Xalapa, Ver.- La diputada Dulce María García López presentó, ante el Pleno del Congreso del Estado, un anteproyecto que busca exhortar al presidente municipal de Xalapa a que -en el ejercicio de sus atribuciones- atienda la situación particular de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Populares (USOP), respecto al comercio en la vía pública.

En la sesión del Congreso local, la legisladora dijo que este anteproyecto es resultado de la petición formulada por el ciudadano Miguel Moctezuma en representación de la USOP, que manifiestan un gran descontento por la falta de respuesta a sus demandas por parte del presidente municipal de Xalapa.

En su intervención, destacó que la base constitucional del régimen del comerciante se encuentra establecida en el artículo 5 de la Constitución Federal, la cual señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos.

Subrayó que los comerciantes en la vía pública enfrentan una grave problemática y ésta debe atenderse, toda vez que estas actividades que desarrollan numerosos grupos de personas representa el único ingreso para mantener a sus familias y para otras es una oportunidad para salir adelante.

Indicó que las demandas de estos grupos son: respeto a la vida interna y a la autonomía de nuestras organizaciones; regularización de sus lugares de trabajo y cese a la represión y robo de mercancías que hacen los inspectores de comercio.

Así como la aceptación del pago por uso de la vía pública, como han venido haciendo con las anteriores administraciones municipales y la creación de una Contraloría Ciudadana que vigile y supervise que los recursos económicos que destina la Federación y el Estado, y los que genere el cobro de piso al comercio popular, se utilicen para dignificar la vida de los comerciantes populares dotándoles de infraestructura necesaria para el desempeño de sus labores.

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Xalapa, Ver.- La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, realizó un exhorto a los prestadores del servicio de agua potable y alcantarillado de todo el Estado de Veracruz, para que otorguen el descuento del 50 por ciento en las tarifas por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado a personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

En tribuna, la legisladora recordó que el 23 de noviembre de 2017 se publicó, en la Gaceta Oficial del Estado, la reforma a la Ley de Aguas del Estado, que establece que todas las personas con discapacidad podrán acceder al descuento, presentando un documento que lo acredite y deberá ser expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o la Secretaría de Salud de la entidad.

García Rojas indicó que el subsidio es obligatorio en los casos de jubilados, pensionados, adultos mayores de sesenta y cinco años debidamente acreditados con la credencial de elector vigente, así como a las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

En tal razón, exhorta a los 212 Ayuntamientos a fin de que hagan válido el subsidio, de lo contrario estarían incurriendo en responsabilidad por el incumplimiento de una obligación que les impone la Ley y en consecuencia se harán acreedores a sanciones conforme a derecho.

El anteproyecto se turnó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Xalapa, Ver.- El diputado Fernando Kuri Kuri, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma artículos de la Ley de Educación de la Entidad, con la finalidad de prohibir que se condicione la inscripción de alumnos al pago de cuotas voluntarias o donaciones escolares.

Para ello, propone que cada fin de curso se informe, tanto a directivos de escuelas públicas como privadas, cuánto dinero se recaudó y en qué se aplicó ese recurso de las donaciones y cuotas voluntarias.

Con ello se promoverá la transparencia y rendición de cuentas en escuelas públicas y privadas y será responsabilidad del director del plantel.

Asimismo se contempla que aquellos directivos que condicionen la inscripción de un o una estudiante, serán sancionados como lo establece la presente Ley, ya que la educación debe ser gratuita.

Señaló que los padres de familias pueden ayudar a mejorar las condiciones físicas de las escuelas, pero deben hacerlo a partir de su contribución voluntaria, en lugar de la cuota fija.

La iniciativa propone que en la Ley de Educación del Estado se armonice el concepto de seguridad humana, que se refiere a una política integral de desarrollo humano que permite identificar y responder a las vulnerabilidades, múltiples e interconectadas y a las amenazas críticas que afectan a los humano.

Para ello se buscará que los docentes promuevan los conocimientos de los derechos humanos y de la seguridad humana.

La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Educación y Cultura de y se sumaron la legisladora Eva Felicitas Cadena Sandoval, así como el diputado Zenyazen Roberto Escobar García, Vicente Guillermo Benítez González y Sergio Rodríguez Cortés.