momento de la creación de la vacuna", subrayó.

Manuel Huerta detalló que, las vacunas se aplicarán en los meses de octubre y noviembre, esperando qué para el mes de diciembre el prototipo de la vacuna mexicana Patria sea aprobado.

"El pueblo de México y el veracruzano son muy ejemplares, y hoy en la cuarta transformación están dando ejemplos todos los días de su capacidad para hacer que nuestro país avance", remató.

XALAPA, VER.- La Diputación Permanente de la LXVI Legislatura emitió un exhorto a los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a otorgar los apoyos presupuestales necesarios para el cumplimiento de sus funciones a los cuerpos de bomberos de sus respectivas demarcaciones.

Al celebrar la Tercera Sesión del Segundo Receso, las y los diputados aprobaron el Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en atención a quienes participan en la salvaguarda de la vida, los bienes y el entorno de la población veracruzana, derivado del anteproyecto presentado por el diputado Paul Martínez Marié en sesión del Pleno del Congreso, el 25 de mayo de 2022.

En dicho anteproyecto, el Diputado mencionado expresa que en la sociedad veracruzana existe un grupo de ciudadanos enfocados a una labor muy riesgosa, delicada y poco reconocida; personas que forman parte de los cuerpos de bomberos, con funciones multidisciplinarias, encargadas desde apagar incendios y prestar ayuda hasta realizar labores de rescate y protección en la comunidad durante accidentes o cualquier desastre natural o eventualidad, por lo que, con sus servicios, contribuyen a salvar vidas humanas y bienes.

De acuerdo con el proponente, en el estado de Veracruz, los cuerpos de bomberos enfrentan continuamente problemas económicos para su subsistencia, al grado de que muchas veces se ven en la necesidad de recurrir a colectas en la vía pública, con la finalidad de allegarse recursos. Asimismo, sus elementos no cuentan con derechos ni prestaciones laborales, además de la carencia de material, equipo de trabajo y unidades automotoras y, en ocasiones, tienen que pagar los recibos del agua que consume cada corporación.

El documento precisa que en el estado existen solo 18 cuerpos de bomberos registrados oficialmente, mismos que atienden a los más de ocho millones de veracruzanos y que, de acuerdo con dependencias federales y estatales del ramo, de 2004 a 2017, el número de incendios forestales incrementó de forma considerable en la entidad.

En tal razón, este Congreso exhorta a las autoridades municipales a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 72, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el que se establece como atribución de las y los tesoreros municipales etiquetar el presupuesto municipal con recursos para contribuir al sostenimiento de los cuerpos de bomberos que corresponda, según la regionalización y de acuerdo con la capacidad presupuestal de cada municipio.

Se señala, por último, que dichas corporaciones no son atendidas por los municipios como lo mandata la ley, lo cual afecta su participación no solo en el combate a los incendios forestales, sino también en cada llamado de auxilio, por lo que este Congreso estima necesario asegurarlas jurídica y económicamente.